Faisalabad: una niña cristiana de 13 años, víctima de un matrimonio y una conversión forzados

de Shafique Khokhar

La joven, secuestrada el 12 de junio y rescatada por la policía, se encuentra en medio de una batalla legal sobre la validez de un contrato matrimonial. Su familia y sus abogados impugnan los documentos presentados por el presunto secuestrador. Tras dictar la custodia protectora, el tribunal ha ordenado una pericia para determinar su edad. Voice for Justice: un proceso transparente y el enjuiciamiento de los responsables.

Faisalabad (AsiaNews) - Una niña cristiana de 13 años de Faisalabad, en la provincia del Punyab, habría sido secuestrada el 12 de junio de 2026 por Mohsin Liaqat mientras se encontraba en un mercado local. Tras su desaparición, el 15 de junio de 2026 se presentó una denuncia, al amparo del artículo 365-B del Código Penal de Pakistán, en la comisaría de Raza Abad, en Faisalabad. Gracias a las acciones legales y a la intervención de Voice for Justice, la policía la localizó, la puso bajo custodia protectora y detuvo al presunto secuestrador.

La víctima quedó bajo la custodia de la Unidad contra la Violencia de Género (Kotwali) de Faisalabad mientras se desarrollaba el proceso judicial. El 27 de junio de 2026 se celebró la vista sobre la custodia de la joven y la legalidad de un supuesto matrimonio y una conversión religiosa. Mientras se encontraba bajo custodia, los agentes permitieron que sus padres y su equipo legal se reunieran con ella en la comisaría de Gulberg, en Faisalabad.

Durante este encuentro, el hermano del presunto secuestrador habría acudido acompañado de un agente judicial y habría llevado a la menor ante el Tribunal de Primera Instancia. En la vista, la familia del presunto secuestrador presentó documentos en los que se afirmaba que la menor se había convertido al islam y se había casado con Mohsin Liaqat. El certificado de matrimonio presentado indicaba que la presunta novia tenía 18 años. El equipo jurídico de los padres de la víctima, encargado de conseguir su liberación y liderado por Malik Mehmood Hussain Awan, junto con Sohail Shahid Gill y Faisal Anwar Bhatti, un abogado local de Faisalabad, el activista Aslam y Joseph Janssen, presidente de Voice for Justice, rebatió dichas afirmaciones.

La defensa alegó que la niña solo tiene 13 años y presentó pruebas documentales fundamentales, entre ellas su certificado de nacimiento expedido por la iglesia. Malik Mehmood también rebatió la edad indicada en el certificado de matrimonio presentando el certificado de matrimonio de los padres, del que se desprende que se casaron en 2012. La defensa se basó además en la «Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de Punjab de 2026», subrayando que la ley define el concepto de menor y lo protege de prácticas nocivas, como el matrimonio infantil.

El abogado leyó en la sala la referencia que figura en la ley al interés superior del menor, que incluye la seguridad, la salud, la dignidad, la educación y su protección frente a los abusos y la explotación. Durante los debates surgió una interpretación jurídica preocupante cuando el juez de turno afirmó que, aunque los matrimonios en los que intervienen menores no pueden registrarse, sí pueden celebrarse.

El equipo jurídico de la familia de la víctima planteó una enérgica objeción, alegando que la ley prohíbe el matrimonio infantil en sí mismo: no solo su registro, sino también su celebración. Los abogados que representaban al presunto secuestrador sostuvieron con firmeza que la víctima se había convertido al islam y que, por lo tanto, no podía volver con sus padres cristianos.

Afirmaron que abandonar el islam constituiría apostasía y utilizaron argumentos religiosos para oponerse a su regreso a la familia. El equipo jurídico de la familia de la niña se opuso enérgicamente, alegando que tales afirmaciones no deberían prevalecer sobre las leyes pakistaníes de protección de menores. Subrayaron que la cuestión central ante el tribunal no era la religión, sino si una menor de 13 años podía dar legalmente su consentimiento a la conversión religiosa, al matrimonio o al traspaso de la custodia.

Tras escuchar los argumentos preliminares, el Tribunal de Primera Instancia remitió el asunto a un magistrado judicial especial para que tomara declaración a la víctima y procediera a un nuevo interrogatorio. Durante la vista ante el magistrado judicial, se interrogó en primer lugar a la madre. La mujer declaró que se había casado en 2012 y que su hija, la primogénita, había nacido en 2013. A continuación, el juez interrogó directamente a la joven sobre su edad. Al principio, ella respondió que era «lo suficientemente mayor para casarse». El juez le volvió a preguntar por el año exacto de su nacimiento.

La joven respondió entonces que había nacido en 2008. El juez señaló la contradicción entre la declaración de la niña y los registros familiares. Ante la pregunta de cómo podía haber nacido en 2008 si sus padres se casaron en 2012, la niña afirmó que los familiares del presunto secuestrador le habían dicho que dijera que había nacido en 2008. Esta declaración suscitó serias preocupaciones sobre posibles coacciones, instrucciones o influencias indebidas sobre una testigo menor de edad.

Al término de la vista, el juez ordenó que la joven permaneciera bajo custodia policial y dispuso que se iniciara un procedimiento oficial de determinación de la edad para establecer su edad legal. La próxima vista está prevista para hoy, 30 de junio de 2026. A lo largo de todo el proceso, los padres mostraron un evidente malestar e imploraron repetidamente al tribunal que su hija pudiera regresar sana y salva. Estas escenas cargadas de emoción pusieron de manifiesto el trauma al que se enfrentan las familias en casos similares.

En declaraciones a los medios tras la vista, el abogado Malik Mehmood Hussain Awan afirmó que los documentos presentados por la familia del presunto secuestrador parecían falsos y se habían utilizado para hacer pasar erróneamente a la niña por una adulta. Lala Robin, líder político cristiano, instó al Gobierno de Punjab a garantizar la aplicación efectiva de la ley sobre la prohibición de los matrimonios infantiles. Joseph Janssen, presidente de Voice for Justice, declaró: «No se trata de una cuestión de religión; se trata de la protección de los menores y de la aplicación de la ley sobre la prohibición de los matrimonios infantiles».

Pakistán tiene obligaciones internacionales en virtud de varios tratados importantes de derechos humanos, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Dichos tratados obligan a Pakistán a proteger a los menores de la explotación, la trata, los matrimonios forzados y la discriminación.

Este caso podría convertirse en una importante prueba de fuego de la voluntad de Pakistán de hacer cumplir tanto las leyes nacionales sobre protección de menores como sus compromisos internacionales. Voice for Justice ha pedido un juicio transparente, la plena protección de la víctima y el enjuiciamiento penal de los responsables en caso de que se demuestre una conducta delictiva, así como la aplicación de las leyes destinadas a proteger a los menores de la explotación y los abusos.