25/08/2017, 14.21
MYANMAR
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Kofi Annan presenta el Informe sobre los Rohinyás. Ejército: Tiene ‘defectos y lagunas’

La “Rakhine State Advisory Commission and party” conducida por Kofi Annan solicita el progreso social, la ciudadanía, reclama seguridad y pide el cierre de los campos de refugiados, entre los puntos principales. Los grupos que defienden los derechos humanos acogen favorablemente el documento. Aung San Suu Kyi había prometido respetar los resultados que arrojase el reporte. El gen. Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas: “Sugerimos volver a examinar los puntos cuestionados, detectar y aportar modificaciones en caso de que haya errores y conductas desleales”. 

Yangon (AsiaNews/Agencias) – A un año de haberse instituido la “Rakhine State Advisory Commission”, en el día de ayer, Kofi Annan presentó el reporte final de la Comisión abocada a investigar los hechos de violencia y discriminación perpetrados contra la minoría musulmana de los Rohinyás. Si bien el documento ha sido recibido favorablemente por los activistas que defienden los derechos humanos, el ejército critica los resultados de la investigación.

“El informe sobre Rakhine contiene algunos defectos y lagunas”, ha afirmado el gen. Min Aung Hlaing, comandante en jefe de las fuerzas armadas del Myanmar, en un comunicado difundido hoy, al término de una reunión oficial con Kofi Annan, llevada a cabo esta mañana en Yangon.  

El Estado del Rakhine, situado en el oeste, es uno de los más pobres del país, y hace tiempo que se ha convertido en un polvorín de sectarismo. Myanmar, una nación donde la mayoría de la población es budista, ha tenido que hacer frente a una creciente condena internacional debido al trato reservado a los Rohinyás, quienes son considerados inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. Tras haber tomado contacto con el reporte publicado ayer por la Comisión, el general declara: “Los informes escritos debieran ser corregidos y carecer de defectos. Sugerimos volver a examinar los puntos discutidos, individualizar y aportar las modificaciones, en caso de que haya errores de hecho y actitudes desleales”.

El año pasado, Kofi Annan, ex secretario de las Naciones Unidas, recibió de la consejera del Estado birmano, Aung San Suu Kyi el encargo de conducir la “Rakhine State Advisory Commission”, con el objetivo de analizar y hallar una solución a las divisiones que han enardecido la región. Durante 12 meses, se llevaron a cabo coloquios en Rakhine, Yangon, Bangladesh, en Indonesia y en Ginebra.  

 

En su exposición, la Comisión aconseja al gobierno de Myanmar conseguir el progreso social, impulsando las inversiones y garantizando los servicios básicos en Rakhine. Los puntos principales incluyen la verificación de la ciudadanía de los Rohinyás, la emisión de credenciales para el registro de dichas personas, la reducción de las tensiones y el compromiso por una reconciliación a través de coloquios bilaterales entre las comunidades. El documento también cita la necesidad de atender la seguridad en las fronteras, de una cooperación bilateral con Bangladesh y de actividades de lucha contra la droga. Otro aspecto resaltado es la invitación al cierre de los campos de refugiados, que desde que se desató la violencia del 2012 hospedan a unas 120.000 personas en condiciones de extrema necesidad.  

Los grupos que se dedican a la defensa de los derechos humanos han recibido el informe favorablemente, considerándolo como una piedra fundamental para las reivindicaciones de la comunidad de los Rohinyás, puesto que el gobierno de Aung San Suu Kyi había prometido oportunamente que respetaría los resultados arrojados por el mismo. La administración se había negado a aceptar cualquier comisión de investigación liderada por la ONU, institución a la cual los birmanos miran con malos ojos. Para dicha tarea, la “Señora” declaró que sólo depositaría su confianza en la persona de Kofi Annan exclusivamente, rechazando duramente las acusaciones de “limpieza étnica” lanzadas por numerosos reportes internacionales.

La tarea de la comisión se tornó tanto más urgente cuando el ejército birmano se lanzó a una sangrienta represión en el norte de Rakhine, tras los ataques mortales en algunos puestos de la policía de fronteras por parte de un grupo militante Rohinyá en el pasado mes de octubre. Desde entonces, más de 87.000 Rohinyás han huido a Bangladesh, relatando los homicidios, las violaciones en masa y la quema de pueblos.  

Los expertos afirman que los resultados de la Comisión presionan al gobierno de Aung San Suu Kyi. Sin embargo, la consejera de Estado debe hacer frente a la férrea oposición de los nacionalistas budistas, que exigen la expulsión de los Rohinyás. Por otro lado, es bastante poco el control que Suu Kyi puede ejercer sobre las fuerzas armadas, siendo que este órgano es el poder dominante en Myanmar. 

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