La ciudadanía en la Rusia de hoy

de Stefano Caprio

Desde hace muchos años Moscú está comprometida en dos procesos principales en relación con la definición de ciudadanía. El primero consiste en reducir el número de personas que pueden ser consideradas verdaderos ciudadanos rusos, mientras que el segundo implica reducir el significado mismo del concepto de "ciudadano", las acciones que lo definen y que le están permitidas.

La historiadora Ella Rossman, investigadora del Instituto Leibniz de Historia y Cultura de Europa del Este, comentó en Novaya Gazeta Evropa el reciente debate sobre la protesta contra el pabellón ruso en la Bienal de Venecia, sorprendentemente similar a todas las discusiones anteriores sobre la oposición rusa en el exilio –siempre dividida en grupos mutuamente hostiles– planteando algunas preguntas: “¿Qué está haciendo esta oposición? ¿Está contribuyendo a detener la guerra o, por el contrario, a prolongarla? ¿Por qué se atreve a hablar en nombre de Rusia y de los rusos? ¿Quién financia todo esto?”.

El debate está estancado siempre en los mismos interrogantes y conceptos que, sin embargo, no conducen a ninguna comprensión ni al desarrollo de nuevas estrategias. Los reproches contra quienes se marcharon se ven ensombrecidos por quejas igualmente amargas contra quienes se quedaron, continúa la competencia por ver quién defiende la postura más pacifista y quién comprende mejor lo que está sucediendo en el país, y todos intercambian neologismos e insultos, a cual más descarado. Rossman se pregunta, entonces, cómo salir de este círculo vicioso y entablar un diálogo constructivo superando la tensión emocional: “El abismo que separa a los distintos grupos y posturas, y los límites cambiantes de lo que se considera permisible, han llegado a tal punto que la esperanza de un diálogo se está desvaneciendo”.

Sin embargo, hay un concepto que, a diferencia de los insultos, casi nunca se escucha en las batallas en línea, y su potencial conceptual podría explicar, al menos en parte, lo que está sucediendo en lo que ha sobrevivido de la esfera pública rusa y lo que todos discuten con tanta vehemencia. Este concepto es la ciudadanía, tal como la entienden los sociólogos. En la teoría social moderna, el concepto de "ciudadanía" se entiende en un sentido amplio, que abarca mucho más que el simple estatus jurídico consagrado por el Estado en documentos oficiales, como pasaportes y leyes, y mediante procedimientos específicos. El concepto de ciudadanía incluye toda la gama de prácticas a través de las cuales la sociedad y el Estado interactúan en cuestiones relativas a los derechos individuales, las decisiones gubernamentales y los asuntos generales del país.

Desde esta perspectiva la ciudadanía, que puede ser la misma para todos sobre el papel, a menudo no lo es en la práctica. La ciudadanía puede diferir según el género, razón por la cual los sociólogos han acuñado el término específico de “ciudadanía de género”. Si un Estado empezara a afirmar que los verdaderos ciudadanos varones son aquellos que están dispuestos a ir a la guerra por él en cualquier momento, sin necesidad alguna de debatir con la sociedad de qué guerra se trata, si esa guerra es necesaria o quién se beneficia de ella, mientras que las verdaderas ciudadanas mujeres son aquellas que dan a luz al menos siete hijos por el bien de la sociedad, entonces hombres y mujeres tendrán un estatus civil diferente a los ojos de dicho Estado. Ambos serán considerados instrumentos de control y manipulación, lo que significa que su estatus civil se verá, de hecho, reducido: los hombres que se nieguen a combatir y las mujeres sin hijos no serán considerados ciudadanos de pleno derecho, incluso serán sospechosos de traición, y las sanciones en su contra estarán justificadas.

Desde hace muchos años, la Rusia de Putin está inmersa en dos procesos principales con respecto a la definición de ciudadanía. El primero consiste en reducir el número de personas que pueden ser consideradas verdaderos ciudadanos rusos (aunque, una vez más, todos posean el mismo pasaporte), mientras que el segundo consiste en reducir el significado mismo del concepto de "ciudadano", las acciones que lo definen y que le están permitidas. Un ejemplo radical fue la introducción en 2023 de una ley que revoca la ciudadanía a quienes no la adquirieron por nacimiento, aparentemente concebida para dar al Estado un mayor control sobre los habitantes de los territorios ocupados, los ucranianos que obtuvieron la ciudadanía y los migrantes. Se trata de una división oficial de los ciudadanos en dos categorías: aquellos para quienes la ciudadanía es estable independientemente de su comportamiento y aquellos que están, por así decirlo, en un período de prueba permanente, durante el cual se les puede "revocar" la ciudadanía en cualquier momento y quedar sin pasaporte.

