La visita de Min Aung Hlaing a la India, mientras arde la frontera con Manipur

El nuevo presidente birmano suscribió acuerdos sobre tierras raras e infraestructuras. Pero mientras los dos gobiernos negociaban en Delhi, sus fuerzas armadas intercambiaban fuego de artillería en la frontera, por la que circulan armas y milicianos. Esta mañana, en Manipur, tres civiles kuki fueron asesinados en una nueva emboscada, mientras crece el número de actores implicados en la violencia.

Nueva Delhi (AsiaNews) - El 3 de junio concluyó la visita de cinco días a la India del general birmano Min Aung Hlaing, quien, tras tomar el poder mediante un golpe de Estado en febrero de 2021, fue nombrado recientemente presidente de Myanmar tras unas elecciones fraudulentas que se celebraron únicamente en las zonas del país controladas por el ejército, mientras continúan los combates en las zonas cercanas a las fronteras. En realidad, esos enfrentamientos armados también están complicando la situación en la propia India, especialmente en el estado nororiental de Manipur, sacudido por tensiones étnicas desde hace más de tres años.

Para Min Aung Hlaing, la visita fue un intento de dejar atrás la imagen de paria internacional y ganar reconocimiento y respetabilidad en la “democracia más grande del mundo”. Además, este ha sido su primer viaje al exterior desde que asumió la presidencia en abril, después de cambiar el uniforme militar por ropa civil, con la que obtuvo un recibimiento propio de un jefe de Estado.

Para el primer ministro indio, Narendra Modi, quien recibió al general, Myanmar es vital para la política “Act East”, un plan de apertura hacia el sudeste asiático que busca contrarrestar la influencia de Beijing, aunque Delhi parece seguir en parte sus mismos pasos. Recientemente, la India manifestó su intención de abastecerse de tierras raras procedentes del estado de Kachin, un sector ya fuertemente controlado por China y que ha provocado recientemente decenas de muertes.

No obstante, ambos líderes señalaron también la necesidad de reactivar algunos proyectos de infraestructura, como el corredor de Kaladan, que debería conectar el puerto de Calcuta con el de Sittwe, en el estado de Rakáin —una de las zonas donde los enfrentamientos de la guerra civil son más feroces—, evitando el paso por Bangladés, así como la autopista India-Myanmar-Tailandia. Estas iniciativas son fundamentales para reducir el aislamiento del noreste de la India, una pequeña región del país separada de la península principal que carece de salida al mar y que, según los planes del gobierno indio, debería abrirse a los mercados orientales.

Pero Delhi está apostando por un líder que no controla la totalidad del territorio y, a diferencia de China, cuenta con menos influencia política y financiera tanto sobre el ejército birmano como sobre los grupos étnicos armados que luchan contra el régimen. Los territorios por los que apuesta la India siguen en manos del Arakan Army, en Rakhine, que controla la zona portuaria de Paletwa, mientras que en el estado Chin los grupos armados controlan los corredores a lo largo de la frontera con la India.

Quizás por esa razón, el mes pasado el ejército birmano lanzó una ofensiva militar en el estado Chin, donde las tropas gubernamentales reconquistaron las ciudades de Tonzang y Falam, con el objetivo de estabilizar la frontera y frenar el avance del Arakan Army. Los insurgentes de etnia chin utilizan la frontera como retaguardia estratégica. Pero mientras la junta describió las recientes operaciones militares como una medida necesaria para “asegurar” la frontera, la intensificación de los combates está alimentando un nuevo flujo de refugiados hacia los estados del noreste de la India, Mizoram y Manipur, agravando aún más la presión sobre la estabilidad de toda la región.

Desde hace más de tres años, Manipur es escenario de un conflicto étnico entre los grupos kuki-zo, meitei y naga. Incluso esta mañana, un ataque armado contra la aldea de Loibol Khullen, en el distrito de Kangpokpi, causó la muerte de tres civiles de la comunidad kuki y la destrucción de siete viviendas. Las víctimas fueron identificadas como Letkhongam Haokip, de 34 años, jefe del pueblo, su esposa, Tinmary Haokip, de 30 años, y Jangminlal Haokip, también de 34 años. Letkhongam y Tinmary eran miembros activos de la comunidad cristiana local. El Kuki Inpi Manipur, que representa a las tribus kuki-zo del estado, atribuyó el ataque a militantes de una facción del National Socialist Council of Nagalim, un grupo que desde hace décadas aspira crear un Estado de etnia naga, que debería llamarse precisamente Nagalim.

El conflicto comenzó en abril de 2023, cuando el Tribunal de Apelaciones de Manipur recomendó extender el estatus de tribu reconocida —que garantiza cuotas reservadas en el empleo público y otros beneficios— a la comunidad meitei, que, sin embargo, representa cerca del 60% de la población total y domina las llanuras y la capital, Imphal. A pesar de que la Corte Suprema de la India calificó dicha recomendación de “fácticamente incorrecta”, las demás minorías étnicas de Manipur, en particular los kuki, concentrados en las colinas, se sublevaron. El conflicto se ha extendido recientemente, involucrando también a los naga, en una espiral de emboscadas y secuestros.

