de Steve Suwannarat

Un informe de la organización humanitaria Fortify Rights denuncia las condiciones de vida en la isla, donde el gobierno de Bangladés ha trasladado a decenas de miles de refugiados rohingya que huyeron de Myanmar. Destinada a aliviar la presión sobre los campos de Cox’s Bazar tras el éxodo de 2017, la isla se ha convertido de hecho en un centro de detención aislado, donde no hay libertad de movimiento ni oportunidades de trabajo.

 

Daca (AsiaNews) - La isla de Bhasan Char es objeto de fuertes críticas por parte de las organizaciones para la protección de los refugiados. Las autoridades de Bangladés decidieron utilizarla para aliviar la presión demográfica sobre los campos de refugiados de Cox's Bazar, pero desde hace años aloja en condiciones inhumanas a decenas de miles de personas pertenecientes a la comunidad rohingya que huyeron de Myanmar.

Un informe, significativamente titulado “Like Prisoners: The Mass Arbitrary Detention and ‘Warehousing’ of Rohingya Refugees from Myanmar on Bhasan Char in Bangladesh” (Como prisioneros: La detención arbitraria masiva y el 'almacenamiento' de refugiados rohinyá de Myanmar en Bhasan Char, Bangladés), que publicó ayer la organización humanitaria Fortify Rights, llama la atención sobre los límites de esta “solución”. De hecho, el traslado a la isla no solo limita gravemente las libertades fundamentales y las necesidades primarias de las personas que son enviadas allí, sino que también las priva de cualquier verdadera perspectiva de desarrollo o de regreso a su país de origen, por muy poco factible que sea hoy, en las condiciones de dictadura y guerra civil en que se encuentra Myanmar.

La ola de persecución desatada contra los rohinyá desde agosto de 2017, que ha dado lugar a la acusación de genocidio contra los militares birmanos, obligó a casi 800 mil personas a huir cruzando la frontera, y elevó a cerca de un millón la población concentrada en los campos de Bangladeés, que en parte ya estaban preparados para alojar oleadas migratorias anteriores. Esta situación ha planteado al gobierno bengalí graves dificultades logísticas, económicas y sociales.

Ante la ayuda internacional cada vez más escasa de fondos y la imposibilidad de repatriarlos, Daca ha optado por una reubicación, al menos parcial, de los refugiados, y consideró oportuno llevarlos a la isla de Bhasan Char, no lejos de la costa del Golfo de Bengala, debido a su ubicación y accesibilidad. Sin embargo, la isla se ha convertido en un campo de refugiados aislado, que cuenta con los servicios esenciales pero no ofrece oportunidades de trabajo ni libertad de movimiento a las 35 mil personas que allí viven, y muchas más que podrían sumarse en el futuro.

El informe, basado en un centenar de entrevistas que se realizaron a lo largo de cinco años, documenta que los refugiados rohingya confinados en la isla están sometidos a severas restricciones a su libertad personal. Dicha situación equivale, esencialmente a una forma de detención arbitraria, que viola tanto la Constitución de Bangladés como el derecho internacional.

Por eso, con el apoyo de John Quinley, director de Fortify Rights, el informe pide que se cierre el campamento: “Las autoridades de Bangladés deberían cerrar inmediatamente el campo de Bhasan Char y poner fin a la detención arbitraria masiva de los refugiados rohingya, tanto en la isla como en tierra firme, garantizándoles la libertad de movimiento. Bhasan Char nunca debió ser considerado un lugar apropiado para los refugiados”.

Porque, añade Quinley, “ser refugiado no es un crimen y, sin embargo, los rohingya de Myanmar son tratados como si lo fuera. La isla, en efecto, funciona más como una colonia penal, una condición que no es ni legal ni humana”.