02/11/2023, 16.11
PAKISTÁN - AFGANISTÁN
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Islamabad también expulsa a los afganos que colaboraron con las fuerzas de Estados Unidos

El gobierno paquistaní anunció hace tiempo que había decidido repatriar a más de un millón de inmigrantes que se encuentran "ilegalmente" en el país, y hasta ayer les había permitido regresar voluntariamente a Afganistán. Pero también se han registrado redadas de refugiados con documentos en regla. Estados Unidos envió a Islamabad una lista con los nombres de antiguos colaboradores, que fue rechazada. Las tensiones internas y el aumento de los ataques de los talibanes paquistaníes fomentan las políticas de expulsión.

 

Islamabad (AsiaNews/Agencias) - Entre los afganos expulsados ​​de Pakistán en los últimos días se encuentran también miles de solicitantes de asilo y personal que había colaborado con las fuerzas estadounidenses y aliadas durante los veinte años de guerra en Afganistán, personas a las que se les había prometido un visado para Estados Unidos.

Hace aproximadamente un mes el gobierno de Islamabad había anunciado la expulsión de todos los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y daba la posibilidad de abandonarlo voluntariamente antes del 1 de noviembre. Las autoridades locales han comunicado que cerca de 200.000 personas han regresado espontáneamente para evitar ser detenidas por las fuerzas de seguridad paquistaníes. En las redes sociales también han circulado vídeos de niños afganos despidiéndose de sus compañeros de clase antes de partir. A pesar de las críticas de las Naciones Unidas y de diversos grupos humanitarios, en algunas ciudades se llevaron a cabo verdaderas redadas (incluso de refugiados con documentos válidos), tras las cuales decenas de afganos fueron hacinados en camiones y autobuses para llevarlos hasta la frontera.

Sarfaraz Bugti, ministro del Interior del gobierno provisional de Pakistán (que permanecerá en el cargo hasta las próximas elecciones en enero de 2024), afirmó que hay 1,7 millones de afganos "no registrados" que viven en el país "ilegalmente". Naciones Unidas afirmó que junto con los 2 millones de afganos indocumentados, hay casi 1,3 millones de refugiados con un permiso de residencia denominado "Prueba de registro" (PdR) y otros 880.000 que tienen derecho legal a permanecer en el país, mientras que los que huyeron después de la reconquista de Kabul por los talibanes en agosto de 2021 son entre 600 y 700 mil. Entre los migrantes que el gobierno paquistaní quiere repatriar a Afganistán se encuentran también familias que solicitaron asilo tras la retirada de las tropas estadounidenses (unas 60.000 personas) cuyos permisos han vencido y no tienen posibilidad de renovarlos, así como afganos que esperan obtener visados de otros países.

Algunos funcionarios estadounidenses dijeron que habían enviado a las autoridades paquistaníes una lista de alrededor de 25.000 personas que habían cooperado con el gobierno estadounidense y tenían derecho a ser trasladadas a Estados Unidos a través de un programa especial (que ha sufrido enormes retrasos). Sin embargo, un funcionario paquistaní declaró ayer a Voice of America que se había rechazado la lista presentada por los estadounidenses debido a discrepancias significativas. La lista fue examinada "pero consideramos que es imperfecta e incompleta", afirmó el funcionario bajo anonimato. Se espera que en los próximos días Washington revise la lista y envíe documentos a los afganos, que deberán exhibirlos ante las autoridades locales para impedir (o al menos retrasar) la repatriación. Pero incluso algunos ciudadanos que estaban en la cárcel por "delitos menores" han sido liberados para enviarlos de regreso a Afganistán: “Esta medida demuestra la determinación de Pakistán de repatriar a cualquiera que resida en el país sin la documentación correspondiente”, declaró el ministro Bugti en las redes sociales.

Según varios expertos, aunque los talibanes han construido campos temporales de refugiados del otro lado de la frontera, el país no está preparado para el regreso de miles de ciudadanos. Desde hace dos años Afganistán está afrontando una grave crisis humanitaria: al menos 15 millones de personas sufren inseguridad alimentaria agravada por catástrofes naturales como inundaciones y terremotos y una sequía cada vez más frecuente.

Pakistán acoge desde hace décadas a refugiados afganos, y en el pasado ya se han producido repatriaciones forzosas (por eso en los últimos años los afganos han preferido cada vez más viajar a Europa en lugar de permanecer en la región), pero nunca a esta escala, comentan los expertos. Estos consideran que las expulsiones se debieron a cuestiones políticas internas y al deterioro de las relaciones entre los dos países del sur de Asia. Los inmigrantes afganos han sido tratados durante mucho tiempo como chivos expiatorios, acusados ​​por el gobierno de Islamabad de fomentar el terrorismo e, indirectamente, de obstaculizar la recuperación económica del país, porque "roban puestos de trabajo" a los paquistaníes.

En realidad en los dos últimos años Pakistán, tras haber apoyado durante mucho tiempo a los talibanes, ha visto que su propia política se volvía en su contra debido al aumento de los atentados de los Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP, los talibanes paquistaníes que, alentados por el triunfo de los "primos" afganos, también quieren crear en Pakistán un Emirato Islámico y atacan sedes e instituciones del gobierno.

De hecho, no es casualidad que en las últimas semanas las autoridades talibanes hayan emitido una fetua que prohíbe a sus milicianos llevar a cabo ataques en Pakistán, donde la violencia no se considera parte de la yihad. Con este término los "estudiantes coránicos" siempre se han referido a la guerra que se libró durante veinte años contra Estados Unidos.

En junio muchos combatientes del TTP fueron trasladados a las zonas centrales de Afganistán, lejos de la frontera, pero no parece haber contribuido a calmar las tensiones con Islamabad, donde el ejército controla la política y el gobierno interino, que será sustituido dentro de pocos meses, recibe las críticas de la opinión pública sin que eso llegue a tener consecuencias especiales. Respondiendo a las críticas de Occidente, en efecto, el Ministro Bugti afirmó que las prácticas de expulsión son completamente legítimas, tal como las aplican actualmente varios países, incluso en Occidente.

 

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