En Gujarat, una modificación de la ley sobre el registro de matrimonios introduce nuevos requisitos que pueden obstaculizar las uniones entre personas de diferentes religiones o castas. El Tribunal Superior de Allahabad, en Uttar Pradesh, ha tenido que reiterar que las relaciones interreligiosas entre adultos que dan su consentimiento no constituyen un delito. Dos casos paralelos que reavivan el debate sobre la relación entre las legislaciones estatales, los derechos constitucionales y las campañas políticas contra la denominada «yihad del amor».

Nueva Delhi (AsiaNews) - La cuestión de los matrimonios interreligiosos y entre personas de diferentes castas vuelve a ser objeto de debate en la India, con casos paralelos en Gujarat y Uttar Pradesh que ponen de manifiesto las tensiones entre lo previsto por las legislaciones de los distintos estados y los derechos garantizados por la Constitución.

En Gujarat, el Gobierno ha promulgado una nueva ley que hace obligatorio el consentimiento de los padres en caso de matrimonio, modificando la Ley de Registro de Matrimonios de Gujarat de 2006. El Estado ha justificado esta decisión como una medida para proteger a los más vulnerables, pero los expertos jurídicos y los jueces del Tribunal Supremo sostienen que un adulto no debe obtener ningún permiso, ni del Estado ni de su familia. Según algunos abogados, la introducción de este requisito tiene como objetivo real obstaculizar los matrimonios interreligiosos y entre personas de diferentes castas, lo que limita la libertad de elección y afecta especialmente a las mujeres.

Varias sentencias dictadas en el pasado confirman la posición del Tribunal Supremo, a menudo en desacuerdo con la línea política de los gobiernos estatales. En 2018, el Tribunal de Kerala anuló un matrimonio interreligioso invocando la jurisdicción parens patriae, calificando a la mujer implicada, entonces de 24 años, de «débil y vulnerable». El Tribunal Supremo intervino para reafirmar que casarse con la persona que se elija y elegir la propia religión son derechos inalienables. El caso abrió un debate, poniendo de relieve cómo algunas normas pueden permitir al Estado sustituir al individuo con el pretexto de protegerlo, tratando a adultos plenamente capaces de autodeterminarse como sujetos vulnerables.

En Gujarat, con la nueva modificación legislativa, los contrayentes deben presentar una declaración escrita de haber informado a sus padres y adjuntar copias de los documentos de identidad, números de teléfono y certificados de residencia de las familias. La reforma, introducida por el Partido Bharatiya Janata (BJP), el partido ultranacionalista hindú del que procede el primer ministro Narendra Modi, también ha sido apoyada por la oposición: tanto el Partido Aam Aadmi (AAP) como el Congreso Nacional Indio, histórico adversario del BJP, la han calificado de «necesaria», afirmando que sirve para proteger a las chicas «que en los tiempos modernos a menudo se dejan llevar».

En esos mismos días, la cuestión también se abordó en Uttar Pradesh, donde el Tribunal Superior de Allahabad dictaminó que la convivencia y los matrimonios entre personas de diferentes religiones no constituyen un delito en virtud de la Ley de Prohibición de la Conversión Ilícita de Religión de Uttar Pradesh de 2021. La decisión se tomó tras la petición de una decena de hombres y mujeres musulmanes e hindúes que recibían amenazas de muerte por sus relaciones. El Tribunal recordó que «no puede haber discriminación por motivos de casta, creencia, sexo o religión» y reafirmó el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a su pareja, tal y como establece el artículo 21 de la Constitución.

Aunque reconocieron que el Gobierno defendía la aplicación de la Ley contra la Conversión también a las relaciones «de naturaleza matrimonial», los jueces precisaron que dichas disposiciones solo se activan en caso de conversión efectiva. Dado que en los casos examinados no se constató ningún intento de conversión forzada o fraudulenta, el Tribunal dictaminó que una relación interreligiosa, incluso en convivencia, no constituye un delito, concediendo protección a las parejas y autorizándolas a acudir a la policía en caso de amenazas.

Los matrimonios interreligiosos son desde hace años una de las principales preocupaciones del partido gobernante, el BJP, que sostiene que, a través del matrimonio, las jóvenes hindúes se convierten al islam en nombre del amor (un fenómeno que los ultranacionalistas denominan «yihad del amor»). En consecuencia, en muchos estados, entre ellos Uttarakhand, Himachal Pradesh, Karnataka, Haryana y Orissa, y más recientemente también en Rajastán, se han adoptado normas para frenar las conversiones consideradas forzadas o por matrimonio. Según el Gobierno, que lleva años difundiendo discursos de odio contra las minorías religiosas, entre ellas los musulmanes y los cristianos, como la «yihad demográfica», la «yihad territorial» y la «yihad halal», se trataría de un peligro para la sociedad india, ya que la comunidad musulmana aumentaría en detrimento de la hindú, convirtiendo a la India en un país islámico.

 

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