Denuncia episodios de corrupción: periodista detenido (a pesar de las campañas de Xi)

Un conocido reportero de Chengdu privado de libertad junto con uno de sus colaboradores por haber denunciado en una publicación en una red social china los abusos de poder de un funcionario del Partido Comunista local que llevaron al suicidio a un profesor. Mientras tanto, en Pekín, el secretario del Partido Comunista Chino proclama la «lucha contra la corrupción» para justificar las purgas.

Milán (AsiaNews/Agencias) - En nombre de la «lucha contra la corrupción», Xi Jinping sigue haciendo rodar cabezas en la cúpula del Partido Comunista Chino. Pero si en China, en un asunto local, un periodista denuncia públicamente y de forma detallada episodios de corrupción, acaba en la cárcel. Así lo cuentan las noticias llegadas en los últimos días desde Pekín.

Justo ayer, los medios de comunicación estatales informaban de la condena a cadena perpetua del exministro de Justicia Tang Yijun (en el cargo de 2020 a 2023, acusado de haber cobrado durante su carrera política en Ningbo sobornos por valor de 137 millones de yuanes) y los analistas de todo el mundo se preguntan por las repercusiones de la enésima purga en las altas esferas del ejército con la destitución por «graves infracciones disciplinarias y penales» del general Zhang Youxia (poderoso vicepresidente de la Comisión Militar Central), llegan desde China nuevos testimonios sobre lo arriesgado que es para un simple ciudadano denunciar los abusos de los hombres poderosos.

El 2 de febrero, la policía del distrito de Jinjiang difundió en las redes sociales un aviso en el que se afirmaba que una persona de apellido Liu, de 50 años, y otra de apellido Wu, de 34, habían sido «sometidas a medidas coercitivas penales de conformidad con la ley» acusadas de presentar «acusaciones falsas» y de llevar a cabo «operaciones comerciales ilegales».

Según el medio de comunicación chino Caixin, los dos detenidos son el conocido periodista Liu Hu y su colaborador, Wu Lingjiao. Liu es un reportero de investigación que anteriormente había trabajado para el periódico New Express, con sede en Guangzhou. En los últimos años ha gestionado una cuenta en las redes sociales como periodista independiente, ocupándose de controversias entre empresas privadas y autoridades gubernamentales locales.

En un artículo publicado la semana pasada, y posteriormente eliminado, Liu citaba una fuente según la cual Pu Fayou, secretario del Partido Comunista del condado de Pujiang, bajo la jurisdicción de Chengdu, habría abusado de su poder para reprimir a empresas privadas. El artículo también afirmaba que Pu estaba involucrado en la demolición forzosa de dos propiedades pertenecientes al profesor de literatura local Tuo Jiguang, quien se quitó la vida en 2021 tras una disputa de años sobre las viviendas.

Liu ya había sido detenido en 2013 por presunta difamación, aunque los cargos fueron posteriormente retirados. Tras su nueva detención, circuló por Internet una captura de pantalla de una conversación entre el periodista y una persona que afirmaba formar parte de la Comisión de Disciplina de Chengdu, el organismo encargado de investigar las denuncias de corrupción y mala conducta. El mensaje recordaba a Liu que presentara cualquier denuncia a través de los canales legales. La respuesta afirmaba que el artículo «no era ni una denuncia ni una petición, por lo que no es necesario el recordatorio de su oficina».

La detención de Liu y Wu no es un hecho aislado. Hace unos días, el sitio web de la red Chinese Human Rights Defenders contaba la historia del exagente de policía Yang Shunmin, originario de la ciudad de Rui'an, en la provincia de Zhejiang. Desde 2021 denunciaba presuntos abusos de poder por parte de funcionarios públicos dentro de los departamentos legales locales. Grababa y publicaba vídeos en las redes sociales, entre ellas WeChat y Douyin. En 2024, sus vídeos alcanzaron una media de 20.000 visualizaciones y en 2025 se hicieron cada vez más populares.

Hasta que el 18 de abril de 2025 la policía lo detuvo, alegando que sus vídeos habían provocado un «impacto social negativo». La fiscalía de Rui'an acusó a Yang del delito de «provocar disturbios» y trasladó el caso a Wenzhou, en la misma provincia, donde el Tribunal de Distrito de Ouhai lo condenó a dos años y seis meses de prisión en diciembre de 2025.

La acusación de «instigación a la disputa y provocación de disturbios» es utilizada con frecuencia por las autoridades chinas para reprimir las denuncias públicas y las protestas. En septiembre de 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas la calificó de excesivamente amplia y vaga, y pidió su derogación. En febrero de 2023, un delegado del Congreso Nacional del Pueblo, Zhu Zhengfu, declaró que la normativa debería revisarse porque era poco clara y susceptible de ser objeto de abusos.