Las 'vacaciones forzadas' que impone Beijing a los disidentes chinos

El gobierno chino obliga a activistas y defensores de los derechos humanos a abandonar sus hogares, bajo escolta policial, para evitar que participen en protestas o concedan entrevistas durante eventos políticamente sensibles. Un informe de Safeguard Defenders documenta la práctica, una forma de detención que viola los derechos humanos y que, después del Covid-19, se ha vuelto menos "lujosa" debido a las dificultades económicas de China, pero no menos opresiva.

Beijing (AsiaNews) – El Partido Comunista Chino organiza "vacaciones forzadas" para activistas, disidentes y abogados de derechos humanos. Un informe reciente de Safeguard Defenders detalla esta práctica. Titulado “China Travel Magazine: Dissident Edition”, el informe documenta que los ciudadanos son obligados a abandonar sus hogares, a menudo bajo escolta policial, cuando se realizan eventos políticamente sensibles, para evitar que organicen protestas, escriban peticiones o hablen con los medios y funcionarios extranjeros. El PCCh prefiere esta práctica a los arrestos formales para evitar las críticas internacionales.

Las fechas que Beijing consideradas sensibles son el 4 de junio, día de la masacre de la Plaza de Tiananmén, o cuando se celebran eventos políticos internos como las "dos sesiones" que tienen lugar cada año en marzo, y el congreso nacional del PCC, que se celebra cada cinco años. Pero los disidentes también son enviados "de vacaciones" cuando hay cumbres internacionales o visitas de jefes de Estado extranjeros. Los destinos de los viajes forzados son muy variados, dependiendo de la duración del evento y, más recientemente, del presupuesto de las administraciones locales.

Antes de la pandemia de Covid-19, estos viajes podían incluir hoteles lujosos, comidas caras y visitas turísticas. Un abogado de derechos humanos contó que los funcionarios chinos se disputaban el derecho a acompañarlo porque veían la experiencia como unas vacaciones gratuitas. Sin embargo después de la pandemia, debido a las crecientes dificultades económicas y a la reducción de los fondos dedicados a la "estabilidad", los viajes se han vuelto más cortos, más baratos y a menudo limitados a los suburbios de la ciudad. El activista Ji Feng, por ejemplo, informó que sus viajes forzados se han limitado a las zonas cercanas a la ciudad donde vive, a diferencia de años anteriores en los que había sido llevado a destinos más lejanos. En algunos casos las autoridades chinas han preferido imponer arrestos domiciliarios o emitir simples advertencias, para contener los gastos.

El informe documenta varios casos. Durante el congreso nacional del PCC en octubre de 2022, por ejemplo, el editor y activista Bao Pu y su esposa fueron sacados por la fuerza de Beijing, al igual que la periodista de setenta años Gao Yu y el abogado Pu Zhiqiang. En una oportunidad Gao se había quedado sin medicinas durante el viaje. Antes de las dos sesiones de 2022, Yin Dengzhen, firmante de varias peticiones, y su marido enfermo, Xiao Shujun, fueron obligados a abandonar Beijing. "Si me detienen, Xiao morirá de hambre en Beijing", dijo Yin a Rights Protection Network.

Beijing también aplica otra forma de detención denominada Non-Release Release (NRR), en la que activistas de alto perfil liberados de prisión son llevados inmediatamente a un hotel distante para impedirles hablar con los medios. Esta práctica, aunque se presenta como unas "vacaciones", constituye una grave violación de los derechos humanos, afirma Safeguard Defenders, contraria al derecho a la libertad de movimiento y de expresión, y a la privacidad, como lo consagran tanto la Constitución china (artículos 35 y 37) como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 9, 12 y 13).

El informe también plantea preocupación por la posible extensión de estas medidas a Hong Kong. Aunque no hay pruebas de viajes forzados que se ajusten en la definición estándar, en 2023 la activista prodemocracia Agnes Chow fue obligada a una acción coercitiva similar: la policía de seguridad nacional de la ciudad la escoltó a Shenzhen para realizar un tour de propaganda del PCC, como condición para que le fuera devuelto su pasaporte. Chow declaró que aceptó porque era la única manera de obtener su pasaporte y huir de Hong Kong. Ahora vive exiliada en Canadá.