Las tribus de las Islas Nicobar se oponen a los planes de Delhi: 'No renunciaremos a nuestras tierras'

Los líderes locales denuncian presiones para firmar “certificados de renuncia” de las tierras ancestrales afectadas por el tsunami de 2004. En el centro de la disputa se encuentra el Great Nicobar Holistic Development Project, un plan de unos 9.000 millones de euros que incluye un puerto, un aeropuerto y una central eléctrica. Las comunidades nicobareses y shompen piden poder regresar a sus aldeas originales, mientras que ambientalistas y científicos advierten sobre los riesgos para la biodiversidad y la seguridad sísmica.

Sri Vijaya Puram (AsiaNews) – Un megaproyecto de infraestructura de miles de millones de dólares corre el riesgo de borrar el legado de las poblaciones tribales de las islas Nicobar y comprometer uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. El archipiélago, junto con las islas Andamán, constituye un Territorio de la Unión de la India, una división administrativa que depende directamente de Nueva Delhi. Las Nicobar, un punto estratégico para la India en el cruce de las rutas marítimas del Golfo de Bengala, hoy están en el centro de una creciente disputa debido a las presiones que se están ejerciendo sobre los líderes tribales para que renuncien formalmente a sus tierras ancestrales.

En los últimos días los miembros del Consejo Tribal de la Gran Nicobar denunciaron que habían recibido peticiones verbales de funcionarios del gobierno local para que firmaran los “surrender certificates”, los documentos de renuncia que les harían perder definitivamente los derechos sobre las tierras ancestrales afectadas por el tsunami de 2004. Aunque las comunidades nicobareses fueron reasentadas después el desastre en colonias como Rajiv Nagar, llevan años pidiendo poder regresar a sus aldeas originales, a las que consideran parte integral de su identidad cultural, social y espiritual. La firma de tales certificados, denuncian los jefes tribales, impediría de forma permanente el acceso a estas tierras, y abriría el camino para la ejecución del imponente Great Nicobar Holistic Development Project.

El plan de desarrollo, estimado en unos 81.800 millones de rupias (unos 9.000 millones de euros), aspira a transformar la Gran Nicobar en un centro logístico y estratégico de relevancia global. El proyecto comprende cuatro componentes principales: una Terminal Internacional de Transbordo de Contenedores (ICCT) en la bahía de Galathea; un aeropuerto internacional de doble uso, civil y militar; una central eléctrica de gas y solar de 450 MVA; y la construcción de un nuevo municipio. Para realizar estas infraestructuras está prevista la conversión de unos 166,10 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales cerca de 130 kilómetros cuadrados son de bosque denso, que se superponen parcialmente con más de 84 kilómetros cuadrados de reserva tribal.

Según estimaciones oficiales y evaluaciones independientes, la intervención supondría la tala de entre 850.000 y varios millones de árboles, con un impacto potencialmente devastador en hábitats de importancia crucial, como los lugares de anidación de la tortuga laúd gigante, una especie en peligro crítico de extinción.

En las islas hay comunidades que han vivido en aislamiento o semi-aislamiento desde hace miles de años. Entre ellas se encuentran los shompen, una población de cazadores-recolectores seminómada que habita en los bosques del interior de la Gran Nicobar. Clasificados como Grupo Tribal Particularmente Vulnerable (PVTG), tiene apenas 250 individuos y hablan una lengua aún no descifrada, lo que dificulta comprender plenamente su relación conceptual y espiritual con la tierra. Junto a ellos viven los nicobareses, una comunidad sedentaria de unas 1.200 personas en la Gran Nicobar, tradicionalmente dedicada al cultivo del coco y del pandano, a la pesca y a la caza. Tras el tsunami de 2004, muchos de ellos fueron trasladados forzosamente, una separación de sus raíces que ha debilitado profundamente el tejido social de la comunidad.

Detrás de la imagen idílica del archipiélago se oculta una profunda crisis social. Según datos oficiales y estudios citados por la prensa india, el territorio registra una tasa de suicidios de 49,6 por cada 100.000 habitantes, la más alta del país y casi cuatro veces superior a la media nacional. Este fenómeno se atribuye al aislamiento geográfico, a la escasez de oportunidades económicas fuera del empleo público y a la erosión de los vínculos tradicionales causada por los reasentamientos forzados.

A estos factores se añaden las fragilidades ambientales y geológicas. El archipiélago se encuentra en una zona de altísima vulnerabilidad sísmica (Zona V) y está particularmente expuesto a los efectos del cambio climático. El aumento del nivel del mar en la zona avanza a un ritmo superior en un 30% aproximadamente respecto a la media global. En este contexto, la construcción de imponentes infraestructuras de hormigón armado plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad y la seguridad a largo plazo de un proyecto destinado a transformar radicalmente el rostro de la Gran Nicobar.

“Nos oponemos”, declaró a la revista Scroll un miembro del Consejo Tribal que pidió permanecer en el anonimato. “Esto significaría entregar para siempre nuestras tierras en manos de la administración. Es una cuestión que afecta la seguridad futura de nuestros hijos”. Los representantes tribales explicaron que no han firmado ningún documento, y pidieron tiempo para llevar a cabo una deliberación colectiva. Por parte de las autoridades, el comisionado asistente de Nicobar se negó a hacer ningún comentario, alegando que no está autorizado.

Mientras tanto, las comunidades nicobareses siguen pidiendo que les permitan regresar a sus aldeas ancestrales a lo largo de la costa occidental de la isla, de donde fueron desplazadas después del tsunami de 2004. “En aquel momento nos dijeron que se trataba de un reasentamiento temporal”, recordó otro miembro del Consejo. “Pero han pasado 21 años: la población crece, no podemos ampliar las casas y no hay espacio para cultivar”. En esas tierras, explican, las familias cultivaban coco y pandano y vivían de la pesca; todavía hoy algunos regresan allí por períodos breves para cuidar las plantaciones.

En agosto del año pasado el Consejo Tribal escribió también al ministro federal de Asuntos Tribales, acusando a la administración de las islas de haber proporcionado al gobierno central una representación engañosa y afirmando que todos los derechos previstos por el Forest Rights Act de 2006 ya habían sido reconocidos antes de destinar las tierras forestales al proyecto. “Si realmente estos derechos ya se han resuelto - observó un líder tribal - ¿por qué piden a la gente que firme certificados de exención?". La petición final de las comunidades se mantiene inalterada: “Si el proyecto debe seguir adelante, que se construya en tierras no tribales”.

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