Delhi: la sentencia Vanshakti y las autorizaciones ambientales retroactivas
Revirtiendo un veredicto anterior que prohibía las autorizaciones ambientales retroactivas la Corte Suprema ha abierto la puerta a proyectos ya iniciados sin permiso previo, debilitando la protección legal de los territorios y el principio de precaución. Preocupación de los movimientos ambientalistas precisamente en el momento en que la India anuncia planes ambiciosos para la industria manufacturera.
Milán (AsiaNews) - Precisamente cuando la India anuncia en estas horas, con su nuevo presupuesto federal, un fuerte apoyo a la industria manufacturera en algunos sectores estratégicos y nuevas inversiones en las infraestructuras, los movimientos ambientalistas locales manifiestan una gran preocupación por la flexibilización de las restricciones para el lanzamiento de nuevos proyectos. Una sentencia emitida en noviembre pasado, de hecho, ha supuesto un punto de inflexión en la jurisprudencia ambiental india. Desde hace décadas la Corte Suprema – sobre todo desde que se verificaron los efectos devastadores del desastre de Bhopal en 1984 - ha reconocido el derecho a un ambiente limpio como parte integrante del derecho a la vida consagrado por el artículo 21 de la Constitución. El 18 de noviembre de 2025, sin embargo, se ha cuestionado este marco. Con la sentencia Vanashakti, conocida como “Review”, la Corte revocó una decisión anterior de mayo de 2025, que había anulado dos circulares oficiales de 2017 y 2021 que permitían autorizaciones ambientales retroactivas. La Review ha establecido que las autoridades pueden conceder permisos ambientales incluso después de que un proyecto ya haya sido iniciado o ampliado, sin respetar la obligación de una evaluación previa que establece la Environmental Impact Assessment (EIA) Notification de 2006.
La primera sentencia de mayo había afirmado claramente que las autorizaciones ex post facto son contrarias a la ley y al principio de precaución, anulando las circulares ministeriales y subrayando que pagar multas no puede sustituir la prevención de los daños ambientales. Esta decisión era coherente con precedentes importantes, como los casos Common Cause (2017), Alembic Pharmaceuticals (2020) y Electrosteel (2023), que reafirmaban el principio fundamental: la autorización debe preceder a los trabajos, y los daños ambientales deben ser prevenidos, no subsanados después del hecho. En otras palabras, la función de la EIA es garantizar que los riesgos ambientales sean evaluados antes del inicio de los proyectos, considerando también los efectos acumulativos sobre el ambiente e involucrando a la comunidad en consultas públicas.
La Review, en cambio, justifica el cambio con razones económicas y haciendo referencia a sentencias anteriores que habían concedido excepciones en casos específicos. La Corte considera que detener grandes proyectos que ya están en marcha a menudo con ingentes inversiones públicas y privadas, podría comportar pérdidas económicas significativas. Como consecuencia, las verificaciones preventivas a menudo se hacen después, reduciendo todo a una forma de gestión del daño y transformando la ley en una simple recomendación, mientras que las multas se convierten en la principal herramienta para regularizar las infracciones. Aunque la norma “EC first” sigue siendo la regla general, la apertura a casos excepcionales crea un precedente que puede ser interpretado como incentivo para comenzar las obras sin el permiso correspondiente, confiando en la posibilidad de una futura regularización.
Otro aspecto controvertido se refiere al compromiso que asumió el gobierno ante la Corte en 2017 de recurrir a la autorización retroactiva solo como una excepción. La Review ignora este compromiso y deja la puerta abierta a regularizaciones ilimitadas, extendiendo también el privilegio al sector privado.
Los ambientalistas han expresado fuertes preocupaciones. El veredicto podría debilitar los principios fundamentales de la tutela ambiental, reemplazando la prevención de los daños por sanciones económicas y socavando la seguridad jurídica. Constituye un cambio de paradigma que podría tener consecuencias duraderas en el ambiente, el respeto de la ley y la función del Estado en la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
14/07/2023 16:33
