Colombo aumenta el costo de las visas: la industria turística se enfrenta con el gobierno

de Arundathie Abeysinghe

Un incidente en el aeropuerto internacional Bandaranaike de Colombo, el 1 de mayo, ha puesto en evidencia las tensiones entre la industria del turismo y el gobierno. Autorizaron a empresas privadas como GBS y VFS a expedir visas, lo que aumentó las tarifas. Acusaciones cruzadas entre el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno, que iniciará una investigación.

Colombo (AsiaNews)- Un episodio inesperado el 1 de mayo en el aeropuerto internacional Bandaranaike de Colombo ha sacado a la luz el problema de la mala gestión de las visas en Sri Lanka. La negativa del personal "indio" que está a cargo de la inmigración a conceder una visa a la esposa extranjera del abogado y ciudadano cingalés Sandaru Kumarasinghe hizo estallar una polémica cuando se difundió en las redes sociales un vídeo que registra lo ocurrido. En efecto, en el país se está verificano un enfrentamiento entre la industria turística y el gobierno por la subcontratación de los trámites de emisión de visas a empresas privadas que ha elevado las tarifas; pero también la eliminación de la Electronic Travel Authorisation (ETA) y la desaparición de las visas de turista de 30 días que eran las más flexibles y económicas.

Los involucrados en el episodio que se difundió en el video son empleados de una empresa que depende de GBS Technology Services & IVS Global FZCO y VFS VF Worldwide Holdings Ltd, a las que el Ministerio de Seguridad Pública concedió autorización el mes pasado para emitir los documentos para las visas electrónicas de ingreso. El acuerdo actual ha hecho que el costo de las visas de turista "se disparen" hasta superar los 100 dólares por una duración de 180 días. Como resultado, los turistas que deseen quedarse menos de un mes deben pagar U$S 75 por un permiso de ingreso por un mínimo de tres meses y además U$S 18,50 y U$S 5 por tarifas de “servicio” y “conveniencia”. Tiran Alles, ministro de Seguridad Pública, declaró que "se tomarán medidas contra la persona que provocó el desorden y contra los agentes involucrados en el incidente".

El abogado Sandaru Kumarasinghe, que regresaba al país de un viaje a Tailandia, fue citado posteriormente a la estación de policía de Katunayake, un suburbio donde se encuentra el aeropuerto internacional, para tomarle declaración sobre lo ocurrido el 1 de mayo. Kumarasinghe expresó su contrariedad por la citación y declaró que “el pueblo debe decidir si la declaración debe hacerla él, que representa al pueblo, o aquellos que han decidido subcontratar la emisión de visas a una empresa extranjera”, intentando evidentemente llamar la atención sobre los verdaderos responsables de la gestión abusiva de la emisión de visas, es decir, el gobierno y las empresas privadas autorizadas, evitando llevar a juicio o someter a un interrogatorio a ciudadanos comunes y turistas víctimas de ese sistema.

Altos funcionarios del aeropuerto de Bandaranaike explicaron a Asia News que “las tarifas exorbitantes están en directa contradicción con el Boletín del Ministerio de Seguridad Pública de noviembre del año pasado, que permitía emitir visas gratuitas para siete países, entre ellos Japón, Tailandia, India, China, Indonesia. Rusia y Malasia, pero también reducir la tasa anterior para los visados por internet de 30 días para todos los países que no pertenecen a la zona Saarc (South Asian Association for Regional Cooperation, ndr) de 50 a 35 dólares”. Según los cambios anunciados por el Departamento de Inmigración y Emigración a partir del 17 de abril, la visa de corto plazo no se ofrece actualmente y solo está disponible la visa más cara de tres meses con las tarifas adicionales que el Ministerio de Seguridad Pública acordó con los entes privados. Sin embargo, ni el Boletín ni el aviso del Departamento de Inmigración que contiene las categorías de visas y las tarifas correspondientes mencionan acuerdos con empresas privadas ni publican las tarifas de sus servicios. La situación, planteada de esa manera, supone zonas grises que justifican la polémica.

Mientras tanto, VFS Global, una reconocida empresa internacional involucrada en la controversia sobre visas de ingreso, ha comunicado una serie de preocupaciones al Ministerio de Seguridad Pública, declarando que está "conmocionada porque ha sido víctima de la situación", haciendo responsable del incidente a una supuesta falla de la red de internet en el aeropuerto que habría provocado el fallo de los sistemas. Es por eso que el 1 de mayo se habrían producido serios retrasos en la oficina de visas de ingreso del aeropuerto, y VFS y GBS presentaron cargos de sabotaje ante el Ministerio de Seguridad Pública.

Según una fuente altamente cualificada, “dado que las empresas extranjeras involucradas han planteado estas preocupaciones al Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno iniciará a la brevedad una investigación dirigida por el subsecretario del presidente Chandima Wickramasinghe”. Y como la empresa afectada ha demorado en volver a poner en funcionamiento la plataforma, la oficina de visados de ingreso volvió a quedar en manos del Departamento de Inmigración y Emigración (que estaba anteriormente a cargo), que ha seguido operando sin problemas. Actualmente VFS Global gestiona visas similares de ingreso en 67 países.