Una investigación revela los efectos de una enmienda aprobada en noviembre y que afecta a miles de personas. Las incautaciones tienen por objeto crear "zonas de construcción de reserva", una medida temporal para acelerar la recuperación. Los ciudadanos protestan: "Podemos reparar nuestras casas".

Estambul (AsiaNews) - El alivio y la fortuna, en la devastación, de ver que la casa de uno seguía en pie mientras a su alrededor el terremoto había arrasado barrios enteros. Y, menos de un año después, la amarga sorpresa de verla embargada por el gobierno con un breve y frío mensaje de texto en el teléfono notificando la orden de expropiación. Esto es lo que le ocurrió a Habip Yapar, de 61 años, originario del sur de Turquía, que también se vio afectado por el terremoto del 6 de febrero de 2023 y que, el pasado mes de octubre, tuvo que entregar simbólicamente las llaves de su casa en la provincia de Hatay a funcionarios del Ministerio de Hacienda. Así se desprende de una investigación publicada hoy por Reuters, que afectó a Yapar como a otros muchos miles de conciudadanos que sobrevivieron al seísmo afectados por una modificación de la ley de planificación urbana.

El ministro turco de Urbanismo, Mehmet Ozhaseki, declaró a principios de febrero que el gobierno necesita los nuevos poderes establecidos en la enmienda a la ley para acelerar la reurbanización de los barrios de las ciudades gravemente dañadas por el terremoto. Hatay, en la frontera con Siria, sufrió los mayores daños durante el seísmo más mortífero de la historia moderna del país y, desde entonces, la reconstrucción parece haberse retrasado con respecto a los ambiciosos plazos -y planes- fijados por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Según la norma, aprobada en noviembre, las incautaciones tenían como objetivo crear "zonas de construcción de reserva", una medida temporal para acelerar la recuperación, y los afectados tendrían derecho a una nueva vivienda previo pago del coste de construcción, sin dar detalles de la carga financiera..

Aunque el seguro contra terremotos es obligatorio, la norma no siempre se cumple y a menudo sólo cubre parte del coste de reconstruir o comprar una propiedad. La investigación de Reuters, que sondeó a decenas de residentes, abogados y funcionarios, muestra que los planes de embargo tomaron desprevenidos a miles de propietarios, muchos de los cuales se enteraron por las redes sociales de que sus propiedades se verían afectadas. Al igual que Yapar, decenas de personas de la localidad costera de Samandag recibieron mensajes incluso antes de que se aprobara la enmienda en noviembre. Cinco meses después, el gobierno aún no ha facilitado ninguna información sobre los pagos, qué ocurrirá si no pueden hacerlo, las indemnizaciones a las que puedan tener derecho y cuándo y durante cuánto tiempo exactamente estarán sus títulos en poder del ejecutivo.

Yapar vive con su mujer, su hijo adulto y su hija en un refugio temporal de tiendas de campaña. Como él, al menos 215.000 supervivientes de Hatay viven en campamentos de contenedores o tiendas de campaña. Ingeniero civil jubilado, había ahorrado para reparar su casa de dos plantas, pero con el traspaso de la propiedad al gobierno, no puede empezar las obras y está prevista su demolición. Ha presentado una demanda contra la demolición, negando que el edificio sea irrecuperable e inhabitable. Podemos", dice, "reconstruir nuestras casas nosotros mismos y no queremos ni un céntimo del Estado".

La historia del ingeniero de 61 años no es un caso aislado en Hatay, pues ya se han presentado varios casos en los tribunales contra las expropiaciones forzosas, mientras que no hay ningún comentario oficial del Ministerio de Planificación Urbana ni de la oficina del presidente. Mientras tanto, varios partidos de la oposición han presentado preguntas parlamentarias pidiendo al ministerio más información sobre la nueva ley, pero han quedado sin respuesta.

Hatice Altinoz cuenta que ella y su hijo Ahmet tuvieron que abandonar su piso dañado en Antioquía porque estaba situado en una zona que había sido despejada en gran parte para la reconstrucción. "Las autoridades", señala, "no nos proporcionaron un contenedor para alojarnos porque nuestro edificio no se había derrumbado, así que me mudé a la casa contenedor de mi hija". "Mi familia y yo", comenta Dilay Dolar, empresaria de 57 años, "hemos trabajado duro para tener estas propiedades [...] Pero ahora no está claro qué nos deparará el futuro". Monseñor Paolo Bizzeti, vicario apostólico de Anatolia y presidente -recientemente reelegido- de Cáritas Turquía, había advertido recientemente de "cuestiones críticas" en la gestión posterior al terremoto, debido tanto a las "enormes dimensiones" de la tragedia como a las incertidumbres. Necesitamos planes maestros", advirtió el prelado, "ideas y proyectos, una gestión que no sea clientelista".

En total, Erdogan prometió 254.000 nuevas viviendas para la provincia de Hatay; hasta ahora se han construido menos de 7.300, según datos de la oficina del gobernador.