No menos radical, en términos de cambiar el significado de ciudadanía, fue el decreto de 2025 que obliga a los solicitantes varones de permiso de residencia y de ciudadanía rusa, pertenecientes a diferentes categorías, a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa. Esta ley equipara abiertamente la participación en la guerra con el estatus civil para los hombres. La militarización de todos los aspectos de la vida pública se refleja también en la definición de ciudadanía, ahora a nivel legislativo, trazando una nueva línea de demarcación social basada en el género.

Incluso antes de 2022 el Estado ruso había llevado a cabo diversas manipulaciones destinadas a redefinir la ciudadanía en Rusia, aunque estas eran menos evidentes y no siempre estaban consagradas por la ley. "Si no te gusta el país, vete": este sentimiento generalizado, promovido activamente por la propaganda de Putin desde la década de 2010, es un claro ejemplo de ello. En dicha retórica, un ciudadano es aquel que permanece en su país, pase lo que pase, haga lo que haga su gobierno. En esta concepción, el Estado, como un señor feudal, controla el destino de sus ciudadanos y no rinde cuentas ante ellos. A los ciudadanos solo se les permite experimentar un sentido de pertenencia al Estado, sentimientos patrióticos y orgullo. Se permite el silencio y la disidencia silenciosa, pero no el descontento abierto. Cualquiera que critique al gobierno deja de ser un ciudadano "de pleno derecho"; no es útil ni al Estado ni a la sociedad y debe buscar otra ciudadanía. Y esto, dicho sea de paso, es problema suyo.

Este concepto de ciudadanía comenzó a tomar forma en Rusia mucho antes de la invasión de Ucrania, pero desde 2022 se ha expandido y radicalizado progresivamente. Quienes están insatisfechos se ven obligados a abandonar el país por cualquier medio; prácticamente no tienen cabida en la sociedad. Además, una vez que cruzan la frontera, aunque mantengan la ciudadanía rusa mediante el pasaporte y no posean otra, quienes abandonan el país parecen perder incluso los últimos vestigios de su condición de ciudadanos. La propaganda no se cansa de repetir: el que se ha marchado es un traidor, no entiende nada de lo que realmente sucede en el país, se ha vendido a otros Estados y se ha convertido de hecho en su súbdito (aunque en realidad ni siquiera se plantee la cuestión de su ciudadanía legal).

Esto significa que los rusos en el exterior no tienen el menor derecho a expresar su opinión sobre su país o la situación. Que se callen y se alegren de que sus documentos todavía sigan vigentes. A veces ni siquiera se renuevan, y pronto podrían quedar completamente interrumpidos los servicios consulares para quienes se marcharon. Por eso se habla de la "bancarrota moral" de los rusos en el exilio, de cómo una vez que cruzan la frontera pierden instantáneamente toda comprensión de Rusia, de cómo protestan de manera inapropiada o aceptan dinero de las personas equivocadas.

La investigadora propone realizar un “experimento mental”, planteando la hipótesis de que la oposición en el exilio está compuesta por los mismos ciudadanos que los rusos que se quedaron, así como por aquellos que cruzan constantemente la frontera. Son personas que todavía hablan y escriben en ruso, poseen los mismos pasaportes y están preocupadas por el destino de su país, al que sus vidas están directamente vinculadas. Como ciudadanos, al igual que quienes se quedaron, la oposición en el exilio, como parte de la sociedad civil, debe poder elegir cómo expresar sus opiniones sobre cuestiones políticas, qué acciones organizar y con quién aliarse.

En definitiva, se trata de preguntas sobre quién tiene el poder de decidir quién es un ciudadano de pleno derecho y quién no. Estas cuestiones no deberían dejarse enteramente a la discreción del Estado, aunque no hagan que las acciones de la oposición en el exilio sean moralmente correctas, estratégicamente exitosas o eficaces. Podrían, sin embargo, cambiar la forma en que se llevan a cabo los debates, evitando los radicalismos rusófilos o rusófobos, y hablando de Rusia como un país que pertenece al mundo del que todos somos ciudadanos, y no como un planeta lejano.

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