Cachemira: un año después del atentado, se confiscan 58 escuelas vinculadas a Jamaat-e-Islami

de Maria Casadei

La medida, adoptada a pocos días del aniversario de la masacre de Pahalgam, afecta a centros gestionados por la organización islamista prohibida en 2019. La medida se inscribe en la estrategia de seguridad más amplia puesta en marcha por Delhi tras la revocación de la autonomía de Jammu y Cachemira, pero suscita críticas por las posibles repercusiones en el sistema educativo y por las violaciones de los derechos de las minorías.

Nueva Delhi (AsiaNews) – Un año después del atentado de Pahalgam, en Cachemira, en el que murieron 28 civiles indios, el gobierno local bajo administración india ha confiscado 58 colegios privados sospechosos de estar afiliados a la organización Jamaat-e-Islami, que la India declaró ilegal en 2019. Algunos vídeos sin verificar en las redes sociales muestran a agentes de policía armados entrando en los centros educativos del norte de Cachemira, expulsando al personal y prohibiendo cualquier grabación de la operación.

La decisión, tomada el 18 de abril, se produjo pocos días antes del aniversario del atentado, que se cumple hoy, 22 de abril. Hace un año, hombres armados abrieron fuego contra turistas indios. Pocos días después, Delhi, que acusa a Pakistán de seguir alimentando el extremismo islámico (acusación que Islamabad niega), lanzó la Operación Sindoor, dando inicio a una breve guerra. Al mismo tiempo, la India ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar las redes consideradas cercanas a las organizaciones extremistas.

Ya en agosto, el Gobierno había ordenado la confiscación de más de 200 escuelas en el estado, también sospechosas de tener vínculos con la organización. Con esta última operación, el número de centros educativos que han pasado a estar bajo control estatal asciende a unos 300, una cifra que preocupa a los observadores por las posibles implicaciones para el sistema escolar de la región.

Fundada en 1948, tras la partición de la India, la Jamaat-e-Islami es una organización sociorreligiosa activa a nivel panindio en diversos ámbitos, entre ellos la educación, las actividades sociales y la política, con el objetivo de promover los principios del islam. Sin embargo, mientras que algunas de sus ramas —como la Jamaat-e-Islami Hind, con sede en Delhi— operan legalmente, la rama activa en Jammu y Cachemira ha sido acusada de alimentar sentimientos antiindios, apoyar la independencia de la región y mantener vínculos con grupos terroristas, acusaciones que llevaron a su proscripción en 2019 en virtud de la ley india contra el terrorismo, la Ley de Prevención de Actividades Ilegales.

Desde entonces, Jamaat ha intentado sin éxito conseguir la revocación de la prohibición, creando una comisión interna para negociar con el Gobierno. En 2024, el Gobierno central liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) intentó «reintegrar» al grupo en la vida política, permitiendo que algunos líderes y activistas del grupo se presentaran como candidatos a las elecciones legislativas, a pesar de la prohibición prevista por la ley antiterrorista. En esa ocasión, algunos antiguos miembros de Jamaat fundaron un nuevo partido político, el Frente de Justicia y Desarrollo (JDF), que, sin embargo, no obtuvo ningún escaño. El año pasado, el líder del partido político Conferencia Popular, Sajad Lone, forjó una alianza con el JDF, apostando por el restablecimiento del estatus especial para Jammu y Cachemira y por nuevas elecciones legislativas en el territorio.

De hecho, en 2019, el Parlamento indio votó también la derogación del artículo 370 de la Constitución y la promulgación de la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira, dos leyes que modificaron radicalmente la estructura del territorio. El estatus especial de Cachemira, que garantizaba cierta autonomía, fue abolido y el territorio se dividió en dos, Jammu y Cachemira, administrados directamente por el Gobierno central. A raíz de estos cambios, la región y las instituciones educativas pasaron a estar bajo el control del Ministerio del Interior.

Antes de ser declarada ilegal, la Jamaat-e-Islami gestionaba una red de unas 350 escuelas en la región a través de su rama educativa, el Falah-a-Aam Trust (FAT), que atendía a unos 100.000 estudiantes, especialmente en las zonas rurales.

En los últimos años, las autoridades indias han denegado la autorización a varias escuelas, alegando que disponían de información de los servicios de inteligencia según la cual algunos miembros del órgano de gestión tendrían vínculos con la organización terrorista. El FAT siempre se ha declarado un organismo apolítico, cuyo objetivo es «proporcionar educación a todos los estudiantes sin discriminación».

Según algunos activistas de derechos humanos y parte de la opinión pública, muchas de estas escuelas, que llevan décadas en funcionamiento y a las que acuden miles de estudiantes, desempeñaban un papel fundamental en la región. Muchos en Cachemira acusan al Gobierno de abuso de poder y de violación de los derechos fundamentales: el artículo 30 de la Constitución india, de hecho, garantizaría a las minorías religiosas y lingüísticas el derecho a crear y gestionar centros educativos de su elección.