Phnom Penh continúa otorgando autorizaciones a casinos donde funcionan centros de estafa

A pesar de la mano dura anunciada por el gobierno, en los últimos meses se han emitido nuevas licencias a casinos con vínculos claros con centros de estafas en línea. Amnesty International denuncia un sistema de abusos “industrializado”: dentro de los establecimientos de juego operan grupos criminales que cometen distintas formas de violencia, trabajo forzado y trata de personas.

Phnom Penh (AsiaNews) - A pesar de las promesas de reprimir los centros de estafas en línea, las autoridades camboyanas siguen aprobando nuevos proyectos propuestos por casinos donde se han documentado violaciones sistemáticas de los derechos humanos bajo formas de esclavitud moderna. Así lo demuestra una investigación difundida hoy por Amnesty International, que ha identificado más de diez estructuras donde se practican torturas, formas de trabajo forzado y tráfico de seres humanos.

Según la organización, los documentos oficiales de la Comisión para la Gestión del Juego Comercial (CGMC) muestran que los propietarios de los casinos también son dueños de edificios y estructuras donde se han comprobado abusos. Los testimonios de los sobrevivientes, a quienes se les pidió que identificaran los edificios en los que habían sido encarcelados, confirmaron que muchos actos de violencia ocurrieron precisamente dentro de los recintos donde también funcionan los casinos.

El gobierno otorgó las últimas licencias entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a pesar de que paralelamente estaba llevando a cabo una campaña nacional contra los “scam centers”, centros donde se obliga a las personas a realizar fraudes en línea de diversos tipos. Entre los establecimientos involucrados se encuentran varios casinos de la cadena Crown, propiedad de la empresa Anco Brothers, y otros como el Majestic Hotel & Casino en la ciudad costera de Sihanoukville, cuyo propietario fue procesado en enero de este año por reclutamiento ilegal con fines de explotación, fraude agravado, criminalidad organizada y lavado de dinero.

“Esta investigación muestra que existe un vínculo claro entre los casinos autorizados y los centros de estafas en línea”, declaró Montse Ferrer, directora regional de Amnesty International. “Mientras el gobierno afirma querer desmantelar la industria de las estafas, al mismo tiempo autoriza los proyectos de propiedad de instalaciones donde se cometen abusos”.

Los testimonios, recogidos entre 2024 y 2026, describen un sistema organizado de violencia. Las víctimas, procedentes de diversos países, relataron haber sido atraídas a Camboya con falsas promesas de trabajo, y luego fueron encerradas en edificios gestionados y controlados por grupos criminales, a menudo vinculados a ciudadanos chinos o con doble ciudadanía, que a su vez tienen una estrecha relación con la élite en el poder en Camboya. Ya el año pasado, Amnesty International había acusado al Estado camboyano de complicidad con algunos grupos criminales.

Una mujer relató que había estado detenida durante meses en un complejo relacionado con un casino en la ciudad de Poipet, cerca de la frontera con Tailandia: “Los guardias entraban en la habitación y activaban porras eléctricas… hacían un ruido terrible. Los niños que se encontraban en la habitación lloraban”. Añadió que fue obligada a abrir una cuenta bancaria, probablemente utilizada para lavar dinero.

Otro sobreviviente, víctima de trata cuando aún era menor de edad, explicó que fue trasladado de un complejo a otro, donde sufrió torturas y amenazas de muerte antes de lograr escapar por una ventana.

Las investigaciones de Amnesty International se llevaron a cabo comparando los mapas oficiales de los casinos de la CGMC con imágenes satelitales y testimonios de algunas víctimas. En al menos once casos, los centros de estafas en línea se encuentran dentro de estructuras formalmente reconocidas como casinos con licencia o como “restaurantes y edificios residenciales”. La organización ha relacionado con abusos, incluyendo trabajo forzado, explotación infantil y torturas, no sólo a la cadena Crown, sino también a otros numerosos complejos, como Golden Sea Casino, Peak Casino y Marinan International.

Amnesty International considera que se trata de un fenómeno “industrializado”, que requiere investigaciones exhaustivas y rendición de cuentas a lo largo de toda la cadena económica. “Las autoridades deben explicar por qué casinos con vínculos documentados con el tráfico de personas y torturas siguen recibiendo habilitación oficial”, declaró Ferrer. “Cada día que estos casinos están operativos es un día más en el que las personas corren el riesgo de ser reducidas a la esclavitud”.

En un informe anterior de junio de 2025, Amnesty International ya había documentado la existencia de más de 50 scam centers en Camboya, muchos de ellos vinculados a los casinos. A pesar de los anuncios del gobierno sobre una creciente represión, la realidad sobre el terreno parece estar en clara contradicción con las declaraciones oficiales.

Amnesty International contactó con las autoridades y las empresas involucradas para obtener aclaraciones, pero al momento de la publicación no había recibido respuesta.