de Nirmala Carvalho

Miles de personas salieron a las calles para pedir que se aplace el censo de 2027 hasta que se actualice el Registro Nacional de Ciudadanos. La mayoría meitei considera que es una herramienta contra la inmigración ilegal procedente de Myanmar, mientras que para la minoría kuki-zo podría convertirse en un instrumento de exclusión política y social. Sigue sin resolverse el conflicto étnico que estalló en 2023, agravado por la disputa por el control de la tierra y de las rutas transfronterizas.

Imphal (AsiaNews) - Miles de personas salieron ayer a las calles de Imphal para exigir que el censo nacional previsto para 2027 no se lleve a cabo en Manipur antes de que se actualice el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC). El gobierno local respondió reiterando un llamamiento a la reconciliación con la comunidad kuki-zo, que sigue profundamente afectada por la violencia étnica de los últimos tres años, aunque los enfrentamientos entre los distintos grupos étnicos continúan y la situación se vuelve cada vez más compleja. 

La manifestación, organizada por un grupo llamado CSOs Kangak, reclamaba “NRC First, Census Later” (“Primero el Registro de Ciudadanos, después el censo”). Los manifestantes pidieron al gobierno central de Delhi que suspenda la publicación de los datos demográficos del censo y que no proceda a la redefinición de las circunscripciones electorales hasta que se complete un Registro Nacional de Ciudadanos basado en los datos del censo de 1951.

Según los organizadores, el censo podría alterar el equilibrio demográfico y político del Estado si no se identifica previamente a quienes consideran inmigrantes ilegales, una cuestión particularmente delicada en Manipur, donde una parte de la población meitei, que es mayoritaria y vive principalmente en el valle de Imphal, sostiene desde hace años que la inmigración procedente de Myanmar ha modificado la composición étnica de las zonas montañosas, donde se concentran las comunidades kuki-zo (entre el 16 y el 20% de la población) y naga (alrededor del 24% de la población).

Myanmar es precisamente uno de los principales ejes de la crisis. La extensa frontera, —que en los últimos años han cruzado decenas de miles de personas que huyen de la guerra civil, desencadenada tras el golpe de Estado de 2021— se ha convertido en uno de los temas centrales del debate en Manipur. En varias regiones de Myanmar la situación está fuera de control porque desde hace décadas operan grupos armados étnicos que luchan entre sí y, en algunos casos, contra el gobierno central para obtener una mayor autonomía en sus territorios.

La frontera entre la India y Myanmar es, en su mayor parte, una herencia del periodo colonial británico. Cuando ambos países obtuvieron la independencia, en 1947 y 1948, pasó a ser una frontera internacional que dividió a poblaciones pertenecientes a las mismas etnias, que quedaron viviendo a ambos lados de la línea fronteriza. Manipur, por ejemplo, se incorporó a la India en 1949, dos años después de la partición entre la India y Pakistán y el nacimiento de los dos Estados. En el transcurso de las décadas siguientes, cada comunidad étnica formó sus propias organizaciones armadas —aunque a nivel local se las denomina “voluntarios”, ya que afirman que su misión es proteger las aldeas—, de forma similar a lo que ocurrió en Myanmar.

La petición que presentaron ayer los manifestantes fue rechazada enérgicamente por la comunidad kuki-zo, que considera que el NRC constituye una herramienta discriminatoria. Para muchos miembros de esta minoría, en su mayoría cristiana, un procedimiento basado en la presentación de documentos históricos podría perjudicar precisamente a las familias que han sufrido las consecuencias más graves de la violencia que estalló hace tres años.

El conflicto ha provocado hasta ahora más de 250 muertos, según los datos oficiales, y ha obligado a más de 60.000 personas a abandonar sus hogares, creando una de las crisis internas más graves de la India en los últimos años. Miles de desplazados todavía viven en campamentos temporales de acogida, a menudo sin documentos de identidad, títulos de propiedad u otros documentos que permitan demostrar su ciudadanía. Esta situación también es cada vez más frecuente en otros estados del noreste de la India.

