Rajasthan: La Conferencia Episcopal recurre a la Corte Suprema contra la ley anti conversión

de Nirmala Carvalho

La CBCI presentó un recurso en el que destaca que la normativa otorga poderes arbitrarios a las autoridades, define de forma imprecisa las modalidades de conversión ilícita y obliga a los ciudadanos a revelar al Estado sus elecciones personales en materia de fe. La Corte Suprema solicitó al gobierno de Rajasthan que presente su respuesta. El caso podría tener consecuencias también a nivel nacional.

Nueva Delhi (AsiaNews) - La Corte Suprema de la India pidió ayer al gobierno de Rajastán que presentara una respuesta formal al recurso presentado por la Conferencia Episcopal Católica India (CBCI), que impugna la constitucionalidad de la Ley de Prohibición de Conversiones Religiosas Ilegales de Rajastán, 2025. La decisión del Tribunal marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre las leyes contra la conversión, cada vez más extendidas en los estados indios gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), el partido ultranacionalista hindú del que proviene el primer ministro Narendra Modi.

En su recurso, la CBCI sostiene que la ley de Rajastán viola varios pasajes constitucionales y otorga a las autoridades administrativas un poder «excesivo y arbitrario», permitiendo el embargo de propiedades o incluso la demolición de estructuras pertenecientes a personas o instituciones sospechosas de promover conversiones religiosas, sin una determinación judicial previa de la culpabilidad, en la que, por el contrario, un juez debe evaluar el grado de responsabilidad del delito. Se trata de un mecanismo que, según los obispos, viola el principio del debido proceso y abre la puerta a abusos basados en simples sospechas.

La Conferencia Episcopal también impugna la redacción de la ley, que prohíbe las conversiones obtenidas mediante «engaños», «información engañosa» o «cualquier otro medio fraudulento». Para los recurrentes, se trata de expresiones demasiado vagas, que pueden afectar a elecciones religiosas genuinas o a actividades pastorales normales. «Los actos ordinarios de fe, caridad o misión —se lee en el recurso— podrían interpretarse como coacción».

Otro elemento problemático es el procedimiento previsto para quienes desean cambiar de religión. La ley exige que la persona que desea convertirse y el ministro religioso presenten con mucha antelación declaraciones obligatorias a las autoridades del distrito, so pena de incurrir en fuertes sanciones pecuniarias o incluso en penas de prisión. Para los obispos, esto equivale a una práctica que obliga a los ciudadanos a revelar al Estado decisiones íntimas y estrictamente personales, violando el derecho a la privacidad y a la autonomía individual.

El recurso denuncia una vez más la inversión de la carga de la prueba: quien sea acusado de haber participado en una conversión considerada «forzada» debe demostrar su inocencia, lo que contraviene los principios fundamentales del derecho penal. Para la CBCI, este mecanismo expone a las personas y a las comunidades religiosas al riesgo de persecuciones arbitrarias.

La Conferencia Episcopal de la India se ha unido a otros grupos religiosos y de la sociedad civil que en los últimos años han llevado ante los tribunales indios casos relacionados con las leyes contra la conversión, instrumentalizadas para intimidar a las minorías cristianas y musulmanas y desalentar cualquier actividad pastoral o social que pueda interpretarse (o, más a menudo, manipularse) como proselitismo.

La Suprema Corte ha calificado el caso de «gran relevancia constitucional» y ha pedido al estado de Rajastán que justifique sus decisiones legislativas. El veredicto final podría sentar un precedente a nivel nacional. La decisión del Tribunal podría tener consecuencias importantes también para otras leyes contra la conversión ya vigentes en estados como Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Karnataka y Gujarat.