Colombo. El precio regulado desata la guerra del arroz y alimenta el mercado negro

de Arundathie Abeysinghe

La imposición de un tope al precio de venta al público del cereal ha provocado inestabilidad económica y escasez de suministro. Las sucesivas intervenciones de los gobiernos no han desactivado la crisis. Incluso la Autoridad de Protección al Consumidor denuncia dificultades en los controles y resultados a menudo limitados.

Colombo (AsiaNews) - La imposición de un tope a los precios de venta al público del arroz, un alimento básico en Sri Lanka, ha provocado una compleja inestabilidad económica caracterizada por distorsiones del mercado, escasez de suministro y consecuencias sociales indeseadas. El cereal proporciona el 45% de las calorías que consume el ciudadano promedio y representa el 34% de la superficie cultivada total del país. Con un consumo per cápita anual superior a los 181 kg, la isla ocupa el octavo lugar en el ranking mundial en términos de consumo diario. Además, los más afectados por el control de precios del arroz son los más pobres, mientras que el resultado inmediato de un control de precios ha sido la creación de una escasez artificial y ficticia en todo el país. Por si fuera poco, la progresiva reducción de los canales de distribución oficiales ha llevado, inevitablemente, a una expansión del “mercado negro” para cubrir las carencias.

Dado que la accesibilidad económica del arroz es una cuestión delicada y sensible incluso a nivel político, los sucesivos gobiernos han intervenido en el mercado a través de mecanismos de control de precios. En diciembre de 2024 el gobierno, a través de la Autoridad de Protección al Consumidor (CAA), impuso precios máximos de venta al público para algunas variedades de arroz, fijando el costo de la variedad “Nadu” (muy popular en las clases bajas y medio-bajas) en 230 rupias por kg (equivalente a 0,64 euros); de la variedad “Samba” en 240 rupias por kg (0,67 euros); y de la variedad “Keeri Samba” en 260 rupias por kg (0,73 euros). El propósito de la medida era proteger a los consumidores de los picos de precios durante un período de escasez percibida y el posible acaparamiento por parte de los molinos.

Los economistas Kalindu Alwis y Nilmini Mendis explican a AsiaNews que “la imposición de precios máximos al por menor ha provocado una compleja inestabilidad económica debido a distorsiones del mercado, escasez de suministro y consecuencias sociales indeseadas”. “Aunque el control de precios se impuso para proteger a los consumidores, los límites máximos -prosiguen- han producido efectos negativos, entre ellos la proliferación del mercado negro y una reducción del acceso a los alimentos para las poblaciones vulnerables”. Por eso los dos expertos consideran que “es necesario ir más allá del control de precios e implementar reformas orientadas al mercado e inversiones en la productividad agrícola para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo”.

“La imposición del control de precios se remonta a varias décadas con la intervención del gobierno en el mercado del arroz” prosiguen Kalindu y Nilmini, pero eso no ha servido para producir “resultados tangibles” en el caso de los costos regulados “durante los períodos de volatilidad de precios o crisis percibida”. Además, el mercado del cereal en la isla “está colapsando bajo el peso de políticas gubernamentales contradictorias. Dado que los mercados oficiales no están en condiciones de operar a precios controlados, los que están dispuestos a pagar precios más altos buscan fuentes alternativas. Mientras tanto, los proveedores dispuestos a arriesgarse a sanciones por violar los controles de precios -afirman- pueden obtener ganancias sustanciales en los mercados negros. Esto al final perjudica a los consumidores”.

Según Herath Banda Mudiyanse (67 años), Wijepala Appuhamy (65) y Chaminda Ratnayaka (56), molineros de Polonnaruwa (en la Provincia del Noroeste, la principal zona de procesamiento), “en los últimos años hemos tenido que afrontar graves presiones financieras debido al sistema de control de precios, ya que los costos de producción superaban los precios de venta obligatorios; muchos molineros se vieron obligados a suspender sus actividades o a reducir significativamente la producción”. “Esto -prosiguen- provocó interrupciones en la cadena de suministro que se extendieron de los agricultores a los consumidores, ya que los molineros redujeron las compras de arroz a los agricultores y limitaron las ventas diarias para que las existencias duraran hasta la próxima temporada cosecha”. Esta situación ha sido especialmente difícil, subrayan, para los pequeños productores que no disponen de “instalaciones de almacenamiento adecuadas con clima controlado” y “agotan completamente las existencias antes de la siguiente cosecha”. “Aunque el control de precios tiene como objetivo proteger a los consumidores de las prácticas monopólicas, a menudo -advierten- refuerza la posición de mercado de los grandes productores que pueden soportar pérdidas temporales y aprovechar la reducción de la competencia”.

Altos funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor (CAA) consideran que una “aplicación efectiva de los controles de precios requiere una notable capacidad institucional para monitorear a miles de minoristas en todo el país, realizar redadas y perseguir a los infractores”. Es un proceso que requiere muchos recursos, que debe asignar la propia autoridad, pero que a menudo “produce resultados limitados, porque algunos minoristas respetan los controles mientras que otros los ignoran, lo que lleva -concluye la nota- a la fragmentación del mercado y a un acceso desigual”.