En varios estados gobernados por el BJP, el partido que también está en el poder a nivel nacional, se han multiplicado las campañas de expulsión dirigidas sobre todo contra inmigrantes bengalíes musulmanes, acusados de haber ingresado ilegalmente desde Bangladés, incluso cuando son ciudadanos indios residentes. En este caso, se teme que se repita la misma situación con los desplazados kuki, quienes corren el riesgo de ser expulsados a Myanmar, país sumido en un brutal conflicto civil desde 2021.

Los líderes kuki-zo afirman que exigir hoy a los desplazados que presenten documentación que se remonte a 1951 constituiría un obstáculo insalvable. Si se aceptara lo que está pidiendo la mayoría meitei, los ciudadanos indios de etnia kuki podrían quedar excluidos del registro simplemente por no estar en posesión de los documentos requeridos, se verían envueltos en procedimientos administrativos o incluso podrían ser clasificados como inmigrantes ilegales, una situación que recuerda a la que ya está ocurriendo en el vecino estado de Assam.

La tensión sobre este tema también aumentó después del encuentro (del 5 y el 7 de julio en Nueva Delhi) entre una delegación de Manipur y el Registrador General y Comisionado del Censo de la India, responsable del censo nacional. El nuevo ministro principal de Manipur, Yumnam Khemchand Singh, perteneciente a la mayoría meitei, ha intentado reactivar el diálogo entre las comunidades. Durante una visita al distrito de Kangpokpi, bastión de la población kuki-zo, invocó el principio de “perdonar y olvidar” como base para construir una paz duradera. El jefe de gobierno se reunió con algunos representantes de las Iglesias cristianas locales, quienes le entregaron un memorándum en el que reclaman una investigación sobre el asesinato de tres pastores durante los enfrentamientos, así como el fin del bloqueo económico que sigue afectando a varias zonas de la región. Dirigiéndose a los manifestantes, Singh afirmó que la prolongación del conflicto está afectando sobre todo a las nuevas generaciones, que están creciendo en un clima de división y desconfianza recíproca.

Sin embargo, es poco probable que sus palabras sean suficientes para cerrar una fractura que sigue siendo profunda. Ya en noviembre del año pasado, algunos grupos armados radicales kuki habían propuesto al gobierno central de la India la creación de un Territorio de la Unión —una de las muchas divisiones administrativas de la India— exclusivamente para la comunidad kuki-zo, que, a diferencia de los meitei, forma parte de los grupos tribales protegidos por la Constitución; sin embargo, dicho territorio también debería incluir distritos de mayoría naga.

En realidad, el conflicto que estalló en mayo de 2023 hoy ya no se puede interpretar simplemente como un enfrentamiento entre la mayoría meitei y la minoría kuki-zo. Desde febrero de este año se han incrementado también los episodios de violencia entre kukis y nagas, que ya en la década de 1990 se habían enfrentado, dejando cerca de 1.500 muertos, según algunas estimaciones. Aquellos combates modificaron el equilibrio demográfico de varias zonas fronterizas, entre ellas Moreh, una importante ciudad comercial situada en la frontera con Myanmar. Algunos grupos naga consideran que en ese momento perdieron el control de un enclave estratégico para el comercio transfronterizo y de las fuentes de ingresos asociadas a dicho comercio.

El gobierno de Delhi, que desde finales de la década de 1990 hasta 2015 firmó varios acuerdos de paz temporales con grupos armados de las distintas comunidades, nunca ha encontrado una verdadera solución política a las tensiones, y mucho menos al conflicto que estalló en 2023, sino que se ha limitado a mantener separados a los grupos armados de las diferentes comunidades mediante puestos de control y zonas de amortiguamiento custodiadas por las fuerzas de seguridad, mientras que algunas milicias armadas controlan de facto otras partes del territorio después de que sustrajeran 6 mil armas de los arsenales de la policía, en mayo de 2023.

El conflicto se ha convertido así en una compleja disputa por el control del territorio, de los recursos y de las principales rutas comerciales hacia Myanmar, por las que también circula el tráfico ilícito, especialmente de madera, armas y drogas, de las cuales la antigua Birmania es el principal productor mundial. Según un estudio de 2025, el narcotráfico registró un importante aumento en Manipur a partir de 2020 —cuando el BJP llegó al poder en el estado—, hasta el punto de superar el peso de la economía legal. Sin embargo, según el informe, en ese comercio ilegal también participan "políticos de alto nivel, miembros del ejército y grupos independentistas".