20/02/2025, 16.21
INDONESIA
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Yakarta. La Autoridad anticorrupción arresta a la mano derecha de Megawati

de Mathias Hariyadi

Hasto Kristiyanto, un político católico, ha sido acusado de elegir un reemplazo para un diputado del PDIP que murió después de ser elegido. Sus partidarios señalan la responsabilidad del gobierno: una investigación por motivos políticos contra la única fuerza de oposición.

Yakarta (AsiaNews) – Un nuevo proceso judicial sacude la política indonesia: el secretario general del Partido Democrático de Lucha de Indonesia (PDIP), Hasto Kristiyanto, fue arrestado en Yakarta por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. El PDIP es el partido fundado y presidido por la ex presidenta de Indonesia Megawati Soekarnoputri, y es la única fuerza política actualmente en oposición a la coalición gobernante que apoya al presidente Prabowo Subianto. Hasto, un político católico, es considerado un colaborador leal de Megawati.

Kristiyanto ha sido acusado de intentar obstruir deliberadamente las investigaciones sobre la presunta corrupción relacionada con el nombramiento de Harun Masiku como miembro de la Cámara de Representantes para el período 2019-2024. Masiku, que sigue prófugo, sustituyó en 2019 a otro diputado del PDIP que murió poco después de las elecciones. En aquel momento el partido de Megawati apoyaba al entonces presidente Joko Widodo.

Hasto Kristiyanto, quien ya había respondido a una citación de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción para ser interrogado en relación con este caso, dijo que estaba mental y físicamente preparado en caso de arresto. Expresó su confianza en la Justicia indonesia y pidió “que se aplique la ley sin discriminación” en su caso. “No ocupo ningún cargo público y no hubo ningún daño económico para el Estado en el caso por el que se me acusa”, se defendió.

El PDIP también ha negado reiteradamente que hubiera actuado de mala fe y afirmó que la investigación tiene motivaciones políticas, una acusación que fue rechazada por el jefe de la Agencia Anticorrupción. Por su parte, el gobierno indonesio dijo que respetaba la decisión de la autoridad anticorrupción, que “opera como una institución independiente de aplicación de la ley”.

 

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