«70.000 personas reclutadas a la fuerza por el ejército birmano. Entre ellas, también menores».
Para el Consejo de Abogados de Myanmar, el reclutamiento viola los derechos humanos: «Crimen contra la humanidad». Promulgada por la junta en 2024, la controvertida ley fue seguida de una agresiva campaña con prácticas coercitivas y extorsiones. Combatiente revolucionario de Sagaing: «De 200 soldados, 50 son auténticos». Aumenta la corrupción en las instituciones por ventajas económicas.
Yangon (AsiaNews) - La junta golpista de Myanmar, a través de su controvertida ley sobre el servicio militar nacional, ha reclutado por la fuerza a unos 70.000 nuevos soldados, según una declaración emitida estos días por el Consejo de Abogados. La ley, promulgada sin ninguna legitimidad, ha dado lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos, entre ellas el reclutamiento de menores y la erosión del derecho a la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas.
Redactada originalmente en 2010 bajo el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC), pero nunca promulgada, la ley sobre el servicio militar fue activada por la junta el 10 de febrero de 2024. Desde abril de 2024, la junta ha llevado a cabo 14 rondas de reclutamiento, reclutando a unas 5000 personas por ronda, lo que supone un total estimado de 70.000. El Consejo de Abogados de Myanmar informa de que entre estos reclutas hay menores de edad, lo que suscita preocupación por el empleo de niños soldados, una práctica que viola el derecho internacional.
La agresiva campaña de reclutamiento de la junta ha incluido prácticas coercitivas, como loterías en las aldeas, reclutamientos forzados y extorsiones. A menudo se exige a los civiles que paguen sobornos para evitar el reclutamiento o para conseguir la liberación de los reclutas detenidos. En particular, los hijos de los altos funcionarios de la junta estarían exentos de estas operaciones de reclutamiento, lo que pone de manifiesto una desigualdad sistémica.
Un combatiente revolucionario de la región de Sagaing, identificado como el camarada Rahu, declaró a la Agencia de Prensa de Myanmar (MPA): «Hasta ahora hemos visto 13 turnos. En sus columnas militares, de 200 soldados, quizá 50 sean soldados de verdad y el resto sean reclutas con poco entrenamiento. No tienen capacidad de combate ni moral porque han sido reclutados a la fuerza. Cuando disparamos algunos tiros, entran en pánico y se dispersan». «No les tenemos miedo, pero algunos acaban siendo leales a la junta», continuó el compañero Rahu.
Según los combatientes revolucionarios sobre el terreno, la estrategia de la junta suele consistir en ataques aéreos y con drones seguidos de asaltos terrestres dirigidos por reclutas. Esta táctica ha intensificado el sufrimiento de la población civil y las prácticas de reclutamiento forzoso han socavado aún más los derechos del pueblo de Myanmar, en particular los de los niños y las niñas.
La corrupción también ha aumentado, con denuncias de funcionarios de la junta que se aprovechan del proceso de reclutamiento para obtener beneficios, sobre todo económicos. Una mujer de 50 años de Hlaingthaya Township, Yangon, contó a la MPA: «Conozco a una persona cuyo marido dejó la policía para convertirse en administrador en la región de Ayeyarwady. Cobró las «cuotas de reclutamiento» a las personas y vivió lujosamente gracias a sus lágrimas. Rompí toda relación con él por este motivo».
El Consejo de Abogados de Myanmar declara que la ley de reclutamiento, promulgada sin autoridad legítima, viola el derecho vigente y constituye un crimen contra la humanidad. Las personas reclutadas por la fuerza y sus familias se consideran víctimas, y la aplicación de la ley es una acción ilegal y opresiva.
La crisis provocada por el servicio militar obligatorio ha empujado a muchos jóvenes de Myanmar a huir al extranjero, en particular a Tailandia, en busca de seguridad. Nicolas, un trabajador humanitario migrante en Tailandia, comentó: «Los jóvenes que cruzan la frontera con Tailandia debido al reclutamiento son un problema real y creciente. En Tailandia, algunas autoridades también se dedican a la extorsión, atacando a los trabajadores de Myanmar para obtener dinero. Estos jóvenes corren un grave peligro, se enfrentan a barreras lingüísticas y a la explotación en los países vecinos, con pocas posibilidades de protección».
El Consejo de Abogados de Myanmar ha pedido que se tomen medidas internacionales para hacer frente a las prácticas ilegales de reclutamiento de la junta militar golpista y reconocer la responsabilidad de los autores de estas violaciones de los derechos humanos. Con el agravamiento de esta enésima crisis, los jóvenes de Myanmar se enfrentan a amenazas cada vez mayores para su seguridad y su futuro.
03/07/2018 13:52
