Uttar Pradesh: la batalla legal de la comunidad tharu por los derechos sobre los bosques
El estado del norte de la India ha denegado de forma arbitraria los derechos a la tierra previstos por la Ley de Derechos Forestales de 2006 (FRA). El proceso judicial se encuentra en un punto muerto, pero el caso de la aldea de Kajaria reaviva el debate sobre la lentitud en la aplicación de las normativas y las promesas incumplidas a las poblaciones indígenas, para las cuales los bosques son una fuente de subsistencia y al mismo tiempo un elemento identitario.
Allahabad (AsiaNews) - La batalla de la comunidad tharu por el reconocimiento de sus derechos sobre los bosques de Uttar Pradesh ha vuelto a entrar en punto muerto. Después de años de apelaciones y aplazamientos, la petición presentada por los jefes de la aldea de Kajaria en el distrito de Lakhimpur Kheri sigue pendiente ante el Tribunal Superior de Allahabad. La audiencia prevista para el 13 de octubre no se celebró debido al cierre anticipado de la sesión, y la próxima fecha recién se fijará después de la fiesta india de Diwali, el 20 de octubre.
La apelación impugna el rechazo "arbitrario y mecánico" con el cual el Estado de Uttar Pradesh ha negado a la comunidad los derechos previstos por la Ley de Derechos Forestales (FRA) de 2006, una ley que reconoce y protege los derechos a la tierra y de subsistencia de los pueblos indígenas adivasi y de los habitantes tradicionales de los bosques. Los tharu son un pueblo indígena históricamente asentado en las zonas boscosas en la frontera entre la India y Nepal. Reconocidos oficialmente como Scheduled Tribe en 1967, los tharu de Uttar Pradesh viven desde hace generaciones en aldeas como Kajaria, donde el bosque constituye un recurso vital y al mismo tiempo es un elemento identitario. Documentos oficiales del gobierno de los años '70 y '80 atestiguan que la zona ha sido habitada establemente por la comunidad, y que la aldea obtuvo el estatus de revenue village, una pequeña unidad administrativa de la India establecida históricamente para la evaluación y la recaudación de impuestos sobre las tierras agrícolas, sin que esto excluyera los derechos de uso colectivo sobre los terrenos forestales.
El litigio comenzó en 2013 cuando la Gram Sabha de Kajaria (la asamblea de la aldea prevista por la FRA) aprobó las reivindicaciones de los tharu para el reconocimiento de sus Derechos Comunitarios sobre los Recursos Forestales, que incluyen la recolección de leña, el pastoreo de ganado y la recolección de materiales para uso doméstico. La documentación fue remitida al Sub-Divisional Level Committee (SDLC) y luego al District Level Committee (DLC), encargado de conceder formalmente los derechos comunitarios sobre las tierras y los recursos forestales.
Sin embargo las autoridades administrativas aplazan la decisión desde hace años planteando objeciones de carácter técnico e interpretaciones restrictivas de la ley. Recién en diciembre de 2020 la SDLC aprobó las reivindicaciones, remitiéndolas al nivel distrital. Tres meses después, en marzo de 2021, la DLC rechazó el expediente completo, con motivaciones idénticas a las que se habían utilizado para otras aldeas indígenas de la zona.
Los demandantes consideran que el rechazo se decidió sin consultar a la comunidad local, violando el procedimiento previsto por la ley. Afirman que la decisión se basó en argumentos "externos e irrelevantes", como el hecho de que la aldea recibiera beneficios de programas gubernamentales o que ya tuviera un estatus administrativo reconocido, factores que no inciden en el derecho al uso de los bosques que garantiza la FRA. La falta de concesión de los derechos no implica solo un problema burocrático: los tharu denuncian amenazas y acosos continuos por parte de las autoridades forestales, e incluso denuncias penales falsas cuando intentan ejercer actividades cotidianas como recoger leña o pastorear el ganado.
La falta de respuesta del Estado, que todavía no ha presentado su defensa a pesar de haber transcurrido más de un mes desde la audiencia anterior, pone de manifiesto las dificultades estructurales en la aplicación de la Ley de Derechos Forestales. A casi veinte años de su entrada en vigor, la ley sigue chocando con resistencias burocráticas y con la persistente tendencia de las autoridades forestales a considerar a las comunidades locales como "ocupantes ilegales" en vez de custodios de la tierra.
Organizaciones como Citizens for Justice and Peace (CJP) y la All India Union of Forest Working Peoples (AIUFWP) siguen casos similares desde hace años, y denuncian un modelo de exclusión que priva a las comunidades forestales de medios de subsistencia y autonomía. El caso de los tharu de Kajaria, a la espera de una nueva audiencia, se ha convertido en un símbolo de la brecha entre el reconocimiento formal de los derechos y su efectiva aplicación. La comunidad tiene la esperanza de que la Corte restablezca no solo la legalidad, sino también la promesa de justicia que el Parlamento indio consagró en 2006, cuando reconoció por primera vez que el bosque también pertenece a quienes lo habitan.
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