La junta militar birmana cambia de nombre, pero la represión continúa

de Gregory

El general Min Aung Hlaing ha creado la «Comisión Nacional para la Seguridad y la Paz» y, al mismo tiempo, ha impuesto la ley marcial en decenas de municipios, lo que se suma a las amenazas de pena de muerte para quienes boicoteen las próximas elecciones. Los ciudadanos han recibido mensajes en los que se les pide la rendición armada y la participación en las votaciones.

Yangon (AsiaNews) - La junta militar de Myanmar ha anunciado que operará bajo un nuevo nombre: la «Comisión Nacional para la Seguridad y la Paz» (NSPC), una medida criticada como un intento de enmascarar el autoritarismo. El cambio se produce tras el levantamiento del estado de emergencia el 31 de julio, al que siguió la inmediata imposición de la ley marcial en 63 municipios.

El jefe de la junta golpista, el general Min Aung Hlaing, mantiene el control total del Gobierno a través de la presidencia de la NSPC, pero ha nombrado a uno de sus fieles, U Nyo Saw, como nuevo primer ministro. Los observadores señalan que el NSPC está compuesto por las mismas figuras militares responsables del golpe de Estado de 2021 y de las posteriores represiones violentas. De hecho, la mitad de los diez miembros de la nueva Comisión proceden del Consejo de Administración Estatal (SAC), nombre que se dieron los militares tras el golpe en un intento por ganar credibilidad.

Se trata de una reorganización de nombres que ha sido condenada como una «falsa reforma» para ganar tiempo de cara a las elecciones previstas para diciembre de 2025, unas elecciones que no serán ni libres ni justas, pero que, según Min Aung Hlaing, forman parte de la «segunda fase» de su gobierno. El general también ha sido criticado por haber omitido en un primer momento el Ministerio de Educación, que luego fue asignado (sin cartera) a Chaw Chaw Sein, vicerrectora de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Yangón y antigua directora general del Departamento de Investigación y Evaluación del ministerio.

El cambio de imagen llega también en un momento en el que el ejército sigue enfrentándose a la resistencia armada en varios frentes. Los enfrentamientos violentos con las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y los grupos étnicos armados se han intensificado en los estados de Sagaing, Chin, Rakhine, Shan, Kachin y Kayah. A pocas horas del fin del estado de emergencia, el régimen de Min Aung Hlaing declaró nuevas zonas de ley marcial, en las que los residentes han denunciado un aumento de la represión de las fuerzas de seguridad, detenciones masivas, violencia y reclutamiento forzoso. Se han introducido nuevas sanciones, incluida la pena de muerte, para quienes se opongan al proceso electoral.

Además, el 30 de julio, la junta birmana envió SMS a todos los ciudadanos, pidiendo a los combatientes de la resistencia que se rindieran y participaran en las elecciones. El mensaje, que llegó a los clientes de Atom y Ooredoo, dos de los principales operadores de telefonía móvil de Myanmar, también contenía un enlace que llevaba a un anuncio del Ministerio de Información. En la comunicación se denuncia al Gobierno de Unidad Nacional (NUG), compuesto por antiguos diputados en el exilio, de incitar a la rebelión armada.

Las Naciones Unidas, a través del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, han expresado su preocupación por la continua militarización del Gobierno y la supresión de las libertades civiles: «Cambiar el nombre del órgano de gobierno, manteniendo la ley marcial y las violaciones de los derechos humanos, no restablecerá la confianza ni la legitimidad», declaró el relator. Los miembros de la ASEAN y los gobiernos occidentales también reiteraron la petición de un diálogo político inclusivo y la liberación inmediata de los presos políticos.