«Detención de facto»: la nueva arma de Ankara para silenciar a críticos y opositores

La ola de detenciones también ha afectado a un presentador de televisión y a un rapero por «ofender al islam» en un programa de televisión. Las autoridades recurren cada vez más a prácticas sutiles de intimidación, como escoltas policiales a personas que simplemente están siendo investigadas. Ayer, Ozgur Celik fue reelegido líder provincial del CHP en Estambul tras su destitución por vía judicial.

Estambul (AsiaNews) - La magistratura turca, con el respaldo del Gobierno, recurre cada vez con mayor frecuencia a las «detenciones de facto» contra voces críticas, opositores y simples ciudadanos, incluso sin que exista ninguna medida judicial. Se trata de personas que son detenidas por la policía y «escoltadas» como si fueran presos o condenados, aunque no exista ninguna medida restrictiva ni sentencia. Mientras tanto, continúa la ola de detenciones que, además de políticos y administradores del principal partido de la oposición, el CHP, también afecta a artistas y personalidades del mundo del espectáculo: en los últimos días han acabado en la cárcel el youtuber Bogac Soydemir, presentador del programa «Soguk Savas», y su invitado Enes Akgunduz, rapero, por una broma satírica que hacía referencia a un hadiz (las enseñanzas del profeta Mahoma) que habría ofendido al islam.

El abogado Hüseyin Ersöz afirmó que el procedimiento de detención está claramente definido por la ley y que las prácticas que se salen de estos límites constituyen una violación del derecho a la libertad y la seguridad. Un ejemplo reciente es el del cantante Mabel Matiz, que se presentó estos días ante el tribunal para prestar declaración en el marco de una investigación en curso. Mientras atravesaba los pasillos acompañado por agentes de la policía informática, la escena daba la impresión de que se encontraba bajo arresto. Sin embargo, la fiscalía aclaró posteriormente que no se había dictado ninguna orden de detención.

La práctica de escoltar a las personas investigadas sin una orden de detención, ya sea simulando un «arresto» o acompañándolas al tribunal con agentes de policía, se ha vuelto cada vez más común en los últimos años y forma parte de una estrategia de miedo y temor. Los expertos jurídicos afirman que los procedimientos de detención están explícitamente definidos en el código y que cualquier medida que se desvíe de ellos constituye una violación de la libertad y la seguridad.

Al argumentar que el caso de Matiz no cumplía estas condiciones y constituía, por el contrario, una violación de los derechos fundamentales, el abogado Hüseyin Ersöz afirmó: «Parece que la fiscalía lo citó mediante el procedimiento normal, de conformidad con la ley. Pero nada más entrar en el tribunal —continúa— fue recibido por agentes de policía que llevaban chalecos de la Unidad Cibernética, que lo acompañaron hasta el final de su testimonio. Esto no tiene ningún fundamento jurídico». Y aunque la fiscalía ha negado cualquier medida de detención, las modalidades del trato constituyen, en cualquier caso, «una restricción de la libertad que no está definida ni prevista por el legislador».

Otro aspecto preocupante del caso Matiz fue la imposición de una prohibición de viajar incluso antes de que se tomara su declaración. Ersöz subrayó que estas prohibiciones son una medida de control judicial equivalente a la prisión preventiva y que restricciones similares se produjeron también en la denominada «investigación sobre los almirantes retirados». El abogado explica que, de las 102 personas interrogadas, solo una decena fueron objeto de órdenes de detención. «A los demás se les citó en el Departamento Antiterrorista, pero, a pesar de no existir una orden de detención, fueron escoltados al tribunal y sometidos a medidas de control judicial sin ser escuchados por un juez». «Esto demuestra cómo, en los últimos años, se están utilizando poderes no bien definidos por la ley —concluye el abogado— de formas que violan el derecho a la libertad».

Mientras tanto, continúa la serie de detenciones de personalidades y administradores de la oposición por delitos relacionados con la corrupción. El último episodio, que ha salido a la luz estos días, afecta a varios funcionarios actuales y antiguos de la capital, Ankara, que han acabado en el punto de mira de los magistrados en el marco de una investigación sobre varios conciertos organizados por el ayuntamiento. Las personas detenidas son al menos 13, en una investigación centrada en eventos musicales celebrados entre 2021 y 2024. Según la fiscalía, la investigación se inició tras el descubrimiento de fondos públicos utilizados indebidamente, con denuncias procedentes del Ministerio del Interior, el Tribunal de Cuentas y la policía tributaria.

Por último, ayer el CHP reeligió a Ozgur Celik como su jefe provincial en Estambul, después de que una sentencia judicial lo destituyera del cargo a principios de mes por presuntas irregularidades en su nombramiento. Un tribunal había determinado que los votos de los delegados en el congreso provincial de 2023 habían sido influenciados por pagos en efectivo, por lo que los miembros del consejo elegidos en el congreso debían ser destituidos. A continuación, el tribunal nombró al exvicepresidente Gursel Tekin como jefe provincial interino, una decisión que fue rechazada enérgicamente por la cúpula del partido. En una publicación en X (antes Twitter) tras la votación, Celik agradeció a quienes lo reeligieron y añadió que «este congreso no es un final, es un nuevo comienzo» y «estamos avanzando para convertirnos en el partido en el poder».