Orissa: nuevos trenes para las minas, a pesar de las protestas de las comunidades indígenas
El Gobierno da luz verde a un corredor ferroviario para conectar los yacimientos de bauxita de Sijimali y Kutrumali. La decisión llega tras violentos enfrentamientos con las comunidades locales, que denuncian expropiaciones, daños medioambientales y violaciones de sus derechos, consagrados también por la ley. El Gobierno defiende el proyecto en nombre del desarrollo, pero desde hace tres años no cesa la movilización contra la expansión minera.
Bhubaneswar (AsiaNews) - A pocos días de los violentos enfrentamientos entre la policía y las poblaciones tribales, que causaron más de 70 heridos, se ha aprobado un corredor ferroviario que conectará las minas de Sijimali y Kutrumali, en el estado indio oriental de Orissa, con la estación de Tikiri, con el objetivo de mejorar las conexiones con las reservas de bauxita. Aún no se han dado a conocer los costes de la obra, que prevé la construcción de una línea ferroviaria de unos 20 kilómetros. Según diversas fuentes, los principales financiadores serían las mismas empresas propietarias de las minas: Vedanta, que adquirió la mina de Sijimali en febrero de 2023, y Kalinga Alumina Ltd, empresa perteneciente al grupo Adani, a su vez cercano al primer ministro indio Narendra Modi.
Las minas de Sijimali y Kutrumali, situadas en la cordillera de los Ghats Orientales, se encuentran en una zona rica en bauxita, caracterizada por valles habitados por diversas comunidades tribales. Son precisamente estas últimas, en primera línea, las que hasta ahora han liderado una enérgica oposición a los proyectos extractivos y a la construcción de las infraestructuras relacionadas con ellos, como el corredor ferroviario y las nuevas vías de acceso. Las protestas comenzaron en 2023 y, de hecho, no han cesado desde entonces, lo que ha llevado hasta ahora a la detención de unos 40 manifestantes. Según las organizaciones ecologistas, los proyectos mineros benefician a las grandes empresas, privando a las comunidades locales de tierras y recursos hídricos, y poniendo además en peligro su modo de vida.
El proyecto se ha confirmado a pesar de los violentos enfrentamientos ocurridos el 7 de abril, durante los cuales más de 70 personas, entre ellas algunos agentes de policía, resultaron heridas en una protesta contra la construcción de una carretera hacia la mina de Sijimali. Por un lado, los movimientos denuncian la violación de los derechos medioambientales y tribales consagrados en la Ley de Derechos Forestales de 2006; por otro, el ministro principal de Orissa, Mohan Charan Majhi, sostiene que la adquisición de las tierras es necesaria para el desarrollo económico. Para oponerse a la construcción de la carretera, los líderes locales han presentado una petición ante el tribunal medioambiental indio, el Tribunal Verde Nacional (creado en 2010), impugnando la aprobación de la tala de zonas forestales por parte del Gobierno central.
La India posee algunas de las mayores reservas naturales de bauxita del mundo, concentradas principalmente en los estados orientales. Sin embargo, la falta de infraestructuras de transporte, que permitirían trasladar las materias primas desde las remotas zonas de extracción hasta las plantas de procesamiento, limita la plena explotación de los yacimientos. Actualmente, el transporte se realiza principalmente por carretera, con altos costes e impactos ambientales significativos, entre ellos el aumento de la contaminación y el deterioro de las infraestructuras. Según los expertos, sería necesaria una planificación equilibrada y sensible, capaz de conciliar el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Pero los acontecimientos de Orissa parecen indicar que se trata de un enésimo caso de apropiación de recursos, una cuestión que había sido denunciada en repetidas ocasiones también por el jesuita Stan Swamy, quien, antes de morir en una cárcel de Bombay, había dedicado su vida a la defensa de los derechos a la tierra de las comunidades indígenas.
En la India, numerosas poblaciones tribales siguen luchando por sus derechos, contra la extracción minera y la explotación del territorio. En el estado de Chhattisgarh, por ejemplo, las poblaciones gond y oraon llevan tiempo protestando contra la ampliación de las minas de carbón del grupo Adani, acusado de contribuir a la deforestación del bosque de Hasdeo, apodado el «pulmón de Chhattisgarh». Otro caso conocido es el de Godda, en el estado de Jharkhand, donde la población local, expropiada de sus tierras ancestrales, se ha opuesto a la construcción de la central de Lalmatia, uno de los mayores complejos mineros a cielo abierto de Asia, destinado también a la exportación de energía a Bangladés.
