La India absuelve a imputados de la derecha hindú por falta de pruebas, pero mantiene en prisión a dos religiosas

de Nirmala Carvalho

Pragya Singh Thakur, líder de la extrema derecha nacionalista, y otros seis imputados han sido absueltos "por falta de pruebas" de un atentado que mató a 7 personas en 2008 en Malegaon. Mientras tanto, en Chhattisgarh, dos religiosas siguen en la cárcel tras ser acusadas de conversiones forzadas, a pesar de que no hay pruebas que sustenten la acusación. El caso está provocando protestas políticas y nuevas acusaciones de represión contra las minorías religiosas.

Mumbai/Raipur (AsiaNews) - Tras un proceso que duró 17 años, un tribunal especial indio absolvió hoy a los siete imputados por el atentado de Malegaon, incluyendo a la exdiputada del Bharatiya Janata Party (BJP) Pragya Singh Thakur, y el teniente coronel Prasad Purohit, "por falta de pruebas". El 29 de septiembre de 2008 una bomba oculta en una motocicleta explotó en Malegaon, Maharashtra, mató a seis personas e hirió a otras 101. Mientras tanto, a dos religiosas arrestadas sin pruebas en Chhattisgarh por cargos de conversiones forzadas se les denegó la libertad bajo fianza, en una nueva muestra de represión contra las minorías religiosas.

El veredicto que leyó el juez especial A. K. Lahoti evaluó las pruebas recopiladas por el equipo antiterrorista de Maharashtra y, posteriormente, por la Agencia Nacional de Investigación (NIA). Según el tribunal, el artefacto probablemente fue colocado fuera de la motocicleta y no dentro, y se descubrió que algunos certificados médicos habían sido manipulados. No se halló ninguna prueba sobre el origen o el almacenamiento del artefacto en la casa de Purohit, ni elementos que indicaran que el oficial hubiera preparado la bomba.

El juez señaló que no había pruebas que identificaran quién estacionó la motocicleta ni quién colocó la bomba. El informe en el lugar de la explosión se consideró defectuoso y la recolección de pruebas no fue realizada por peritos, razón por la cual los resultados forenses no pueden considerarse concluyentes. Las escuchas telefónicas disponibles también se consideraron poco fiables debido a autorizaciones inadecuadas, aunque en un primer momento las reuniones que habrían servido para planificar la operación se habían considerado fundamentales para la investigación. Sin embargo, el tribunal determinó que la acusación no había logrado demostrar que las reuniones se hubieran llevado a cabo o que se hubiera tramado una conspiración.

En cuanto a la asociación Abhinav Bharat, fundada en 2006 por un mayor retirado del ejército y vinculado a la extrema derecha hindú, el tribunal reconoció que Sudhakar Chaturvedi era su tesorero y Purohit un fideicomisario. Aunque este último utilizó fondos de la organización para gastos personales, el tribunal consideró que no había pruebas de que los fondos se utilizaran para actividades terroristas. Todos los imputados fueron absueltos, mientras que el Estado deberá pagar 200 mil rupias (unos 2 mil euros) a las familias de las víctimas y 50 mil (unos 500 euros) a los heridos.

Sadhvi Pragya, exdiputada de Bhopal y activista de Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, una organización estudiantil de extrema derecha, durante sus años en la universidad, ha sido considerada durante mucho tiempo un símbolo del ultranacionalismo hindú. En 2019, provocó la indignación de todo el país por un comentario en el que calificó como "patriota" a Nathuram Godse, el asesino de Mahatma Gandhi. Su padre, Chandrapal Singh Thakur, formaba parte de las RSS, una conocida organización paramilitar que se inspira en la ideología Hindutva.

Mientras tanto, en el estado central de Chhattisgarh, a dos religiosas indias se les ha reservado un trato completamente diferente. El tribunal de distrito de Durg ha declarado que no tiene jurisdicción sobre las solicitudes de libertad bajo fianza que presentaron las religiosas arrestadas en la estación de tren el 18 de julio por cargos de "tráfico de personas y conversiones forzadas", y ha explicado que la cuestión debe ser examinada por el tribunal designado por la Agencia Nacional de Investigación en el Tribunal Superior de Bilaspur.

El abogado Rajkumar Tiwari dijo a la agencia PTI que el tribunal "rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de las religiosas señalando que no tiene jurisdicción para examinar el caso y que podrían tener que recurrir a un tribunal especial para las próximas acciones legales adicionales". La policía tiene ahora 15 días para solicitar al gobierno central el traslado del expediente.

Las religiosas, Preeti Marry y Vandana Francis, están detenidas en la cárcel central de Durg. Su arresto, basado en la denuncia de un militante del Bajrang Dal, otra organización de la extrema derecha hindú, ha desatado protestas de grupos religiosos y activistas de derechos humanos. Las familias de las tres jóvenes que supuestamente las religiosas intentaron "traficar" han desmentido las acusaciones, afirmando que eran adultas y que habían dado su consentimiento para trasladarse.

"La denuncia de la Policía ferroviaria se basa solo en la sospecha de que se ha cometido un delito. No hubo ninguna investigación preliminar, por lo que el FIR se puede anular", declaró el abogado Tamaskar Tondon.

El caso se ha convertido en un campo de batalla político: diputados de Kerala protestaron frente al Parlamento, mientras que Priyanka Gandhi Vadra, hermana del líder del Congress Party, Rahul Gandhi, ha acusado al BJP de "atrocidades contra las minorías". "No es justo en absoluto, estas mujeres no pueden ser maltratadas y tratadas de esta manera. No se puede acusar a las personas de cosas que no hacen. No actúan sobre nada concreto", añadió Priyanka Gandhi. "De manera que no espero una acción, pero nuestra tarea es presionarlos todo lo posible".

Brinda Karat, miembro del Partido Comunista de la India, intentó reunirse con las religiosas. Posteriormente, comentó el caso y afirmó que no debería ser necesario que las mujeres tuvieran un permiso escrito para ir a trabajar.

El presidente del BJP de Kerala, Rajeev Chandrasekhar, rechazó enérgicamente la afirmación del ministro principal de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, también del BJP, de que las religiosas estaban involucradas en el tráfico de personas y conversiones religiosas. "Creemos que eso no es lo que ha sucedido. Es una acusación. Veremos luego quién hizo todo esto y por qué razón", dijo Chandrasekhar a los periodistas.

La hermana Asha Paul, una religiosa de la Congregación de la Sagrada Familia de Delhi, afirmó que a ningún representante de la Iglesia se le ha permitido reunirse con las religiosas detenidas. "Tenemos motivos para creer que las jóvenes fueron obligadas a cambiar sus declaraciones. Según se ha informado, fueron forzadas a declarar que habían sido llevadas en contra de su voluntad", dijo la hermana Asha. "Tenemos todas las pruebas, desde los formularios de consentimiento de los padres hasta la identificación y la documentación que demuestra que no hubo ninguna coacción o conversión", añadió la religiosa.