12/03/2026, 12.24
SRI LANKA
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Masacre de Pascua de 2019: formalizadas las acusaciones contra el jefe de los servicios de seguridad

de Melani Manel Perera

Según lo informado por los investigadores en el tribunal, habría pruebas que respaldan las acusaciones contra Suresh Salley en el documental transmitido por Channel 4. Se han identificado vínculos con círculos islamistas que podrían formar parte de un plan para desestabilizar el país, con el objetivo de influir en el equilibrio político. La defensa rechaza las acusaciones y recuerda que, cuando estallaron las bombas, el exgeneral se encontraba en Malasia.

Colombo (AsiaNews) - Tras el giro que se produjo con la detención el pasado 25 de febrero, en Sri Lanka se perfilan los contornos de las acusaciones contra el exdirector de los Servicios de Seguridad de Sri Lanka (SIS), el exgeneral mayor Suresh Salley, en relación con los atentados de Pascua de 2019 que afectaron a iglesias y hoteles de Colombo y causaron la muerte de 269 personas. Solo ahora, siete años después, se empiezan a ver lentamente avances en la investigación de los atentados. En una audiencia ante el magistrado Isuru Neththikumara, el exalto funcionario fue formalmente señalado como sospechoso en el proceso judicial relativo a los atentados terroristas que conmocionaron al país.

Según ha informado el Departamento de Investigación Criminal (CID), Salley está acusado de conspiración y de haber favorecido, directa o indirectamente, los atentados. La atención sobre el exjefe de inteligencia se produjo tras las nuevas investigaciones abiertas a raíz del documental de la cadena británica Channel 4, Sri Lanka's Easter Bombing Dispatches, que planteaba la existencia de una conspiración más amplia detrás de los atentados. Según el documental, las explosiones podrían haber formado parte de un plan destinado a generar una crisis de seguridad nacional e influir en el equilibrio político del país.

En el informe sobre el progreso de la investigación presentado ante el tribunal, el CID afirmó haber identificado varios presuntos vínculos entre Salley y los responsables de los atentados. En concreto, los investigadores sostienen que el exdirector del SIS habría recopilado información sobre las actividades del grupo liderado por el extremista islámico Zahran Hashim antes del atentado contra la iglesia de San Sebastián en Katuwapitiya, uno de los lugares afectados el 21 de abril de 2019.

Otro punto central de la investigación es la muerte de Pulastini Rajendran, también conocida como Sarah Jasmine, considerada una figura clave en la red relacionada con los atentados. La mujer habría muerto en la explosión de Sainthamaruthu, pero su cuerpo nunca fue recuperado.

Según el testimonio de algunos altos funcionarios, entre ellos el ex inspector general de policía C.D. Wickramaratne y el exdirector del CID Nishantha Soysa, Salley habría influido en repetidas ocasiones en los debates y las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. Las presuntas interferencias habrían tenido lugar durante reuniones dedicadas a la revisión de las actividades de inteligencia y a las investigaciones sobre los atentados.

El magistrado pidió aclaraciones sobre cómo un oficial de los servicios de inteligencia podía convocar al jefe de policía ante el Consejo de Seguridad Nacional. Los investigadores explicaron que estas reuniones sólo pueden ser convocadas por el presidente, basándose en la información presentada por el director de inteligencia del Estado.

La defensa de Salley rechazó rotundamente todas las acusaciones. El abogado Anuja Premaratne argumentó en la sala que el exdirector del SIS no se encontraba en Sri Lanka en el momento de los atentados, sino en Malasia, y puso en duda la validez de las reconstrucciones de la investigación. Premaratne afirmó además que muchas de las cuestiones planteadas ya habían sido examinadas anteriormente por la Corte Suprema.

Al concluir la audiencia, el magistrado precisó que los cargos contra el tercer sospechoso parecen estar directamente relacionados con los atentados del Domingo de Pascua y no con simples faltas administrativas. Sin embargo, subrayó que será necesario evaluar cuidadosamente las pruebas recopiladas y el resultado de las investigaciones adicionales antes de determinar cualquier responsabilidad penal.

 

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