La nueva Constitución de Kirguistán

de Vladimir Rozanskij

Con las elecciones parlamentarias anticipadas del 30 de noviembre, el presidente Žaparov desea celebrar un referéndum para aprobar algunas modificaciones de la Carta, entre ellas la reintroducción de la pena de muerte para los delitos atroces contra mujeres y niños. La votación se llevará a cabo según las nuevas reglas, que establecen una cuota del 30 % de los escaños reservados a la representación femenina.

Biskek (AsiaNews) - El presidente de Kirguistán, Sadyr Žaparov, ha declarado su intención de restablecer la pena de muerte, como respuesta a los recientes crímenes atroces contra menores y mujeres, y la propuesta podría someterse a votación en un referéndum simultáneo a las elecciones parlamentarias anticipadas del 30 de noviembre, allanando el camino para una revisión completa de la Constitución. La decisión se ha inspirado en el trágico caso del asesinato de la menor Ajsuluu Mukaševa en Issyk-Kul, cuya investigación está bajo el control directo del presidente, según ha comunicado el portavoz Askat Alagozov.

Según la declaración, Žaparov habría dado instrucciones para preparar las modificaciones legislativas relativas a la nueva introducción de la pena de muerte por violencia y asesinato de mujeres y niños, casos que «no deben quedar impunes». Kirguistán está a la vanguardia en la concesión de representación política al mundo femenino, pero en el país sigue siendo muy alta la tasa de violencia contra las mujeres y los niños.

Estas situaciones contradictorias han llevado al presidente a seguir adelante con las propuestas de modificación y, lamentablemente, el asesinato de la joven de 17 años no es un caso aislado en los últimos tiempos. Las reacciones de la población, sobre todo a través de las redes sociales, presionan para que se apliquen medidas más severas a los culpables de estas situaciones, «sin ceder a las ilusiones humanitarias por parte del Estado», como afirma el politólogo Igor Šestjakov, director del centro de análisis Oj Orlo.

El asesinato de Ajsuluu tiene mucha más repercusión en la sociedad kirguisa que las propias elecciones parlamentarias, que deberían dar paso a una participación popular mucho más directa y sin fenómenos de corrupción y voto a cambio de favores. En el próximo parlamento se reserva una cuota mínima del 30 % para las mujeres, pero habrá que verificar la correspondencia de esta elección en el voto de los electores, teniendo en cuenta también que cada candidato deberá pagar de su propio bolsillo los impuestos para participar en las elecciones. Como comenta Šestjakov, «lo que importa no es tanto la presencia de mujeres capaces de sufragar los gastos, sino sobre todo la de personas de alto nivel profesional, con una visión adecuada de las necesidades del Estado, entonces la elección tendrá un sentido lógico».

En sus redes sociales, donde siempre está muy activo, Žaparov ha desmentido la opinión generalizada de que la autodisolución parlamentaria fue idea suya, «aunque los opositores piensen que solo es una preparación para las elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de un año... No, queridos compatriotas, no he presionado a ningún diputado». Afirma que si se presenta de nuevo como candidato a las presidenciales, tras haber sido elegido hace cinco años con el 80 % de los votos, «estoy bastante seguro de que superaré el 90 %, siento el apoyo del pueblo mucho más que antes», cerrando así las hipótesis de un traspaso de poderes al otro gran protagonista de la escena pública kirguisa, el jefe del Comité de Seguridad, Kamchybek Tašiev.

Las elecciones se celebrarán según las nuevas reglas, que entraron en vigor el pasado mes de junio, con treinta escaños plurinominales de los distritos territoriales, en cada uno de los cuales se elegirán tres diputados, uno de los cuales deberá ser obligatoriamente una mujer. Se prevé un parlamento muy orientado a las reformas propuestas por el presidente y su equipo de colaboradores cercanos, lo que reforzará la centralidad de la propia figura presidencial, relegando a un segundo plano incluso el papel del partido en el poder. Sin embargo, los candidatos no lo tienen fácil, ya que no solo deben cumplir todos los requisitos para registrarse, sino también llevar a cabo una campaña electoral sin poder beneficiarse de financiación fuera de las condiciones de control estatal. En las últimas elecciones políticas participó algo más del 30 % del electorado total, y ahora se espera un porcentaje mucho más significativo, y no solo por el impulso emocional de los dramas sociales.