Cerca de 60 mil personas viven todavía en campos de desplazados, mientras que las que antes eran “zonas de amortiguación” se han convertido en verdaderas fronteras dentro del territorio indio. Pero Delhi considera que también hay insurgentes chin (étnicamente cercanos a los kuki) en el territorio indio, agravando la violencia, al tiempo que han aumentado los enfrentamientos con los naga en las zonas montañosas por el control del territorio. En los últimos años, cada grupo ha formado lo que se conoce como "voluntarios de las aldeas", jóvenes armados que protegen las viviendas y a menudo terminan siendo víctimas de la violencia. En marzo, por ejemplo, el secuestro de 21 hombres naga provocó una represalia en la que dos trabajadores agrícolas kuki fueron asesinados en Ukhrul, un distrito de mayoría naga. Muchos acusaron al National Socialist Council of Nagalim de ser responsable de la escalada de violencia. Más recientemente, el United Naga Council se negó a liberar a 14 personas kuki que mantiene como rehenes, y afirmó que actuaba de acuerdo con 'el sentimiento predominante entre la población naga', al tiempo que exigió la liberación de seis civiles naga que presuntamente estarían prisioneros de grupos kuki.

Miles de fusiles y armas de fuego sustraídos de los arsenales de la policía y de los cuerpos paramilitares en los primeros meses del conflicto siguen circulando libremente en Manipur. Por otra parte, la porosa frontera de 1.600 kilómetros con Myanmar también sirve como vía para nuevos flujos de armamento, y, según fuentes hostiles al régimen birmano, desde 2023 entran cargamentos de armas. El resultado es un conflicto que ya no es exclusivo de unos pocos grupos étnicos armados locales, sino que involucra a un número creciente de actores, con reivindicaciones territoriales superpuestas e identidades difíciles de distinguir de las de los civiles.

Durante las conversaciones, las autoridades indias plantearon a Min Aung Hlaing la cuestión de los grupos rebeldes con base en Myanmar que lanzan operaciones en el territorio del nordeste indio. Pero el ejército birmano colabora con al menos seis grupos armados procedentes de Manipur y Nagaland. La junta se apoya en estos grupos para mantener el control del territorio, lo que hace muy improbable que actúe contra ellos, a pesar de las presiones de Delhi.

La paradoja de toda la situación quedó en evidencia durante la noche del 31 de mayo. Mientras una delegación de Myanmar todavía se encontraba en Delhi, las fuerzas armadas de ambos países intercambiaron fuego de artillería durante varias horas a lo largo de la frontera de Manipur. Pocas horas después, Min Aung Hlaing aseguró que el territorio birmano no se utilizaría contra los intereses de seguridad de la India. Según medios locales, los disparos se efectuaron desde el distrito de Tengnoupal, en Manipur, contra la aldea de Min Thar, aproximadamente a una milla de la frontera. Pero ya en mayo de 2025, las fuerzas paramilitares indias de los Assam Rifles habían matado a diez miembros de la People's Defence Force (PDF, milicia birmana prodemocrática) en una aldea cercana a la ciudad fronteriza de Moreh.

Hoy el conflicto tiene una fisonomía cada vez más fragmentada e incontrolable. Fuentes internas de los propios grupos armados admiten que han perdido en parte el control sobre sus combatientes. “Muchos de nuestros muchachos se han vuelto incontrolables”, dijo a Al Jazeera una fuente de un grupo armado naga. “Ya no hay un mando claro. Ni siquiera nosotros sabemos siempre quién lleva a cabo estos ataques”. La misma percepción se desprende también de fuentes internas de las facciones kuki y meitei.

Las consecuencias más graves recaen sobre las generaciones más jóvenes. Los trabajadores humanitarios que operan en los campos de desplazados advierten que los niños que crecen en este clima de violencia están cada vez más expuestos al riesgo de ser reclutados por los grupos armados. En el plano institucional, las críticas al gobierno central son cada vez más explícitas. GK Pillai, exsecretario federal del Interior con experiencia directa en operaciones de seguridad en el nordeste de la India, calificó la situación en Manipur como un “colapso de la conducción política y de la coordinación entre las instituciones estatales”. En los últimos años, Manipur ha sido gobernado por el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido en el poder a nivel nacional, que había asumido el control directo de Manipur antes de volver a instalar a un representante propio en febrero de este año. “El gobierno no ha decidido qué hacer”, declaró Pillai. “Es un caos que han creado ellos mismos y no saben cómo resolverlo”.

Min Aung Hlaing se trasladó después a Mumbai para reunirse con el mundo de los negocios, mientras las contradicciones y la violencia étnica siguen su curso. Delhi sigue proclamando en el plano retórico su apoyo a la democracia, mientras en la práctica refuerza al régimen militar para garantizar la estabilidad de sus fronteras. Pero hasta que Myanmar no encuentre una solución política para su conflicto civil, los acuerdos firmados en Delhi corren el riesgo de quedar como cheques que el general nunca podrá cobrar.

(con la colaboración de Nirmala Carvalho)

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