Prohibidas pero disponibles en todas partes: la larga vida de las bolsas de polietileno en Sri Lanka

de Arundathie Abeysinghe

Están prohibidas desde 2017, pero incluso el ministro de Medio Ambiente admite que los organismos estatales no han adoptado medidas suficientes para frenar el uso generalizado. Los ambientalistas explican que quemarlas produce gases tóxicos. Sin embargo, las principales razones de que se sigan usando son la falta de intervención en los centros de producción y la ausencia de alternativas de bajo costo

Colombo (AsiaNews) - A pesar de la publicación de numerosos avisos en los medios oficiales y las medidas regulatorias en los últimos años, los expertos en medio ambiente y las organizaciones de la sociedad civil sostienen que la producción y distribución ilegal de bolsas de polietileno y otros plásticos prohibidos no ha disminuído en Sri Lanka. El problema se debe a la inconsistencia en la aplicación de las políticas, una coordinación institucional débil y la falta de acción colectiva.

La semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Dammika Patabendi, reconoció en una conferencia de prensa que "los organismos estatales todavía no han adoptado medidas suficientes para frenar el uso generalizado del polietileno ilegal. Además, existe una demanda constante por parte de la sociedad de productos de polietileno de bajo costo, lo que alimenta el mercado negro". Afirmó que las instituciones del gobierno deben liderar la introducción de alternativas válidas, porque la legislación por sí sola no puede evitar que el problema empeore. "Es necesario informar al público sobre los graves riesgos ambientales derivados del uso continuado de polietileno ilegal. También esperamos alentar a los investigadores para que trabajen en alternativas, y ofrecer apoyo financiero a las organizaciones del sector privado dispuestas a colaborar con nosotros."

El gobierno de Sri Lanka prohibió en 2017, y lo reiteró en 2023, la producción, venta, almacenamiento e importación de diversos tipos de artículos de polietileno. Los ambientalistas Sachin Arsakularathna y Pradeepa Gamage recuerdan a AsiaNews que "la principal responsabilidad de implementar estas leyes recae en la Autoridad Central de Medio Ambiente (CEA). Los artículos prohibidos, como bolsas livianas para la compra, recipientes para el almuerzo y diferentes tipos de bolsas de colores o ultraligeras, todavía se encuentran disponibles en todas partes. La ley es clara pero, hasta la fecha, ninguna institución ha presentado una demanda o cerrado una planta de producción por violar estas prohibiciones, en parte gracias a encubrimientos políticos. El polietileno no es un material biodegradable, no es fácilmente desechable y debe ser quemado. Pero su combustión emite gases tóxicos como las dioxinas, que pueden causar accidentes cerebrovasculares, cáncer y enfermedades cardíacas y respiratorias. Los niños y los ancianos son los más vulnerables a estas patologías".

Según los estudiosos Geethanjali Wickramasinghe y Udara Samaradiwakara, detrás del fracaso del abandono real del polietileno "existen numerosas razones interconectadas de índole socioeconómica, conductual y sistémica que explican el fracaso en la eliminación gradual del polietileno, entre ellas el bajo costo de producción y la alta demanda de estos artículos, que resultan más económicos que otras alternativas ecológicas como las bolsas biodegradables o de tela. Los pequeños comerciantes, especialmente en las zonas rurales y semiurbanas, optan por el polietileno para reducir costos. Aunque el problema se trata como una cuestión ambiental, también es un problema de los consumidores y del comercio. La falta de marcos normativos estables para toda la cadena de suministro, desde los impuestos a la producción hasta las prácticas de venta, ha dado lugar a notificaciones inconsistentes en los medios oficiales y una aplicación débil de las leyes".

Por su parte, el abogado y cofundador del Centro para la Justicia Ambiental, Ravindranath Dabare, observa que "los productos de polietileno en circulación no muestran información que permita identificarlos, como el nombre del fabricante, la dirección o incluso un número de contacto. Esta falta de trazabilidad es una de las principales razones por las que los productores ilegales pueden operar con facilidad. Los sucesivos gobiernos no han logrado hacer obligatoria una identificación básica de los productos."

Según la fundadora del movimiento ZeroPlastics, Nissanka de Silva, "la CEA no cuenta con el personal necesario para realizar inspecciones en todo el país en forma regular. Además, la mayoría de los productores ilegales operan con instalaciones móviles o temporales, lo que hace difícil identificarlos. Es fundamental promover alternativas, porque no se debe permitir que el mercado ponga en riesgo la salud de las personas".

Foto: Wikipedia / Tharmapalan Tilaxan