Islamabad acusa a los talibanes paquistaníes por el atentado, Kabul bloquea el comercio

Después del atentado en el tribunal de distrito que ayer dejó 12 personas muertas, el gobierno paquistaní señala al Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), al que acusa de actuar con el apoyo de Kabul y de la India. En respuesta, Afganistán ha suspendido todo el tráfico comercial, incluyendo la importación de medicamentos. Por su parte un informe de la ONU denuncia una situación humanitaria cada vez más grave de los refugiados afganos repatriados, que viven en una pobreza extrema, y afirma que el 90% de las familias pasa hambre.

Islamabad (AsiaNews) - Afganistán ha anunciado que no reanudará el comercio con Pakistán después del atentado que se produjo ayer en Islamabad. Los talibanes informaron que también se ha suspendido la importación de medicamentos, a pesar de que la inmensa mayoría de la población del país vive por debajo del umbral de pobreza.

El ministro del Interior paquistaní declaró que las autoridades están "analizando todos los aspectos" de la explosión, pero ayer atribuyó la responsabilidad a "elementos apoyados por la India y agentes de los talibanes afganos", refiriéndose al Tehrik-i Taliban Pakistan, conocido como TTP, principal responsables del incremento de los ataques terroristas en los últimos años. De hecho, la reconquista de Afganistán por parte de los talibanes en 2021 ha fortalecido al TTP, que aspira a crear en Pakistán un Emirato islámico según el modelo afgano.

El atentado de ayer frente al tribunal de distrito de Islamabad, en el que murieron 12 personas, hizo resurgir una serie de preocupaciones en la opinión pública; a pesar de las diversas operaciones de las fuerzas de seguridad que se llevaron a cabo en las zonas fronterizas para eliminar a los grupos terroristas vinculados al TTP, este parece ser capaz de organizar ataques en la misma capital, que se consideraba, al igual que otros centros urbanos, un territorio relativamente seguro.

El TTP negó haber participado, mientras que una facción separatista, la Jamaat-ul-Ahrar, reivindicó la responsabilidad en un primer momento, aunque después el comandante de la agrupación lo desmintió. La Jamaat-ul-Ahrar tiene una relación conflictiva con el TTP: se separó como facción independiente en 2014 y eligió la provincia afgana de Nangarhar como base operativa; posteriormente se reintegró a sus filas en 2020, pero las recientes declaraciones muestran que el TTP no es un grupo unitario, sino un conjunto de milicias que a veces actúan de forma independiente. En 2022 el líder de la Jamaat-ul-Ahrar, conocido como Abdul Wadi, fue asesinado en Afganistán.

Antes del atentado en Islamabad también se había llevado a cabo un ataque contra una escuela militar en Wana, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, epicentro de la violencia y los enfrentamientos entre el ejército paquistaní y los talibanes. Las autoridades consideran que el objetivo de los combatientes que atacaron la institución (que debió evacuar a cientos de estudiantes) era replicar los atentados contra las escuelas de Peshawar en 2014.

Por su parte el mulá Baradar Akhund, viceministro de Asuntos Económicos de Afganistán, declaró: "Para salvaguardar la dignidad nacional, los intereses económicos y los derechos de nuestros ciudadanos, los comerciantes afganos deben reducir al mínimo sus intercambios comerciales con Pakistán y buscar rutas de tránsito alternativas. A partir de hoy, si un comerciante tiene problemas en Pakistán, el gobierno afgano no escuchará sus quejas ni se ocupará de sus asuntos". En la misma conferencia de prensa el ministro de Industria y Comercio, Nooruddin Azizi, comunicó que el cierre del paso fronterizo de Torkham, que duró un mes, había costado a los comerciantes afganos cerca de 200 millones de dólares.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán desembocaron en un conflicto a principios de octubre, cuando Islamabad lanzó una serie de ataques, incluyendo drones, contra la capital, Kabul. Posteriormente estallaron enfrentamientos en la frontera, a los que puso fin la mediación de Qatar el 19 de octubre, pero aún no se ha encontrado una solución definitiva entre los dos países, y según los expertos no hay perspectivas de una desescalada.

Mientras tanto, las condiciones de vida de la población siguen siendo dramáticas. En los últimos años, para presionar a los talibanes para que pongan fin a los atentados del TTP (sobre el que Kabul dice no tener poder) Pakistán ha expulsado a millones de afganos que se habían refugiado en Pakistán, sobre todo después de 2021. Desde septiembre de 2023 han regresado a su país alrededor de 4,5 millones de personas.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se publicó hoy, muestra que la superposición de crisis (pobreza crónica, repatriaciones forzosas a gran escala, crisis climáticas y catástrofes naturales, disminución de la ayuda y exclusión de las mujeres de la vida pública impuesta por los talibanes) han creado una "tormenta perfecta" que está agravando la pobreza en todo Afganistán, hasta el punto de que 9 de cada 10 familias pasan hambre. Más de la mitad de las familias que han regresado a Afganistán renuncia a la atención médica para poder comprar alimentos, mientras que más del 90% ha contraído deudas para hacer frente a la situación. Las deudas oscilan entre 373 y 900 dólares, mientras que un salario medio en Afganistán es de 100 dólares al mes. Se estima que el desempleo en las familias repatriadas se sitúa entre el 80% y el 95%, de las cuales una de cada cuatro está encabezada por mujeres, mientras que alrededor del 30% de los niños se ven obligados a trabajar. El 75% de las familias que han regresado residen en zonas rurales, donde el costo de los alquileres ha aumentado entre el 100% y el 300% en algunas regiones.