Rohingyas, comienza el juicio por genocidio pero sin hablar del Myanmar actual

Se abre en la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso del presunto genocidio cometido por el ejército birmano contra los rohingya en 2017. El proceso, presentado por Gambia, comienza tras años de inercia internacional, en un contexto marcado por profundas convulsiones políticas y militares en Myanmar. El golpe de 2021, la guerra civil en curso y las cambiantes alianzas sobre el terreno hacen que el juicio se encuentre cada vez más desconectado de la realidad actual.

La Haya (AsiaNews/Agencias) – Comenzó hoy en La Haya, ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, el caso sobre el presunto genocidio cometido por el ejército de Myanmar contra los rohingya, un grupo étnico mayoritariamente musulmán que se concentra en el Estado birmano occidental de Rakhine.

El ministro de Justicia de Gambia Dawda Jallow, quien presentó el caso ante el tribunal de la ONU que se ocupa de las disputas entre Estados, afirmó que el Tatmadaw (el ejército birmano) atacó deliberadamente al grupo con el propósito de eliminarlo. “No se trata de cuestiones esotéricas de derecho internacional. Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos. Los rohingya de Myanmar. Se los atacó para aniquilarlos”.

En 2017 los ataques de los generales birmanos - que hoy están inmersos en una sangrienta guerra civil - obligaron a huir hacia el vecino Bangladés a unos 750 mil rohingya. El golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 y el subsiguiente conflicto han impedido desde entonces el regreso de los desplazados. Varios jóvenes que permanecieron en Rakhine fueron obligados en los últimos años a luchar en las filas del ejército contra el Arakan Army - una de las milicias que componen la resistencia antigolpe - que ha recuperado varias zonas de Rakhine. Sin embargo, las autoridades judiciales no tratarán este cambio de situación.

El juicio es el primer caso de genocidio del que se ocupa integralmente la Corte Internacional de Justicia en más de una década, y es muy probable que el resultado tenga repercusiones que vayan más allá de Myanmar e influya también en la demanda de Sudáfrica contra Israel por la manera de conducir la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

Una misión de investigación de las Naciones Unidas de 2017 concluyó que los generales birmanos habían llevado a cabo “actos de genocidio”. El gobierno de Myanmar de aquel momento, encabezado por la líder democrática Aung San Suu Kyi, rechazó el informe, afirmando que la acción militar formaba parte de una campaña antiterrorista legítima en respuesta a los ataques de grupos armados rohingya.

En efecto, los enfrentamientos comenzaron debido a los ataques del Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) contra algunas bases del ejército birmano. Posteriormente, el ARSA siguió cometiendo crímenes y asesinatos selectivos, especialmente en los campos de refugiados rohingya de Cox 's Bazar, en Bangladés. En 2021, por ejemplo, un grupo de hombres armados mató a Mohib Ullah, un líder musulmán muy popular que había fundado la Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, asociación que lucha por los derechos de los desplazados. En los últimos años las autoridades de Bangladés han detenido a varios hombres del ARSA, entre ellos el jefe de la agrupación, Ataullah Abu Ammar Jununi.

En 2017 Aung San Suu Kyi – encarcelada por el ejército tras el golpe de 2021 – también fue acusada de haber respaldado al ejército y, por tanto, ser en parte responsable del “genocidio” de los rohingya. En realidad su hijo menor, Kim Aris, y varios analistas birmanos han señalado en reiteradas oportunidades que “la Señora” estaba tratando de evitar un enfrentamiento directo con los generales. No es casualidad que en 2019 la premio Nobel de la Paz calificara las acusaciones de genocidio presentadas por Gambia como “incompletas y engañosas”. Los acontecimientos posteriores han confirmado una vez más esta lectura: desde 2024, los jefes del Tatmadaw han reclutado a combatientes del ARSA en un intento de derrotar al Arakan Army, que a su vez acusa al ARSA de reclutar a jóvenes por la fuerza y atacar a civiles.

Si bien el ejército birmano sigue negando las acusaciones de genocidio, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) – compuesto por legisladores del anterior gobierno en el exilio – ha declarado que “acepta y acoge con satisfacción” la jurisdicción del tribunal de la ONU, y añade que ha “retirado todas las objeciones preliminares” presentadas anteriormente sobre el caso. En una inversión de su política, el NUG ha reconocido sus errores que, según afirma, “permitieron graves atrocidades” contra los rohingya. En la declaración que se emitió antes de la audiencia, los legisladores utilizaron precisamente ese nombre, que incluso Aung San Suu Kyi se había negado a emplear. Por lo general, en efecto, a los rohingya en Myanmar se les llama “bengalíes”, en un intento de presentarlos como migrantes originarios de Bangladés que no tienen derecho a la ciudadanía birmana.

Por otro lado, varios miembros de la población rohingya que han sufrido las persecuciones esperan que el caso pueda traer justicia a su pueblo: “Queremos justicia y paz”, declaró por ejemplo a Al Jazeera Janifa Begum, de 37 años, madre de dos hijos,. “Nuestras mujeres perdieron su dignidad cuando la junta militar comenzó el desalojo. Quemaron aldeas, mataron a los hombres y las mujeres se convirtieron en víctimas de una violencia generalizada”.

“Esperamos un resultado positivo que demuestre al mundo que Myanmar ha cometido un genocidio, que nosotros somos víctimas y que merecemos justicia”, comentó por su parte a Reuters Yousuf Ali, un refugiado rohingya de 52 años que declaró haber sido torturado por el ejército de Myanmar. Las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia durarán tres semanas, pero las sesiones estarán cerradas al público y a los medios de comunicación por razones de confidencialidad y privacidad.