Nuevo Código penal en Yakarta. Un retroceso para la sociedad civil

Tras décadas de debates ha entrado en vigor la reforma del sistema penal que sustituye las leyes de la época colonial holandesa. El gobierno habla de una justicia “más humana y moderna”, con medidas alternativas a la cárcel. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos y juristas, denuncian disposiciones antidemocráticas como la criminalización del insulto al presidente y la ampliación de los poderes policiales.

Yakarta (AsiaNews) – Ha entrado oficialmente en vigor la reforma más amplia y controvertida del sistema penal indonesio desde la independencia. El viernes pasado las normas coloniales holandesas han sido reemplazadas por un nuevo Código penal y un nuevo Código Procesal que, según el gobierno, marcan el comienzo de una etapa “más humana y moderna” en la administración de la justicia. Sin embargo las organizaciones de derechos humanos y algunos juristas consideran que en realidad constituye un retroceso en términos de expresión democrática, debido a que algunas leyes podrían restringir aún más los espacios de disenso.

El debate público sobre la revisión del Código penal se remonta en realidad a más de sesenta años atrás, mientras que la actualización del Código de Procedimiento Penal (KUHAP) demoró 45 años y recién obtuvo la aprobación definitiva en noviembre de 2025.

El ministro coordinador de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Prisiones, Yusril Ihza Mahendra, afirmó que la entrada en vigor de los nuevos códigos es “un momento histórico” importante porque se han reemplazado leyes “represivas, excesivamente centradas en la detención y poco atentas a la justicia restaurativa y a la protección de los derechos humanos”. El gobierno ha abogado por la introducción de medidas alternativas a la cárcel, como el trabajo socialmente útil y la rehabilitación médica para los consumidores de drogas, pensadas también para reducir el hacinamiento en las prisiones. Según Yusril, el nuevo código “mantiene un equilibrio entre la protección de la libertad de expresión y el interés público, garantizando al mismo tiempo penas proporcionadas”.

La sociedad civil, sin embargo, es escéptica. La Coalición para la reforma del Código de Procedimiento Penal, que reúne a asociaciones y grupos de derechos humanos, ha denunciado que se mantienen artículos “antidemocráticos” que “erosionan el principio del Estado de derecho”. En particular, la coalición sostiene que el nuevo Código penal “reduce el umbral de la criminalización de los ciudadanos y amenaza directamente las libertades civiles”, mientras que el KUHAP “amplía las facultades de las fuerzas del orden, en particular de la policía, sin una supervisión judicial adecuada”.

Uno de los puntos más cuestionados es la reintroducción del delito de insulto al presidente, al vicepresidente y a las instituciones estatales, normas que la Corte Constitucional había anulado en 2006. Según las nuevas disposiciones, ofender al presidente u otros funcionarios puede conllevar hasta cuatro años y medio de cárcel si el mensaje se difunde en forma física o digital y provoca disturbios públicos. “En el derecho internacional las sanciones por el insulto al presidente sólo son justificables si la ofensa afecta a una etnia, una religión, una raza o un grupo específico. Las instituciones estatales no son individuos con una dignidad personal; son estructuras, no personas”, explicó al South China Morning Post Daniel Winarta, abogado del Jakarta Legal Aid Institute.

Otras disposiciones en el plano de la vida privada han suscitado fuertes críticas . El nuevo Código penal castiga las relaciones sexuales fuera del matrimonio con penas de hasta un año de cárcel y la convivencia entre personas no casadas con una pena máxima de seis meses. Según Winarta son normas “peligrosas”, porque “el Estado no debería intervenir en las cuestiones personales de los ciudadanos”.

En el plano procesal, las preocupaciones afectan sobre todo al debilitamiento de las garantías contra las detenciones arbitrarias. La reforma del KUHAP ya no exige que los detenidos sean presentados sin demora ante un juez y permite que la misma fiscalía emita órdenes de arresto. Los tiempos máximos de detención preventiva pueden llegar hasta los 60 días en algunos casos, muy por encima de las 48 horas previstas por los estándares internacionales. “No existe una autoridad judicial independiente que verifique la necesidad del arresto”, denunció la coalición, y señaló que en muchos países el control judicial es un elemento fundamental para limitar los abusos de las fuerzas del orden.

Las libertades políticas también están en riesgo. El nuevo Código penal criminaliza las protestas sin previo aviso, la difusión de información que se considere falsa y la propaganda del comunismo y de ideologías incompatibles con la doctrina de Estado del Pancasila, exceptuando los contextos académicos. El ministro de Justicia, Supratman Andi Agtas, rechazó las acusaciones de escasa transparencia, y afirmó que el gobierno ha involucrado a universidades y organizaciones de la sociedad civil en una consulta “significativa”. Yusril añadió que la aplicación de las nuevas normas “solo es el comienzo de una evaluación continua” y que el gobierno "está abierto a recibir aportaciones".