Visados para estudiantes: Bangkok toma medidas para combatir el tráfico y las actividades delictivas

de Steve Suwannarat

Según el Ministerio de Educación Superior, se estarían tramitando 10.000 cancelaciones, que podrían convertirse en expulsiones. La amplia difusión de los abusos para obtener permisos de residencia de larga duración se ha puesto de manifiesto con una oleada de detenciones, especialmente en las provincias de Chang Mai y Phuket. También se ha implicado a universidades privadas, que rechazan las acusaciones y señalan la corrupción de los funcionarios públicos.

Bangkok (AsiaNews) - El Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Investigación e Innovación de Tailandia ha anunciado la revisión de los visados de estudios concedidos hasta la fecha y actualmente válidos, considerados un instrumento para acceder de forma irregular a permisos de residencia de larga duración. Se está procediendo a la cancelación de al menos 10.000 visados, una medida que abre la posibilidad de expulsión si se demuestra la intención de utilizar el visado para residir y trabajar ilegalmente en el país.

La cuestión no es nueva: desde hace tiempo se debate en Tailandia entre la necesidad de seguir siendo un país abierto a quienes desean realizar investigaciones y estudios utilizando las instalaciones escolares, académicas y culturales locales, y las pruebas de abuso de los visados, que se asocian cada vez más con la aparición de actividades delictivas que se aprovechan de la connivencia, las lagunas en la normativa y, en ocasiones, la laxitud en la concesión de visados.

Prueba de ello es la oleada de detenciones de extranjeros en varias provincias, entre ellas Chaing Mai y Phuket, además de la zona metropolitana de Bangkok. En muchos casos se trata de personas acusadas o sorprendidas in fraganti mientras trabajaban en actividades gestionadas por tailandeses sin tener el permiso necesario y, en muchos otros casos, «reclutadas» para actividades ilícitas, que incluyen la «industria» de las estafas en línea, las apuestas ilegales y la trata de seres humanos. No sin connivencia o distracciones oportunas, ya que los «casos» detectados llevan años produciéndose y están aumentando, a pesar de la necesidad de que quienes solicitan o renuevan el visado sean evaluados por el Ministerio del Interior y la policía de inmigración.

Sin embargo, el problema habría crecido en magnitud, si es cierto que solo en la provincia de Chiangmai, de los 13.000 estudiantes presentes, al menos la mitad tendría un visado de estudios que no debería haberse expedido. Las razones se encuentran también en el aumento de la delincuencia, a menudo organizada o gestionada por ciudadanos o personas de origen chino, que explotan a los extranjeros «reclutándolos» contra su voluntad. Así lo demostró, entre otros, un reportaje de la cadena de televisión PBS que el pasado mes de abril denunció que, en las provincias del norte del país, fronterizas con Myanmar y Laos, los ciudadanos extranjeros pagaban hasta 50.000 baht cada uno (unos 1300 euros, nota del editor) para obtener un visado de estudios o prorrogar su validez. Esta situación ha sido confirmada por los mandos policiales, que han señalado a agencias sin escrúpulos.

Las instituciones que aceptan a los estudiantes también tienen su parte de responsabilidad; en particular, se habría visto implicadas a universidades privadas, que, sin embargo, niegan cualquier responsabilidad. Si bien es importante que las instituciones académicas que recogen las inscripciones presten más atención para evitar abusos, también se ha señalado que las autoridades de inmigración deberían intensificar y hacer más eficaces sus controles. Y, sobre todo, sería necesario abordar la corrupción arraigada en varios niveles y castigar a los responsables una vez identificados.