Estambul: detenciones, prohibiciones y bloqueo de Internet. Erdogan «oculta» la protesta a favor del CHP

Continúa la represión de las autoridades turcas contra el principal partido de la oposición. Tras la intervención de las cúpulas de la metrópoli comercial, los jueces podrían también anular las nacionales. Al menos 14 personas detenidas en los últimos días por incitar a la protesta en las calles. Bloqueos y restricciones a Internet, prohibiciones de manifestaciones, reparto de panfletos y sentadas.

Estambul (AsiaNews) - La incursión de drones rusos en Polonia, miembro de la Alianza Atlántica, que acerca cada vez más el conflicto entre Moscú y Kiev a Europa, y el ataque de Israel en Doha contra los líderes de Hamás, están eclipsando una emergencia democrática que se está produciendo en otro país de la OTAN: en los últimos días, y en medio del silencio internacional, la magistratura, con el beneplácito del gobierno, ha destituido y puesto bajo administración judicial a los líderes del Partido Republicano Popular (CHP), principal movimiento opositor del país, en Estambul. Además, se han producido varias detenciones entre quienes salieron a la calle a manifestarse, así como el bloqueo de Internet y la prohibición de manifestaciones en un intento de «ocultar» el disenso y el descontento entre la población contraria a la deriva autoritaria impuesta por el presidente Recep Tayyip Erdogan.

El 9 de septiembre, las autoridades detuvieron a tres personas por unas publicaciones en las redes sociales que incitaban a la población a reunirse frente a la sede del CHP en Estambul, después que la policía rodease el edificio en cumplimiento de la sentencia judicial para la sustitución de los dirigentes electos. La Fiscalía General también ha iniciado una investigación sobre 24 cuentas acusadas de «incitación a cometer un delito», una norma del Código Penal utilizada contra los llamamientos a la protesta en la calle. Las fuerzas del orden detuvieron a un total de 14 personas, nueve de las cuales fueron remitidas a los tribunales.

Los magistrados ordenaron la prisión preventiva en espera de juicio para la escritora Nur Betül Aras y el politólogo Abdullah Esin (el tercero no ha sido oficializado); los demás fueron puestos en libertad condicional, lo que puede incluir la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades o restricciones a la libertad de movimiento. Otras diez personas siguen siendo buscadas. Según otras fuentes, Aras también deberá responder por «insulto al presidente», un cargo que su abogado ha calificado de infundado.

Los jueces han restringido el acceso a plataformas y redes sociales como X (antes Twitter), YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp, según informan los expertos de Netblocks, un monitor global de la red. Las restricciones y bloqueos estarían relacionados con la convocatoria de manifestaciones y protestas por parte del CHP, después de que la policía levantara barricadas alrededor de la sede en Estambul para facilitar la entrada de los «nuevos dirigentes». Por su parte, la Unión Turca de Proveedores, principal responsable de la aplicación de las severas restricciones impuestas por las autoridades, no ha hecho ningún comentario al respecto. Al mismo tiempo, la oficina del gobernador ha prohibido, del 7 al 10 de septiembre, las reuniones públicas en varios distritos, entre ellos Besiktas, Beyoglu, Eyupsultan, Kagithane, Sariyer y Sisli, por «motivos de orden público». La prohibición afecta a las declaraciones a la prensa, las reuniones, las manifestaciones, el montaje de carpas, las sentadas, las campañas de recogida de firmas, las conmemoraciones, el reparto de folletos y la colocación de pancartas o carteles.

El partido y su ala juvenil habían invitado a sus seguidores a reunirse frente al edificio. Según los fiscales, las publicaciones en las redes sociales objeto de la investigación animaban a la gente a participar en las concentraciones a pesar de las prohibiciones. El CHP, el partido político más antiguo de Turquía, administra los municipios de las principales ciudades, entre ellas Estambul, metrópoli de más de 16 millones de habitantes y centro económico del país. La protesta se desencadenó por la decisión del tribunal civil de anular el congreso provincial del partido de 2023 y destituir a los dirigentes locales elegidos por presuntas irregularidades. El tribunal nombró un consejo de administración provisional compuesto por cinco personas; en respuesta, el partido expulsó al veterano político Gürsel Tekin después de que este aceptara el nombramiento.

Las detenciones forman parte de una campaña más amplia que se ha intensificado tras las aplastantes victorias de la oposición en las elecciones locales de marzo de 2024. Desde octubre del año pasado, los fiscales y la policía han llevado a cabo investigaciones sobre corrupción y terrorismo que han dado lugar a cientos de detenciones, entre ellas la del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, la figura más importante de la oposición, en marzo. Al menos 15 alcaldes del CHP han sido encarcelados en espera de juicio, lo que ha tenido repercusiones también en el plano económico, con turbulencias en los mercados y preocupación entre los inversionistas extranjeros. Mientras tanto, el partido ha cambiado la dirección de la sede provincial, indicando la antigua sede de Sarıyer como oficina de trabajo del presidente Özgür Özel.

Por último, la fiscalía de Ankara ha iniciado simultáneamente otro procedimiento civil que impugna la validez del congreso nacional del CHP de noviembre de 2023, que eligió al propio Özel como líder del partido fundado por Mustafa Kemal Atatürk. La sentencia está prevista para el próximo 15 de septiembre: si el tribunal anulara el congreso, los jueces podrían invalidar la votación y sustituir a los líderes nacionales por figuras más «complacientes» con el gobierno y con el propio Erdogan. De ahí la solicitud del partido de convocar un congreso extraordinario el 21 de septiembre para permitir a los delegados emitir un nuevo voto independientemente de los plazos del tribunal; sin embargo, la solicitud debe ser aprobada primero por una comisión electoral local.