Desalojos en Islamabad: cientos de familias en riesgo sin un plan de reasentamiento

de Shafique Khokhar

La Capital Development Authority (CDA) continúa con las demoliciones de los asentamientos informales —katchi abadis—, donde viven muchos cristianos. En el sector G-7 (Allama Iqbal Colony), se ha desplegado un gran contingente policial y maquinaria pesada. Los residentes denuncian la falta de preaviso y la ausencia de viviendas alternativas, mientras diversas ONG acusan a las autoridades de mostrar hostilidad hacia las minorías y las personas en situación de pobreza.

Islamabad (AsiaNews) — La Capital Development Authority (CDA) sigue llevando adelante las operaciones de demolición en el asentamiento informal G-7 (Allama Iqbal Colony), al tiempo que se intensifican las campañas de desalojo en diversos katchi abadis —asentamientos informales— de Islamabad, provocando las protestas de los residentes y ha acrecentado la preocupación de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos sobre los desalojos forzosos y la falta de medidas de reasentamiento.

La operación, respaldada por un masivo despliegue de fuerzas policiales y maquinaria, forma parte de una campaña para aplicar la legislación vigente y desalojar lo que las autoridades califican como “invasiones ilegales de terrenos públicos”. Sin embargo, los residentes se resisten a la demolición, bloquean el paso de los vehículos en algunas zonas e intentan recuperar sus pertenencias de las viviendas que ya han sido parcial o totalmente demolidas.

Testimonios directos provenientes de la zona sugieren que los equipos de la Capital Development Authority han reanudado las operaciones incluso en lugares donde las estructuras ya habían sido señalizadas o dañadas durante operaciones anteriores. Si bien algunos grupos de casas ya han sido desalojados, otros se encuentran bajo amenaza, lo que genera temor e incertidumbre en las familias que aún viven allí.

Los residentes de G-7 sostienen que viven en el asentamiento desde hace décadas y reivindican derechos de ocupación a largo plazo, afirmando que se han visto obligados a recurrir a viviendas precarias debido a la falta de alternativas asequibles en la capital. Denuncian que no se realizaron consultas adecuadas, procedimientos de notificación formal o un plan claro de reurbanización, lo que deja a cientos de familias en riesgo de quedar sin hogar. Los manifestantes se concentraron cerca de las viviendas demolidas, exigiendo la suspensión inmediata de la operación y medidas de reasentamiento adecuadas antes de que se emprendan nuevas acciones.

Organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos han criticado duramente las continuas demoliciones, afirmando que constituyen una violación de las garantías constitucionales relativas a la dignidad, la vivienda y el debido proceso. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) y las organizaciones aliadas —la Alianza de Pakistán para los Katchi Abadis, la Comisión Católica para la Justicia y la Paz, el Partido de los Trabajadores Awami y otras— han criticado la aproximación hostil de la CDA a las personas en situación de pobreza y la falta de suministro de viviendas adecuadas a bajo costo, señalando que desde el año 2000 en la ciudad solo se ha puesto en marcha un programa limitado, a pesar de que la población de los katchi abadis es de aproximadamente 500.000 personas.

Las organizaciones piden que los asentamientos informales sean reconocidos y regularizados, y advierten que las demoliciones están agravando la crisis habitacional. Señalan asimismo que la vivienda es un derecho fundamental según el artículo 9 de la Constitución, y exigen el fin de los desalojos forzosos y el respeto de las órdenes judiciales y de las garantías procesales en todos los casos.

Las ONG han advertido además que las reiteradas campañas de desalojo en los asentamientos informales de Islamabad tienen un enorme impacto en las comunidades de bajos ingresos, incluyendo las minorías religiosas marginadas, en particular las familias cristianas que viven en diversos katchi abadis repartidos por la ciudad. Un gran número de residentes de asentamientos similares en toda Islamabad corren el riesgo de ser desalojados por este tipo de operaciones en curso, lo que alimenta el temor de una crisis humanitaria más amplia si no se implementan programas de reasentamiento.

Los activistas han pedido a las autoridades que se suspendan inmediatamente las demoliciones hasta que se implemente una política de reasentamiento transparente y basada en los derechos, en consulta con las comunidades afectadas, argumentando que la aplicación de la ley sin un plan de reasentamiento agrava la desigualdad urbana y la exclusión social.

A pesar de las crecientes críticas, los funcionarios de la CDA sostienen que la operación es necesaria para recuperar terrenos públicos y hacer cumplir el plan maestro de la ciudad, aunque no exista una estrategia detallada de reubicación para las personas afectadas. Las fuerzas de seguridad permanecieron en el área durante toda la jornada del lunes mientras persistían las tensiones, y los residentes siguieron presentes cerca de las estructuras dañadas, agobiados por la incertidumbre sobre lo que les puede deparar el futuro.