Dos jóvenes absueltos de falsas acusaciones de blasfemia. Pero el trauma y el miedo continúan
Adil Babar y Simon Nadeem, arrestados injustamente por blasfemia en Pakistán en 2023, fueron absueltos por el tribunal de Lahore. A pesar del veredicto, sus familias siguen expuestas a amenazas y discriminación. Janssen denuncia la controvertida conducta del "blasphemy business group". Juez Kanh: en 30 días se debe formar una comisión que investigue el uso de las leyes.
Lahore (AsiaNews) - El caso de Adil Babar y Simon Nadeem, arrestados injustamente por blasfemia el 18 de mayo de 2023 a los 18 y 14 años, parece haber tenido un final feliz, porque el tribunal local de Lahore absolvió a los dos jóvenes cristianos. Sin embargo, el trauma, el miedo y el desalojo que sufrieron sus familias siguen profundamente presentes, debido a que las amenazas de los grupos extremistas islámicos continúan acechándolas. Estos grupos suelen promover la idea de que matar a una persona supuestamente blasfema garantiza la entrada al paraíso. Y la violencia se utiliza no solo como una herramienta en manos del extremismo para perseguir a los cristianos, sino también para obtener ventajas políticas.
Los jóvenes, que ahora tienen 20 y 16 años, fueron falsamente acusados hace dos años de haber hecho comentarios despectivos contra Mahoma; el juicio contra ellos podría haber terminado en la pena de muerte. El abogado de la Corte Suprema Naseeb Anjum celebró la decisión de la Corte, pero expresó su profunda preocupación por el continuo abuso de las leyes sobre la blasfemia en Pakistán. "Estas leyes han sido reiteradamente utilizadas para atacar a las minorías religiosas y resolver disputas personales", afirmó el letrado, designado por la organización LADS. "Las consecuencias son graves: las familias se ven obligadas a huir de sus hogares, las comunidades viven en constante temor solo por su fe en Cristo y una simple acusación puede llevar a ejecuciones extrajudiciales y producir daños irreparables".
También condenó el aumento de la violencia mafiosa, por la cual sujetos extremistas se toman la justicia por su mano, a menudo actuando con impunidad. "Este caso muestra claramente la urgente necesidad de garantías legales, investigaciones imparciales y mayor responsabilidad", declaró. "La absolución de Adil y Simon es un alivio, pero no puede borrar el trauma y el miedo que ellos y sus familias han sufrido". Y añadió: "Pakistán no debe cerrar los ojos ante quienes abusan continuamente de las leyes sobre la blasfemia para perseguir a las minorías religiosas".
Joseph Janssen, activista por los derechos de las minorías, también recibió con satisfacción la decisión de la Corte, pero reiteró que el abuso estructural de las leyes sobre la blasfemia sigue poniendo en peligro la vida de las minorías religiosas. "Estas leyes han sido repetidamente utilizadas para ajustar cuentas personales y perseguir a los cristianos y otras minorías", declaró. "Las acusaciones son suficientes para desatar la violencia de la multitud, obligar a las familias a esconderse e infligir traumas psicológicos a largo plazo, incluso cuando no se ha cometido ningún delito".
Janssen destacó el patrón más amplio de abuso, poniendo de relieve la participación de actores poderosos como Rao Abdul Raheem, líder del llamado "blasphemy business group". "Rao y sus cómplices han utilizado las leyes sobre la blasfemia no para proteger los valores religiosos, sino para desviar responsabilidades y eludir la justicia". En 2022, en el caso del asesinato de Abdullah Shah, Rao habría manipulado las acusaciones de blasfemia para presionar al padre de la víctima y obligarlo a guardar silencio, utilizando pruebas inventadas y connivencia con las fuerzas del orden.
El juez Sardar Ijaz Ishaq Khan, que preside el procedimiento correspondiente ante la Corte Suprema de Islamabad, señaló hace pocos días la importancia pública del caso. "Di instrucciones al departamento de informática para que organizara la transmisión en directo del juicio", declaró, señalando que la sala estaba abarrotada y que el público tiene derecho a la transparencia en casos que implican un abuso tan grave de la ley. El martes, la Corte Suprema de Islamabad (IHC) también concedió al gobierno federal 30 días para constituir una comisión que investigue el uso indebido de la ley sobre la blasfemia. La orden fue dada por el mismo Sardar Ejaz Ishaq Khan. La comunidad cristiana y las minorías lo elogian por su valentía y audacia, mientras que los grupos fundamentalistas afirman que es un veredicto controvertido.
Al igual que Khan, el expresidente de la Corte Suprema Qazi Faez Isa, condenó en una audiencia, en febrero de 2024, la forma como el gobierno de Punjab había manejado lo ocurrido en Jaranwala, cuando atacaron más de 20 iglesias cristianas y decenas de viviendas. Calificó el informe del gobierno sobre los progresos realizados como "digno de ser tirado a la basura" y expresó vergüenza por el hecho de que en seis meses sólo se hubieran presentado 18 denuncias, a pesar de los numerosos arrestos. El juez Isa también cuestionó el papel de la policía, sugiriendo que "se quedó mirando" mientras se llevaban a cabo los ataques.
Janssen exhortó a los legisladores, a los líderes religiosos y a la sociedad civil a entablar un diálogo nacional para reformar las leyes sobre la blasfemia de conformidad con los compromisos constitucionales de Pakistán y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos previstas en las convenciones de las Naciones Unidas y el sistema de preferencias generalizadas Plus (SPG+) de la UE, que ofrece incentivos a los países en desarrollo a condición de que también se adhieran a las convenciones sobre derechos humanos. "La seguridad, la dignidad y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos pakistaníes, independientemente de su religión, deben ser protegidas", declaró el conocido activista por las minorías. "Nadie debería sufrir persecución en virtud de leyes que no cumplen con el debido proceso e incitan a la justicia mafiosa".
