Cinco años de cárcel para quienes protestan por los kazajos perseguidos en China

de Vladimir Rozanskij

Se imponen penas por «incitación al odio racial» a 19 activistas del movimiento Atažurt, que lucha en favor de los familiares detenidos junto con los uigures en los «campos de reeducación» de Xinjiang. Inicialmente juzgados por infringir la normativa sobre manifestaciones, el delito se agravó tras una nota del consulado de la República Popular China en Almaty en la que se hablaba de «provocación abierta».

Astana (AsiaNews) - El tribunal de Taldykorgan, en Kazajistán, en la región meridional de Almaty, ha declarado culpables a 19 personas de «incitación al odio racial», a raíz de las protestas en las que se exigía el cese de la persecución de los kazajos en Xinjiang, quemando banderas de China y retratos del presidente Xi Jinping. Casi todos los condenados son miembros del movimiento Atažurt y sus simpatizantes, a quienes se les han impuesto penas de cinco años de prisión o arresto domiciliario.

Entre los que han recibido la pena de prisión se encuentra la líder del movimiento, Bekzata Maksutkhana, que se había hecho muy conocida por la documentación que difundió sobre la discriminación de los kazajos, los uigures y otras etnias turánicas en Xinjiang. Junto con otros miembros de Atažurt, ha recopilado testimonios sobre la detención de familiares en los «campos de reeducación» chinos, una red de centros cerrados en los que se recurre a la tortura, la violencia sexual y la explotación de las personas, a las que también se obliga a la esterilización.

Un testimonio directo de estos hechos es el de Tursynbek Kabi, exdetenido de uno de estos campos chinos que logró regresar a Kazajistán, donde relató las violencias y los ultrajes sufridos, y que ahora se verá obligado a vivir en libertad vigilada. También se han impuesto cinco años de pena a Guldarija Šerizat, esposa de un ciudadano nativo de Xinjiang, Alimnur Turganbaj, quien el año pasado fue detenida en China al regresar de Kazajistán por «no estar en regla con los documentos de su nueva ciudadanía», según la policía fronteriza china, a pesar de que llevaba ya 10 años residiendo en la patria histórica de la familia. Guldarija pide volver a casa. Ahora cumplirá su condena bajo arresto domiciliario, al tener hijos menores de edad, y la misma suerte correrá Gulnar Šajmurat, también madre de cinco hijos, el menor de tan solo 4 años.

No podrán evitar los 5 años de prisión los activistas de Atažurt, Erkinbek Nurakyn, Erbol Nurlybaev y sus simpatizantes Margulan Nurdankazy, Kuandyk Kosžanov, Bakytžan Šugyl, Ergali Nurlybaev y también Batylbek Bajkazy, que no tenía ninguna relación con el grupo, pero se vio involucrado en la manifestación. Se han impuesto otras condenas similares o menores a varios activistas más, entre ellos Nazigul Maksutkhana, hermana menor de la líder Bekzata. Muchos de ellos han impugnado abiertamente la sentencia; las mujeres lloraban y gritaban, y una de ellas se sintió mal y fue ingresada en el hospital.

La fiscalía había presentado los cargos por violación de la normativa sobre manifestaciones, pero el juez agravó los motivos de culpabilidad. Frente al tribunal y en su interior se desplegaron equipos de las fuerzas especiales. La manifestación prohibida se había celebrado el 13 de noviembre de 2025, y los cargos penales se presentaron tras la intervención del consulado de China en Almaty, tal y como recuerdan los activistas, mediante el envío de una nota en la que se solicitaba «tomar medidas para investigar seriamente el incidente» y que calificaba el suceso como «una provocación abierta contra la dignidad nacional de China y un ultraje a la imagen del Partido Comunista Chino y de su líder».

El juicio comenzó en enero a puerta cerrada, y los abogados de los activistas sostenían que no se había cometido ningún delito punible, ya que incluso la quema de las imágenes del líder chino no era más que «una expresión de desacuerdo con las políticas de Pekín», y no un ultraje contra los chinos como grupo étnico. Las organizaciones internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch calificaron estas audiencias de «juicio político» y pidieron la liberación de los 19 presos, un llamamiento al que se sumó también un miembro del Congreso estadounidense, James McGovern, pero sin que las autoridades de Kazajistán dieran ninguna respuesta.