Manila: Marcos relanza la ley anti-dinastías. Cardenal David: 'Ahora le toca al Parlamento'

de Santosh Digal

El presidente filipino ha pedido a los diputados que den prioridad a cuatro reformas, entre ellas la ley que limita el poder de los grandes clanes políticos. La Iglesia ha recibido con satisfacción la iniciativa. Pero persiste la duda de que un Congreso dominado por esos mismos poderosos clanes formados por pocas familias acepte reducir su propia influencia.

Manila (AsiaNews) - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha pedido al Parlamento que dé prioridad absoluta a cuatro reformas, entre ellas la Ley Anti-Dinastías (Anti-Dynasty Bill), una ley que se propone limitar el poder de las grandes familias políticas enquistadas en el sistema institucional filipino.

El anuncio se hizo después de una reunión del LEDAC, el órgano consultivo que coordina la agenda legislativa del Ejecutivo. "El presidente ha pedido al Congreso que priorice las siguientes medidas legislativas: la ley anti-dinastía, la ley sobre la comisión popular independiente, la ley sobre la reforma del sistema de listas de partidos y la ley sobre el acceso de los ciudadanos y la divulgación de los gastos para la rendición de cuentas nacional (CADENA)", declaró Claire Castro, subsecretaria de la oficina de prensa presidencial. "El presidente ha pedido a ambas Cámaras que examinen atentamente los cuatro proyectos de ley y aceleren su aprobación", añadió Castro.

Uno de los primeros comentarios a la medida del gobierno fue del cardenal Pablo Virgilio David, expresidente de la Conferencia Episcopal Filipina y actual obispo de Kalookan: "Nunca es demasiado tarde. Ahora la pelota pasa al Congreso y al Senado", dijo el prelado. El cardenal observó que, después de semanas en las que parecía que el Ejecutivo quería reducir el papel de los organismos independientes de control, la decisión de Marcos representa "un cambio inesperado, pero muy bienvenido. Ahora aclaremos también el orden de urgencia, porque algunas reformas permiten que las otras se puedan aplicar".

Con respecto a la ley sobre la Comisión Popular Independiente, el cardenal afirmó: "Ninguna reforma puede funcionar sin un órgano de control independiente. Esta ley crea un organismo permanente de ciudadanos encargado de investigar la corrupción y los abusos de poder". En cuanto a CADENA (acrónimo del inglés Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability), David señaló que "la transparencia en las finanzas públicas permite identificar las responsabilidades. Si los ciudadanos pueden ver a dónde va el dinero, los abusos resultan más difíciles de ocultar". Y sobre la reforma del sistema electoral proporcional, recordó que "la representación debe volver a quien estaba destinada: los sectores marginados, no los delegados políticos de los poderosos".

El cardenal David se centró luego en la ley contra las dinastías, que "asfixian la democracia en sus raíces. Esta ley sirve para reequilibrar el campo de juego y abrir espacio para un verdadero servicio público".

Filipinas es uno de los países donde el poder político está más concentrado en manos de unos pocos grandes clanes. La Constitución de 1987 prohíbe las dinastías políticas, pero la falta de una ley que la implemente ha permitido que algunas familias monopolicen el poder. Hoy, alrededor del 80% de los diputados y el 50% de los funcionarios locales provienen de clanes políticos, un aumento que también se registró en las últimas elecciones de 2022. Entre los gobernadores provinciales el porcentaje incluso supera las estimaciones del 80-85%. Un análisis reciente del Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo (PIDS) mostró que las llamadas "dinastías gordas" (fat dynasties), familias que controlan varios cargos simultáneamente, están en crecimiento y se encuentran especialmente presentes en las provincias que registran los niveles más altos de pobreza, violencia y escasez de servicios públicos.

Son familias como los Marcos (el actual presidente es hijo del conocido dictador Ferdinand Marcos) y los Duterte, con sus alianzas y rivalidades, las que influyen en la economía y la política. La actual vicepresidenta, Sara Duterte, es hija del expresidente Rodrigo y lleva mucho tiempo luchando contra Marcos por el poder. Sumada a la desigualdad económica y la fragilidad de las instituciones, ha favorecido la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos, y ha alimentado un ciclo de corrupción, clientelismo y pobreza para la mayoría de la población. Varios miembros de la familia Marcos ocupan cargos políticos: el hijo del presidente, Sandro Marcos, por ejemplo, es diputado de Ilocos Norte, mientras que su hermana, Imee Marcos, es senadora, y recientemente se pronunció a favor de la familia Duterte y en contra de su hermano.

Varios primos y sobrinos del presidente también participan activamente en la política y muchos de ellos han estado involucrados en los recientes escándalos de corrupción del país. De hecho, otro elemento que explica la medida de Marcos es el escándalo de corrupción en obras públicas que en las últimas semanas ha sometido a presión a toda la administración. La opinión pública ha señalado de inmediato a varias dinastías implicadas (directa o indirectamente) en las investigaciones en curso.

El cardenal David planteó luego la pregunta que domina el debate público filipino en estos días: "¿Optarán los miembros del Congreso y del Senado por sus propios intereses y conveniencia política, o tomarán la decisión histórica de aprobar medidas que realmente protejan el bien común?"

Aunque el gobierno de Marcos parece decidido a presentarse como paladín de una nueva era de reformas, no está claro si el Congreso, controlado por las dinastías, aceptará aprobar medidas que reducirían su poder. El propio Marcos Jr. defendió a las dinastías durante la campaña electoral, afirmando que "las elecciones son la mejor manera de deshacerse de ellas", pero que no había nada intrínsecamente malo en su presencia en el panorama político. Ahora, sin embargo —admitió el presidente a través de su portavoz—, los abusos de poder por parte de algunos clanes hacen necesaria una ley que ofrezca a los ciudadanos una "elección basada en el mérito y no solo en el apellido".