Nuevos acuerdos entre Kuala Lumpur y Daca para la contratación de trabajadores migrantes, pero persisten las dudas

Malasia y Bangladés han decidido reanudar la contratación de mano de obra bangladesí, que había quedado suspendida tras el descubrimiento de cárteles criminales que estafaban a los migrantes. El acuerdo establece los mismos beneficios de seguridad social para los trabajadores extranjeros y la posibilidad de presentar denuncias en bengalí. Sin embargo, persiste la preocupación por los monopolios en el reclutamiento y acusaciones de complicidad de las instituciones en la explotación.

Kuala Lumpur (AsiaNews) - Se han reanudado las conversaciones para la contratación de trabajadores de Bangladés en Malasia. El anuncio se hizo hoy al concluir una reunión entre el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y el jefe de gobierno interino de Bangladés, Muhammad Yunus. Malasia había prohibido la contratación de mano de obra de Bangladés, en junio del año pasado, tras el descubrimiento de cárteles criminales que cobraban a los trabajadores hasta 5.000 dólares por puestos de trabajo inexistentes, dejando a miles de personas varadas y vulnerables a la explotación.

Anwar explicó que su gobierno ha "dado prioridad" a las propuestas de Bangladés, comenzando por la ayuda a los trabajadores "varados" en Malasia. En mayo Kuala Lumpur había acordado contratar a casi 8.000 de los 17.000 bangladesíes que se cree que fueron estafados. El primer ministro considera que Bangladés es "un socio importante" cuyos "trabajadores han contribuido en forma decisiva a nuestro desarrollo".

Entre 2021 y 2023 Bangladés envió cerca de 450.000 personas a Malasia para realizar trabajos que a menudo se consideran sucios, peligrosos o difíciles en fábricas, granjas y restaurantes. Estos "guerreros de las remesas", como se les llama en su país, son una fuente vital de ingresos para Bangladés, donde la inflación ronda el 10% desde hace un año. Yunus destacó que el dinero ganado en Malasia ha permitido a los trabajadores costear la educación y mejorar el nivel de vida de sus familias: "Esperamos que esta puerta permanezca abierta y siga ampliándose, para que podamos recibir a más jóvenes trabajadores en Malasia".

Un punto importante que se planteó en las conversaciones es que los trabajadores bangladesíes tendrán derecho a los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores malasios y podrán presentar denuncias en su lengua materna, el bengalí. Esto supone una mejora en las condiciones laborales y mayor protección legal para los migrantes. Sin embargo, a medida que los dos gobiernos avanzan en este sentido, los activistas por los derechos de los migrantes advierten que es necesario tomar mayores previsiones para garantizar realmente la seguridad de los trabajadores.

El año pasado los expertos de las Naciones Unidas habían instado a los gobiernos de Malasia y Bangladés a procesar a los cárteles y a "algunos altos funcionarios" que habían permitido que proliferara la estafa a los migrantes, obteniendo cientos de millones de dólares en comisiones ilícitas. Las acusaciones se centran sobre todo en la empresa tecnológica malasia Bestinet, a la que el gobierno ha encargado la gestión de un sistema digital para trabajadores extranjeros. Una investigación en Bangladés confirmó que el Foreign Workers Centralised Management System di Bestinet es clave en las operaciones de trata de personas y la financiación ilícita de organizaciones criminales. El año pasado la policía de Bangladés pidió la extradición del fundador de Bestinet, Aminul Islam, acusado de lavado de dinero, extorsión y trata de personas.

Malasia también ha insistido en seleccionar un número muy limitado de empresas de contratación bangladesíes autorizadas para operar, lo que ha creado un monopolio que a menudo obliga a los migrantes a pagar comisiones exorbitantes, a veces hasta 10 veces superiores a las tarifas establecidas por el gobierno.

En mayo, sin embargo, el gobierno de Bangladés declaró que Malasia no había estado involucrada en ningún tipo de mala gestión. Esta declaración se hizo un mes después de que el Ministerio de Recursos Humanos de Malasia enviara una carta a Daca pidiéndole que se retractara de las "acusaciones infundadas" para mejorar la calificación de Malasia en el informe anual sobre trata de personas que publica Estados Unidos.