Cuatro años después del regreso de los talibanes, Pakistán quiere expulsar a los refugiados afganos

Islamabad ha reanudado las repatriaciones forzadas, fijando el 1 de septiembre como fecha límite para salir de su territorio a 1,4 millones de afganos. La decisión se tomó a pesar del desastre humanitario en su país de origen, donde, según un reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU., los talibanes imponen un “sistema institucionalizado de represión”.

Islamabad/Kabul (AsiaNews) - A cuatro años del regreso al poder de los talibanes, la situación humanitaria de los afganos, incluidos los refugiados que se encuentran en Pakistán, sigue deteriorándose. La semana pasada Islamabad fijó el 1 de septiembre como fecha límite para la salida de 1,4 millones de afganos, algunos de los cuales tienen permisos de residencia. El programa de repatriación forzada se había aprobado en octubre de 2023, pero fue suspendido oficialmente a mediados de 2024 debido a la presión internacional. Pero recientemente Pakistán ha restablecido las relaciones diplomáticas con Afganistán y en junio envió a su embajador a Kabul.

Según funcionarios paquistaníes citados por Nikkei Asia las relaciones con Afganistán siguen siendo positivas y los ciudadanos afganos son bienvenidos si solicitan visas y residen legalmente en el país, "pero no como refugiados". Analistas como Fakhar Kakakhel explicaron que "el régimen ha dejado claro que la guerra terminó y ha llegado el momento de que construyan su propia patria". Un funcionario paquistaní agregó, de forma anónima, que Pakistán ha acogido a refugiados afganos durante más de 40 años y ha llegado el momento de que se vayan.

Las razones detrás de esta medida estricta serían múltiples. Según la analista Noreen Naseer, está aumentando la preocupación por la seguridad en las zonas del noroeste del país que limitan con Afganistán, que son escenario de un número cada vez mayor de atentados terroristas. Otra razón sería una "falta de agradecimiento" de los refugiados afganos por la ayuda que les ha ofrecido Pakistán a lo largo de los años. La decisión de Islamabad también está influida por la postura de Irán, que recientemente expulsó a miles de refugiados, lo que llevó a Pakistán a reanudar la misma práctica. Los analistas han señalado que la indiferencia occidental también contribuye a la crisis.

Pero la situación en Afganistán sigue siendo dramática desde el punto de vista humanitario, como describe un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se habla de un "desprecio generalizado por el estado de derecho y de impunidad oficial" ante los abusos. Reitera también el "deterioro significativo" de los derechos de las mujeres, que han sido "completamente eliminadas de los espacios públicos". Se ha restringido la libertad de movimiento de las mujeres y se les ha prohibido la educación secundaria. Las mujeres también enfrentan obstáculos en Afganistán para la atención médica: por lo general no se permite que los médicos varones las atiendan, las pacientes deben ir acompañadas por un tutor masculino y el número de trabajadoras sanitarias cualificadas está en constante disminución debido a que tampoco puede acceder a los cursos universitarios de formación profesional.

El informe cita "relatos creíbles" de asesinatos arbitrarios, a menudo como forma de represalia contra individuos vinculados al gobierno anterior respaldado por Occidente. El relator especial de las Naciones Unidas, Richard Bennett, informó de que se han registrado asesinatos "en casas particulares, espacios públicos y centros de detención", sobre todo contra defensores de los derechos humanos, abogados, jueces, estudiantes, profesores y agentes de policía, "en muchos casos mujeres", a pesar de que los talibanes habían prometido inicialmente una "amnistía general" para los exfuncionarios.

Entre abril y junio de 2024 la misión de las Naciones Unidas en Afganistán registró al menos 179 castigos corporales ejecutados por orden judicial, sobre todo flagelaciones públicas de hombres y mujeres por adulterio, robo y otros presuntos delitos. El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó que la lapidación "forma parte de la sharia" y se aplicará si las condiciones lo permiten.

El informe también documenta el reclutamiento generalizado de menores y la persistencia de matrimonios precoces y forzados, una práctica que afecta a casi el 39% de las mujeres de entre 15 y 49 años. Para agravar aún más la situación, el Departamento de Estado de EE. UU. denuncia la supresión de la libertad de expresión y de prensa, con periodistas que sufren detenciones y palizas, y la imposición de una censura estricta. La impunidad de los soldados talibanes es "un problema grave" y están prohibidas las investigaciones independientes sobre los abusos. En resumen, el informe concluye que el gobierno talibán es "incoherente con las obligaciones y los compromisos del país respecto del derecho internacional", e impone un "sistema institucionalizado" de represión.