ONU: el ataque al hospital militar en el Estado de Rakhine es un 'crimen de guerra'
En el ataque del 10 de diciembre murieron 33 personas y más de 80 resultaron heridas. Entre las víctimas hay pacientes, médicos e incluso recién nacidos. Las Naciones Unidas y grupos internacionales consideran que es imposible organizar elecciones en un marco de crecientes tensiones y hostilidades. Mientras tanto, la crisis humanitaria también adquiere cada vez mayores dimensiones.
Bangkok (AsiaNews) - Myanmar está transitando una de las etapas más turbulentas y complicadas desde el golpe de Estado de febrero de 2021 que devolvió a la junta golpista al poder. Los militares han intensificado los ataques contra civiles, y al mismo tiempo continúan el proceso electoral orientado a la votación de finales de diciembre. Los gobiernos internacionales, los funcionarios de la ONU, observadores y grupos activistas pro derechos humanos rechazan con firmeza que se celebren elecciones, a las que desde hace tiempo califican como ilegítimas, con mayor razón en una fase de escalada del conflicto, represión sistemática y agravamiento de la crisis humanitaria.
Es una situación de creciente violencia, como se desprende también de los ataques aéreos de los cazas del ejército la noche del pasado 10 de diciembre contra el Hospital General Mrauk-U, en el estado occidental de Rakhine. Alrededor de las 21:13 hora local, un avión militar lanzó dos bombas que impactaron en el centro de 300 camas, mataron al menos a 33 civiles e hirieron a otros 80. Entre las víctimas hay pacientes, médicos e incluso recién nacidos, que murieron en uno de los últimos centros actualmente en funcionamiento en una zona donde el sistema de salud está colapsando.
Analistas y observadores consideran que el ataque al hospital de Mrauk-U es un símbolo de la escalada de la crisis humanitaria, y que la votación sólo alimentaría las tensiones más que abrir nuevas vías hacia la justicia, la paz o el retorno de la democracia. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó el ataque y afirmó que el bombardeo deliberado e indiscriminado de centros médicos “puede constituir un crimen de guerra”. El diplomático pidió una investigación independiente, asunción de responsabilidades y el cese inmediato de las hostilidades. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el ataque aéreo como “horrible”, y señaló que se trata del 67º ataque comprobado contra infraestructuras sanitarias de Myanmar en 2025. “Todo ataque - advirtió - contra la salud es un ataque contra la humanidad”.
En una declaración que publicó hoy el diario estatal Global New Light of Myanmar, la oficina de información militar - asumiendo de hecho la responsabilidad del ataque - respondió afirmando que grupos armados, como el Ejército de Arakán (Arakan Army) y las Fuerzas de Defensa del Pueblo (People’s Defence Forces), utilizaban el hospital como base.
Los datos del Armed Conflict Location&Event Data Project (ACLED) registraron 2.165 ataques aéreos desde enero hasta fines de noviembre de 2025, frente a los 1.716 de todo el año 2024. El ejército ha intensificado las operaciones en varias regiones, entre ellas Kachin, Shan, Sagaing, Chin, Karenni y Rakhine. Según informes de la ONU, los ataques aéreos son responsables de casi la mitad de todas las víctimas civiles desde el golpe de Estado, y han afectado desproporcionadamente a mujeres y niños. En agosto de 2025 los observadores de las Naciones Unidas estimaron que habían muerto 7.100 personas en actos de violencia relacionados con el ejército, un tercio de ellas mujeres y niños.
La Junta se propone iniciar un proceso electoral gradual el próximo 28 de diciembre que continuará hasta enero. Sin embargo, tanto el secretario general de la ONU António Guterres como el Alto Comisionado Türk han declarado que una votación que se realiza en un contexto de “amenazas y violencia” no se puede considerar libre, justa o creíble.
Las organizaciones de derechos humanos informan que hasta agosto había más de 22.000 presos políticos, incluyendo a la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi y miembros de la disuelta Liga Nacional para la Democracia (NLD). Y cerca de 40 partidos han sido prohibidos o disueltos después del golpe militar.
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Australia y otros han reiterado que no reconocerán las elecciones si no está presente una fuerza internacional que garantice una votación justa y una amplia participación. Los organismos internacionales de monitoreo también han afirmado que los procesos democráticos significativos requieren condiciones que hoy están completamente ausentes en Myanmar.
En este momento la crisis humanitaria está asumiendo dimensiones cada vez mayores. Las proyecciones de la ONU estiman que 15,2 millones de personas, casi un tercio de la población, se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda en 2025, frente a los 13,3 millones de 2024. El colapso económico, el desplazamiento y las restricciones de movimiento han dejado a millones de personas necesitadas de ayuda. Hay más de 3,5 millones de personas desplazadas internas, muchas de las cuales se han refugiado en campamentos informales o zonas boscosas con acceso limitado al agua potable, alimentos, atención médica y educación. Las agencias humanitarias reportan graves problemas de acceso debido a las restricciones militares, la inseguridad y los combates en curso. Sin embargo, según investigadores independientes, la Junta controla solo alrededor del 21% del territorio, mientras que las fuerzas de resistencia controlan el 42%, y el resto se encuentra en disputa.
