La lucha de Taskent contra el desperdicio de alimentos

de Vladimir Rozanskij

En el marco de un plan quinquenal para aumentar la «seguridad alimentaria» del país, el Gobierno de Uzbekistán ha promulgado nuevas normas que imponen a los ciudadanos y a las empresas ambiciosas iniciativas para reducir la enorme acumulación de residuos alimentarios. Pero, como en toda Asia Central, habrá que comprobar la aplicación efectiva de esta «revolución» impuesta desde arriba.

Taskent (AsiaNews) - En Uzbekistán, el Consejo de Ministros ha proclamado por decreto el quinquenio 2026-2030 como el de la «seguridad alimentaria», durante el cual se aplicarán medidas para garantizar a la población un suministro de productos de calidad, la reducción del desperdicio, incluso mediante descuentos en las ventas de las tiendas, el cumplimiento de las normas relativas a las bodas, la limpieza y el reciclaje de los residuos procedentes de los establecimientos de restauración.

Durante este periodo se combatirá cualquier actitud de desperdicio innecesario de alimentos, con un «aumento de los conocimientos» de menores y adultos sobre la «alimentación racional» y la conservación de los alimentos, y sobre cómo organizar un adecuado aprovechamiento de las sobras. Además, se reforzará el control del cumplimiento de la normativa establecida para los banquetes de boda y otras reuniones familiares, según lo establecido por el Parlamento desde 2020, principios hasta ahora decididamente ignorados que también prevén una limitación del número de participantes en las grandes comidas y celebraciones. Ya desde la primavera pasada se había hablado de un nuevo documento para restablecer el orden en estas manifestaciones muy tradicionales en Uzbekistán.

El decreto se presenta, por tanto, como la materialización del programa Save Food, relativo al «uso racional de los productos alimenticios», con el fin de reducir la enorme acumulación de residuos alimentarios y el desperdicio en el ámbito de la alimentación comunitaria. A partir del 1 de junio de 2026, las empresas de productos alimenticios solo podrán conectarse a los sistemas de alcantarillado centralizados si están equipadas con filtros de grasas, y deberán limpiarlos de las grasas acumuladas al menos una vez al mes, mientras que los residuos de grasas se enviarán a las instalaciones de reelaboración para su reutilización. En concreto, se prevé organizar la producción de materias secundarias a partir de las grasas procesadas, para obtener jabón doméstico, piensos para animales y otros derivados.

Las empresas interesadas que utilicen gas, leña o carbón para la preparación de alimentos deberán instalar dispositivos para capturar los contaminantes y los olores, con el fin de reducir su impacto en la contaminación atmosférica. A partir del 1 de enero se ampliará el sistema de utilización de fertilizantes orgánicos obtenidos a partir de residuos alimentarios, con el fin de apoyar el cultivo de productos agrícolas. Para limitar las pérdidas en la producción agrícola, se introducirá un sistema de seguimiento de todas las etapas de la cadena de producción hasta la entrega a los compradores, incluyendo el embalaje, la carga, la entrega y el almacenamiento.

En las tiendas se aplicará un sistema generalizado de descuentos para los productos alimenticios que alcancen su fecha de caducidad en función de la producción. Las normas y reglamentos urbanísticos deberán incluir requisitos específicos para los dispositivos de ventilación y purificación del aire en los establecimientos de restauración.

Como suele ocurrir en Uzbekistán, y en general en los países de Asia Central, estas normas de «revolución conductual» se anuncian con gran compromiso y perspectivas solemnes e inevitables, para luego quedar sometidas a la responsabilidad muy aproximada de una población demasiado acostumbrada a estilos de vida arcaicos y seminómadas, difíciles de erradicar solo con decretos impuestos desde arriba.