Comienzan en La Haya las audiencias preliminares del juicio contra Duterte
La Corte Penal Internacional debe pronunciarse sobre las acusaciones de crímenes contra la humanidad contra el ex presidente filipino por los asesinatos que se ordenaron en el marco de la guerra contra las drogas. Tiene más de ochenta años y lleva casi un año detenido en Holanda, pero su figura sigue provocando división en Manila. Mientras tanto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Türk, ha pedido a Filipinas que vuelva a adherirse al Estatuto de Roma.
La Haya (AsiaNews) - El proceso judicial contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte ante la Corte Penal Internacional (CPI) comenzó formalmente hoy en La Haya, casi un año después de su extradición.
Fuera de la sala se congregaron partidarios de Duterte aunque el ex jefe del Estado filipino renunció a estar presente. El tribunal, integrado por la presidenta Iulia Antoanella Motoc, de nacionalidad rumana, y las juezas Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou de Benín y María del Socorro Flores Liera, mexicana, dio comienzo a las 10 de esta mañana a la audiencia, que se repetirá mañana, el 26 y el 27 de febrero. Los jueces escucharán la presentación del caso por parte de la acusación, así como los argumentos de la defensa y de los representantes legales de las víctimas, en el caso por crímenes contra la humanidad contra el octogenario Duterte, quien nunca ha reconocido la autoridad del Tribunal.
La acusación se basa en el Artículo 7 (1) (a) del Estatuto de Roma por los asesinatos cometidos durante las campañas contra la droga entre el 1 de marzo de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Primero como alcalde de la gran ciudad de Davao, donde organizó "escuadrones de la muerte" contra traficantes, drogadictos y okupas, y luego como jefe de Estado, cargo que ocupó desde 2016 hasta 2022. Tras una dura batalla con la Corte de La Haya, que el 7 de marzo de 2025 había emitido una orden de detención en su contra, cuatro días después fue arrestado en Manila por agentes de la policía filipina - con el beneplácito de su sucesor, Marcos Jr. - y de la Interpol, y trasladado inmediatamente a Holanda.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A.A. Khan, calificó la medida como "significativa", y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la consideró crucial para hacer justicia por la muerte de miles de filipinos. El arresto dividió al país en dos bandos, enfrentando a partidarios y contrarios a procesar a una figura que todavía goza de una amplia aceptación debido a su estilo autoritario y su carácter poco inclinado al compromiso. Duterte había hecho de la "guerra contra las drogas" – una plaga que en Filipinas se alimenta de la pobreza y la falta de oportunidades y derechos, sumado a las actividades de aguerridas asociaciones criminales y ámbitos de connivencia y corrupción – uno de los puntos principales de su programa electoral, lo que le valió el favor del electorado.
Türk destacó la importancia de los marcos jurídicos internacionales para combatir la impunidad y prevenir futuras violaciones, e invitó a Filipinas a adherirse nuevamente al Estatuto de Roma, del que se había retirado el 17 de marzo de 2019 precisamente por decisión de Duterte, aunque no por eso decayeron las posibilidades de intervención por los años anteriores sobre la base de la acusación de crímenes contra la humanidad. Por el momento, la figura del ex presidente sigue siendo controvertida y divisiva en Filipinas, donde persiste la falta de cooperación con la Corte y - a pesar de las presiones incluso internas - se mantiene la prohibición de ingreso a sus investigadores.
17/12/2016 13:14
