Las mujeres birmanas invisibles en las obras de construcción tailandesas

Una sentencia contra el constructor del edificio que se derrumbó durante el terremoto de Mandalay ha vuelto a poner el foco sobre el sismo de 2025, en el que también perdieron la vida en Tailandia varios trabajadores birmanos. Una investigación muestra que miles de mujeres migrantes trabajan en obras de construcción tailandesas sin la protección adecuada y con salarios muy bajos

Rangún (AsiaNews) - Naing Tun Lin, propietario de NTL Construction, la empresa que construyó el edificio residencial Sky Villa de Mandalay que se derrumbó durante el terremoto de magnitud 7,7 de marzo de 2025, ha sido condenado a cinco años de cárcel con trabajos forzados por homicidio culposo. Así lo informó Eleven Media, que citó una fuente del tribunal de Mandalay. Naing Tun Lin había sido acusado en febrero, aunque posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.

Solo el derrumbe del Sky Villa causó la muerte de más de 200 personas, mientras que el número total de víctimas se estima en varios miles, en un Myanmar ya devastado por la guerra civil que estalló tras el golpe militar de 2021. El último cuerpo que todavía se encontraba bajo los escombros del Sky Villa fue recuperado recién en septiembre de 2025.

El mismo terremoto también provocó el derrumbe de un rascacielos de 30 pisos en construcción en el distrito de Chatuchak, en Bangkok, el único edificio de la capital tailandesa que colapsó por completo y causó la muerte de unas 95 personas. Entre las víctimas hubo al menos diez trabajadores migrantes birmanos y un camboyano. Las investigaciones han confirmado hasta el momento graves deficiencias en los materiales (como el uso de acero de baja calidad) y en el proyecto de construcción, mientras que una investigación paralela busca determinar si hubo colusión en la adjudicación del contrato, en la que estarían implicados decenas de funcionarios públicos.

Sin embargo, ninguno de los dos procesos judiciales aborda una cuestión importante que ha sacado a la luz una ONG local: la situación de los cientos de miles de birmanos que han huido de la guerra civil en Myanmar y trabajan en obras de construcción tailandesas. La Baan Dek Foundation, una organización que se ocupa desde 2002 de la protección de menores y familias migrantes, publicó recientemente un informe dedicado por primera vez a las condiciones de las trabajadoras de la construcción, en colaboración con el Institute of Human Rights & Peace Studies de la Mahidol University.

La investigación señala que el sector de la construcción representa casi el 8% de la economía tailandesa y emplea a unos 700.000 trabajadores migrantes, procedentes principalmente de Myanmar, Camboya y Laos. Las mujeres constituyen alrededor del 36% de la fuerza laboral del sector, pero son prácticamente invisibles en las políticas de protección y en las estrategias empresariales.

El estudio, basado en entrevistas con 39 trabajadoras migrantes en Bangkok y Chiang Mai, muestra que, en el caso de las mujeres, las situaciones de vulnerabilidad se superponen: ser mujer, migrante y empleada en un sector dominado por hombres implica tener menor poder de negociación, salarios más bajos y un acceso más limitado a los servicios esenciales.

En las obras de construcción, a las mujeres se les asignan casi siempre las tareas "menos cualificadas", como la limpieza y la pintura, que además reciben una remuneración inferior a la de los hombres. En una de las obras que visitaron los investigadores, por ejemplo, los hombres ganaban 380 baht al día (unos 10 euros) frente a los 350 (9 euros) que percibían las mujeres. Muchas trabajadoras terminan considerando normal esta diferencia porque los hombres realizan un trabajo más duro, aunque ambos parten del mismo salario base. El informe señala que el hecho de ser relegadas a tareas que se perciben como menos pesadas (aunque muchas mujeres explicaron que trabajaban en condiciones de calor extremo, levantaban materiales pesados y operaban maquinaria) es precisamente lo que les impide adquirir nuevas habilidades y acceder a horas extras, que es la única manera de complementar sus ingresos básicos.

Al terminar la jornada en las obras, el trabajo continúa en el hogar. Las entrevistadas cuentan que prácticamente son las únicas que se hacen cargo de la preparación de las comidas, la limpieza, el cuidado de los hijos y de enviar dinero a las familias que quedaron en su país de origen. La carga económica de la atención médica y de los gastos familiares se traduce a menudo en un mayor estrés y precariedad.

Luego está el tema de la documentación. El empleador o el subcontratista a menudo se niegan a entregar a las trabajadoras el permiso de trabajo, que puede costar hasta 17.500 baht (unos 450 euros) y que con frecuencia deben pagar ellas mismas. De este modo, les resulta imposible marcharse, ya que cambiar de trabajo implicaría perder la garantía de residencia legal en Tailandia. Esta situación se agrava en los casos de violencia doméstica: al no tener documentos, las mujeres se ven obligadas a permanecer con quienes las maltratan. Al mismo tiempo, las mujeres prefieren las vías de inmigración irregular porque Tailandia prohíbe la entrada de mujeres con hijos a cargo.

Las redes de solidaridad entre trabajadoras se han convertido así en una de las principales formas de protección. En los campamentos de Chiang Mai, por ejemplo, algunas mujeres han recibido capacitación para mediar en conflictos, coordinar actividades y ofrecer apoyo a otras residentes. Al mismo tiempo, las relaciones con sus compatriotas, las visitas a los templos y las videollamadas con las familias que se quedaron en su país se han convertido en herramientas esenciales para sobrellevar el aislamiento y la nostalgia.

En los campamentos obreros, los trabajadores viven en barracas de chapa o contenedores adaptados, pero los baños y las duchas a menudo no están separados por género (lo que produce incomodidad entre las mujeres durante la menstruación y obliga a las mayores a acompañar a las jóvenes y adolescentes preocupadas por su seguridad) y son insuficientes para la cantidad de residentes. En uno de los casos, los investigadores documentaron que había un solo baño y dos duchas para 16-17 familias. Estas instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para mujeres embarazadas ni para el cuidado de los recién nacidos.

Por último, muchas mujeres renuncian al seguro médico porque consideran que el costo es demasiado elevado en relación con sus salarios. Prefieren pagar directamente en farmacias o pequeños centros de salud cuando lo necesitan, lo que les permite destinar una mayor parte de sus ingresos a las remesas que envían a Myanmar.