Tras décadas de rivalidad entre los dirigentes políticos de las ciudades de Leh y Kargil, la revocación de la autonomía de Jammu y Cachemira en 2019 había propiciado una unión histórica para reclamar mayores garantías constitucionales y la defensa de las tierras tribales. Ahora, la creación de nuevas unidades administrativas en la región del Himalaya ha reavivado las acusaciones contra el Gobierno del primer ministro Narendra Modi de querer dividir a la población según criterios étnicos y religiosos y favorecer el control directo de Delhi.

 

Leh (AsiaNews) - La decisión del Gobierno indio de crear cinco nuevos distritos administrativos en la meseta himalaya de Ladakh ha reavivado el temor a una estrategia de «divide y vencerás» por parte de Delhi, al igual que ya ocurrió en Cachemira. La reorganización territorial, aprobada el 27 de abril por el gobernador Vinai Kumar Saxena, ha puesto de manifiesto los intentos del Gobierno central de dividir a los budistas y musulmanes de la región, que habían logrado superar años de rivalidad y desconfianza mutua, construyendo una plataforma política común contra el creciente control directo del ejecutivo liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

Con la creación de los nuevos distritos de Sham, Nubra, Changthang, Zanskar y Drass, el territorio himalayo pasa de dos a siete distritos administrativos. Oficialmente, el objetivo sería descentralizar el poder y mejorar el acceso a los servicios públicos en las zonas más aisladas. Pero algunos analistas sostienen que el verdadero objetivo es reducir el peso político de la comunidad musulmana y romper la coalición que las ciudades de Leh y Kargil, desde siempre los dos principales polos religiosos y políticos de la región, habían logrado construir en los últimos años. 

Según el último censo disponible, que data de 2011, Ladakh cuenta con unos 274.000 habitantes, de los cuales el 46,4 % son musulmanes y el 39,6 % budistas. A pesar de que los musulmanes representan una ligera mayoría demográfica, con la nueva delimitación administrativa solo serán mayoría en dos distritos (Kargil y Drass). El historiador Siddiq Wahid ha subrayado que, de este modo, «se reduce la representación musulmana a menos de un tercio, a pesar de que musulmanes y budistas tienen un número casi equivalente».

La que se está produciendo actualmente en Ladakh es la siguiente fase de una transformación política iniciada en 2019, cuando el Gobierno de Modi revocó el estatus especial de Jammu y Cachemira, derogando el artículo 370 de la Constitución india y dividiendo el antiguo estado en dos territorios federales administrados directamente desde Delhi: Jammu y Cachemira, por un lado, y Ladakh, por otro.

Muchos budistas de Leh vieron en un primer momento esa decisión como una victoria histórica. Durante décadas habían pedido separarse de Cachemira, alegando que se les había marginado tanto en el plano económico como en el político. Ya desde los años 50, los líderes budistas habían reclamado mayor autonomía y, en algunos casos, la anexión directa al Gobierno central indio. En los años 80, la Asociación Budista de Ladakh transformó esta reivindicación en una auténtica movilización identitaria, allanando el camino para las tensiones sectarias con la población musulmana de Kargil.

En 1989 la situación se cristalizó: en Leh se extendió la idea de que los musulmanes y Cachemira representaban un obstáculo para el desarrollo de la región, mientras que la ciudad de Kargil, de mayoría chiíta, reaccionó acercándose a Cachemira y oponiéndose a la separación, por temor a convertirse en otra periferia marginal.

Tras treinta años de divisiones por motivos religiosos, el orden impuesto en 2019 dio lugar a una alianza entre las dos ciudades rivales. La alegría de los habitantes de Leh por haber conseguido el reconocimiento como Territorio de la Unión (al igual que Nueva Delhi, Puducherry y las islas Andamán y Nicobar) pronto se vio sustituida por la desilusión. De hecho, Ladakh aún no ha conseguido un parlamento local elegido, a diferencia de Jammu y Cachemira, sino que ha pasado a estar bajo el control directo del Ministerio del Interior indio a través de lo que se denomina vicegobernador, nombrado por Delhi.

Funcionarios procedentes de otras partes de la India han asumido el control de las principales decisiones administrativas, mientras que los dos consejos autónomos elegidos de Leh y Kargil han perdido peso político. Muchos habitantes han expresado el temor de que la apertura a las inversiones externas pueda favorecer la llegada de trabajadores y empresas, con el riesgo de alterar los equilibrios demográficos y poner en peligro las tierras tribales.

Es gracias a estos temores compartidos que Leh y Kargil se han acercado de nuevo. Las dos principales organizaciones políticas locales —el Leh Apex Body y la Kargil Democratic Alliance— han decidido así unir fuerzas para exigir cuatro garantías fundamentales: pleno reconocimiento de la Constitución, protección de las tierras y los puestos de trabajo locales, una representación política más amplia y el restablecimiento de instituciones electivas de manera democrática.

La convergencia entre budistas y musulmanes representa, según varios comentaristas, un giro sin precedentes en la historia política de Ladakh. También personalidades como el activista climático Sonam Wangchuk han contribuido a la movilización general, organizando protestas, ayunos y marchas para denunciar la creciente centralización del poder por parte de Delhi.

En 2021, el Gobierno indio se vio obligado a crear un «Comité de Alto Nivel» para negociar una solución con los representantes de Ladakh. Solución que nunca llegó porque, en septiembre del año pasado, las conversaciones se interrumpieron a raíz de violentas protestas en Leh. Las negociaciones se han reanudado en los últimos meses y, según varios medios de comunicación indios, se habría alcanzado un acuerdo preliminar para crear un órgano legislativo elegido dotado de poderes administrativos y financieros, además de protecciones constitucionales específicas similares a las garantizadas en otros estados de la cordillera del Himalaya.

Muchos habitantes ven con recelo las nuevas promesas del Gobierno indio. La creación de los nuevos distritos parece un intento de debilitar la solidaridad que se ha creado entre budistas y musulmanes. «Es otro ejemplo del proyecto de marginación de los musulmanes llevado a cabo por el Gobierno de Modi en toda la India», declaró Sajjad Kargili, una de las figuras del activismo local.

Desde que llegó al poder en 2014, el BJP intenta alimentar su consenso polarizando al electorado según criterios étnicos y religiosos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, también en Manipur, donde el conflicto estallado hace tres años aún no ha sido resuelto por el Gobierno, que inició las negociaciones pero luego mostró cierto desinterés.

«La pregunta que se hacen hoy los ladakhis», subrayó el historiador Siddiq Wahid, «es si las conversaciones son realmente un intento de paz o solo una estrategia para ganar tiempo mientras el tablero político de Ladakh se rediseña lentamente en beneficio de Delhi».

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