Aceh: las inundaciones son una catástrofe, pero el gobierno retrasa la declaración de «desastre nacional»
Las inundaciones cumplen todos los criterios para ser consideradas una catástrofe: millones de personas afectadas, daños significativos a la propiedad y las infraestructuras y capacidad local insuficiente. Pero el ejecutivo central suspende la decisión. La declaración no es solo una cuestión formal, sino que responde a criterios preestablecidos. El gobierno provincial de Aceh evalúa la solicitud de ayuda a la ONU.
Banda Aceh (AsiaNews) - Cientos de zonas afectadas y muertos, miles de heridos, cientos de miles de desplazados: las devastadoras inundaciones en Indonesia han alcanzado dimensiones comparables a la tragedia del tsunami de diciembre de 2004 que afectó a parte del continente asiático. En la provincia de Aceh, el balance de daños y víctimas se actualiza continuamente, mientras que el gobierno tarda en declarar el estado de «desastre nacional». Una medida, explica un experto en derecho, que no es solo una cuestión formal, una «etiqueta administrativa», sino que se convierte en esencial para responder a la emergencia y asignar las ayudas.
Mientras tanto, para hacer frente a una emergencia que ha pasado de ser medioambiental a humanitaria, el gobierno provincial de Aceh está evaluando la posibilidad de solicitar ayuda a las agencias de las Naciones Unidas para ayudar a los supervivientes en Sumatra. Una decisión que podría resultar necesaria, también teniendo en cuenta los retrasos de las autoridades centrales en Yakarta. Ayer se registraron los primeros contactos con las agencias de la ONU, empezando por UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que entre los familiares de las víctimas y los sobrevivientes crece la sensación de frustración. Según algunas estimaciones, hasta 3,2 millones de personas se han visto afectadas, con inundaciones generalizadas que han arrasado comunidades enteras y dañado infraestructuras críticas. Observadores y expertos afirman que la declaración nacional formal de desastre permitiría a Indonesia recibir asistencia internacional directa y mejorar la coordinación de las operaciones humanitarias a gran escala.
A continuación, el análisis del desastre y sus implicaciones legales elaborado por un jurista indonesio para AsiaNews:
Las inundaciones en Aceh han causado daños considerables y han afectado al mismo tiempo a un número significativo de personas. Según los datos oficiales proporcionados por el gobierno de Aceh, se han visto afectados 225 subdistritos y 3678 aldeas, lo que ha repercutido en casi dos millones de residentes. Las infraestructuras públicas han sufrido graves daños: escuelas, centros de salud comunitarios, oficinas gubernamentales y lugares de culto han quedado inutilizables. Cientos de carreteras y puentes han resultado dañados, mientras que las pérdidas materiales incluyen 164.906 viviendas, 186.868 cabezas de ganado, 89 286 hectáreas de arrozales, 14.725 hectáreas de huertos y 40.328 hectáreas de criaderos de peces. El número de víctimas también es considerable, con 419 muertos, 32 desaparecidos, 3845 heridos leves, 479 heridos graves y 484.944 desplazados. Estas cifras indican un desastre que supera claramente la capacidad de las autoridades locales para gestionarlo de forma independiente.
La Ley indonesia n.º 24 de 2007 sobre gestión de catástrofes establece los criterios para declarar una catástrofe nacional: impacto generalizado, víctimas y pérdidas materiales significativas, capacidad local insuficiente y necesidad de asistencia central. En el caso de las inundaciones de Aceh, se cumplen todos estos criterios. Los presupuestos provinciales y distritales son insuficientes para financiar los esfuerzos de reconstrucción, lo que hace necesaria una intervención a escala nacional.
A pesar de que se cumplen los criterios objetivos, las autoridades gubernamentales aún no han declarado el estado de catástrofe nacional. Las solicitudes formales de los gobernadores o jefes de distrito, las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) y las evaluaciones ministeriales deberían constituir la base para una decisión oficial. Sin embargo, hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión, lo que deja la coordinación y la distribución de la ayuda a discreción de las autoridades provinciales.
Declarar el estado de calamidad nacional es más que una etiqueta de carácter administrativo. Esta decisión determina la asignación de fondos del tesoro nacional, la coordinación entre los distintos ministerios y el acceso a la ayuda internacional. El impacto de las inundaciones en Aceh afecta a varios distritos y sectores, lo que hace lógica y urgente una respuesta a nivel nacional.
La brecha entre la realidad sobre el terreno y el proceso de toma de decisiones políticas plantea serias dudas sobre la capacidad de respuesta de la burocracia nacional ante las pruebas concretas. Aunque el gobierno subraya la importancia de la preparación y la respuesta rápida, en este caso no se ha emitido el estatus formal que permitiría una asignación eficaz de los recursos. No se trata de dramatizar, sino de una clara discrepancia entre los datos objetivos y la acción administrativa.
Las inundaciones de Aceh también ponen de manifiesto las vulnerabilidades estructurales de la gestión de catástrofes en el país. Las víctimas se enfrentan a dificultades logísticas, servicios sanitarios limitados e interrupciones en la educación. La ausencia del estado de calamidad nacional retrasa la distribución de la ayuda, complica la coordinación entre organismos y limita los recursos disponibles. Los mecanismos jurídicos ya están en marcha: la Ley n.º 24 de 2007 sobre gestión de catástrofes y las directrices de la BNPB describen claramente las medidas que deben adoptarse cuando se cumplen los criterios.
En conclusión, las inundaciones de Aceh cumplen de hecho todos los criterios para ser consideradas una catástrofe nacional: millones de personas afectadas, daños significativos a la propiedad y las infraestructuras y capacidad local insuficiente. El único elemento pendiente es una decisión formal por parte del gobierno central. Declarar el estado de calamidad nacional no es una cuestión de opinión, sino de cumplimiento de criterios preestablecidos y de la necesidad de una respuesta nacional coordinada.
La pregunta es sencilla: si los criterios son claros, las víctimas son reales y las pérdidas son cuantificables, ¿qué más se necesita para declarar el estado de calamidad nacional? Los datos objetivos deben ser la base del proceso de toma de decisiones, no los prolongados retrasos administrativos. La falta de adopción de medidas oportunas deja a millones de residentes sufriendo las consecuencias en un futuro próximo, no solo números sobre el papel. En otras palabras, el reconocimiento formal no es solo una cuestión administrativa, sino una acción concreta para garantizar una respuesta eficaz y salvar vidas. Las inundaciones de Aceh requieren una decisión inmediata, que no puede posponerse.
(Con la colaboración de Mathias Hariyadi)
*Analista y académico experto en políticas públicas, antiguo alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Syiah Kuala (Usk) de Banda Aceh.
