La junta birmana anuncia la fecha de las elecciones para un país en 'condiciones desesperadas'

El 28 de diciembre comienza la controvertida ronda electoral, que continuará en varias etapas hasta enero. Hasta el momento hay 55 partidos registrados, nueve de los cuales se proponen competir a nivel nacional. Las ONG y la comunidad internacional critican la medida, pero Beijing quiere que se estabilice la situación. Crece la emergencia humanitaria, especialmente en el Estado de Rakhine. El PMA (WFP en inglés) declara que no alcanzan los recursos.

Rangún (AsiaNews) - Cuatro años después de tomar el poder - tras derrocar al gobierno civil liderado por Aung San Suu Kyi en febrero de 2021 - la junta militar birmana comunicó hoy la fecha de las primeras elecciones generales, programadas para el próximo 28 de diciembre. La ronda electoral se celebrará en varias etapas y ya ha sido objeto de duras críticas por parte de ONG internacionales y gobiernos occidentales, que la consideran una farsa cuyo único fin es consolidar el control del ejército golpista sobre la nación. El país del sudeste asiático vive desde hace años una dura guerra civil, a la que se suman crisis étnico-religiosas, como la emergencia rohinyá, que han provocado una gravísima crisis alimentaria, comparable a la de Gaza aunque se mantiene en silencio.

Los planes anteriores para celebrar elecciones fueron reiteradamente retrasados por los militares con el pretexto de contener los levantamientos de los grupos étnicos armados o los movimientos vinculados a la oposición en el exilio, que controlan parte del país. Según los medios estatales, ya se han registrado 55 partidos, nueve de los cuales tienen la intención de competir por escaños a nivel nacional. La Comisión Electoral de la Unión de Myanmar comunicó que las fechas para las sucesivas fases de la votación - que las autoridades tienen previsto celebrar en diciembre y enero por razones de seguridad - se anunciarán más adelante.

"La primera fase de las elecciones generales democráticas multipartidistas para cada Parlamento comenzará el domingo 28 de diciembre de 2025", explicó la Comisión en un comunicado, y añadió que "las fechas de las siguientes rondas se anunciarán más adelante". Analistas y expertos señalan que, con gran parte de Myanmar bajo control de la oposición y en estado de guerra, convocar elecciones supone un formidable ejercicio logístico para los militares. Sin embargo, el líder de la junta, Min Aung Hlaing, que encabezó el catastrófico golpe de Estado, ha dicho que la votación debe seguir adelante y amenazó con severas sanciones a cualquiera que la critique u obstaculice.

La Liga Nacional para la Democracia (NLD), liderada por Aung San Suu Kyi, que ganó las dos elecciones previas al golpe por un amplio margen, no podrá participar. El plan electoral del gobierno ha sido ampliamente rechazado por la comunidad internacional, pero cuenta con el respaldo de su vecino más poderoso, Beijing, para el cual la estabilidad de Myanmar reviste un interés estratégico vital. Sin embargo, los críticos creen que la junta utilizará las elecciones para mantener el poder a través de partidos políticos controlados. Tom Andrews, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos en Myanmar, había acusado en junio a la junta de planear un "espejismo de ejercicio electoral" para dar una apariencia de legitimidad.

Miles de personas han muerto en todo el país después del golpe de Estado, que ha destruido la economía en una gran parte de su territorio y ha provocado un vacío humanitario. A esto se suma el devastador terremoto del pasado mes de marzo y los recortes en la financiación internacional, que han dejado al país y a una gran parte de sus habitantes en condiciones desesperadas. La situación es especialmente grave en el Estado occidental de Rakáin, uno de los más devastados por la guerra y escenario de la emergencia rohinyá. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha lanzado un llamamiento urgente para obtener más donaciones y evitar un "desastre". Entre los desplazados hay 140.000 miembros de la minoría musulmana, que viven en campamentos desde que huyeron de sus aldeas en 2012. El bloqueo y el aislamiento impuestos por los militares también empeoran la situación más que en otras zonas del país. El PMA informó una disminución del 60% en la financiación a nivel mundial de este año, en comparación con 2024, y afirma que solo puede alimentar al 20% de las personas que se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria en el país. "La gente está atrapada en un círculo vicioso: aislada por el conflicto, privada de medios de subsistencia y sin red de seguridad humanitaria", señaló Michael Dunford, representante del PMA en Myanmar.

Recientemente la junta ha firmado un contrato de 3 millones de dólares con la empresa de cabildeo DCI Group, con sede en Washington, a fin de facilitar la reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos, pero también para obtener legitimidad internacional en medio de una guerra civil. El contrato se firmó el 31 de julio de 2025, el mismo día en que el general Min Aung Hlaing constituyó la Comisión de Seguridad y Paz del Estado (Nspc), que transfirió nominalmente el poder a un gobierno interino liderado por civiles antes de la votación, aunque en realidad Min Aung Hlaing conserva el control como presidente interino y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

El acuerdo fue firmado por los administradores de DCI, Justin Peterson y Brian McCabe, ambos ex funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El grupo tiene una historia controvertida con Myanmar, ya que a principios de la década de 2000 trabajó para la junta militar bajo el mando del ex jefe de inteligencia Khin Nyunt, hasta que fue derrocado en 2004. Su cartera de clientes incluye gobiernos autoritarios como Azerbaiyán y empresas rusas que han sido sancionadas. En su solicitud ante la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, DCI Group declara que prestará "servicios de relaciones públicas" orientados a la "reconstrucción de las relaciones entre la República de la Unión de Myanmar y los Estados Unidos, con especial atención al comercio, los recursos naturales y la ayuda humanitaria". El acuerdo de lobbying está relacionado con la controvertida decisión de julio de la administración Trump de levantar las sanciones impuestas a varios aliados de la junta de Myanmar, como traficantes de armas y empresas vinculadas al ejército.

(Con la colaboración de Gregory)