Phnom Penh: las ONG piden más controles sobre los megaproyectos chinos

de Terry Friel

Un foro que reúne a más de cien organizaciones de la sociedad civil ha instado al Gobierno a imponer normas más estrictas para evaluar el impacto ambiental y social de las inversiones de Pekín en Camboya. Para las ONG, los problemas se centran en las presas hidroeléctricas y el controvertido canal Funan Techo, mientras que Phnom Penh defiende los proyectos como fundamentales para el crecimiento.

Phnom Penh (AsiaNews) - Varias organizaciones de la sociedad civil camboyana han pedido controles más estrictos sobre los grandes proyectos de infraestructura financiados por China, acusados de dañar el medio ambiente y la vida de las comunidades locales.

El llamamiento lo ha lanzado el Foro de ONG de Camboya, una red que agrupa a más de cien organizaciones locales e internacionales que han instado al Gobierno a reforzar los procedimientos de evaluación del impacto ambiental y social de los proyectos chinos para proteger a las poblaciones vulnerables y, en particular, a las comunidades indígenas.

«Las inversiones chinas han contribuido de manera significativa al desarrollo económico de Camboya», declaró el director ejecutivo del Foro, Soeung Saroeun, durante una reunión en la que participaron representantes de ONG, funcionarios gubernamentales y diplomáticos. «Pero hoy en día las inversiones deben pasar de una lógica orientada exclusivamente al crecimiento a otra basada en la sostenibilidad. La transparencia, la responsabilidad y la participación de las comunidades son esenciales para garantizar beneficios equitativos y duraderos».

China es desde hace años el principal socio económico de Camboya. Según datos oficiales, las empresas chinas representan alrededor del 70 % de la inversión extranjera directa en el país. Solo en 2025, más de la mitad de los 630 proyectos aprobados por el Consejo de Desarrollo de Camboya, por un valor total de unos 10.000 millones de dólares, correspondían a inversores chinos.

Una presencia que ha contribuido a la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, zonas industriales y centrales energéticas, entre ellas un plan hidroeléctrico nacional de 5.800 millones de dólares que debería estar terminado en 2029.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos han señalado que estas inversiones suelen ir acompañadas de un elevado coste social. Según Human Rights Watch, algunas presas construidas con apoyo chino han provocado el desplazamiento de comunidades indígenas en el noreste del país, cerca de la frontera con Laos, inundando tierras de cultivo y lugares de enterramiento.

Uno de los casos más controvertidos es el de la presa Lower Sesan II, que ha obligado a hasta 10.000 personas a abandonar sus hogares tras inundar casi 350 kilómetros cuadrados de territorio. Las presas financiadas por Pekín han favorecido hasta ahora la deforestación y la alteración de los ecosistemas fluviales, afectando a los recursos pesqueros de toda la cuenca del Mekong.

Las ONG camboyanas también han mencionado el canal Funan Techo, una infraestructura de 1.700 millones de dólares que debería conectar Phnom Penh con el golfo de Tailandia a través de una red de cursos de agua conectados al Mekong. Si bien para el Gobierno camboyano el proyecto representa una necesidad estratégica y económica, que permitiría reducir los costes de transporte de mercancías y disminuir la dependencia de las rutas comerciales que atraviesan Vietnam, las voces críticas ponen en duda tanto la sostenibilidad económica de la obra como su impacto ambiental.

Vietnam también ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias sobre el caudal del Mekong y el frágil ecosistema de sus propios ríos, de los que depende una parte significativa de la producción agrícola del país.

Una encuesta realizada en 2024 por el Foro de ONG de Camboya muestra que alrededor del 80 % de los encuestados tiene dudas sobre el cumplimiento de la legislación camboyana por parte de las empresas chinas que participan en los grandes proyectos de infraestructura.

El Ministerio de Medio Ambiente camboyano ha rechazado hasta ahora las acusaciones: «Todos los proyectos de desarrollo deben someterse a rigurosas evaluaciones de impacto ambiental y social», declaró el secretario de Estado Tea Choup. La embajada china en Phnom Penh también afirma que anima a sus empresas a respetar la normativa local. La portavoz Chen Qiqi ha destacado que las inversiones chinas contribuyen a la creación de empleo y al desarrollo de las comunidades locales, y ha añadido que Pekín colabora con las autoridades camboyanas para promover un crecimiento sostenible.

Las críticas dirigidas a las empresas chinas en Camboya se inscriben en un debate más amplio que afecta a todo el sudeste asiático. También se ha acusado a otros proyectos de infraestructura e industriales financiados por Pekín en países como Laos y Myanmar de provocar degradación medioambiental, desplazamientos forzados de la población y contaminación de los cursos de agua.

Una diplomática del sudeste asiático destinada en Phnom Penh, que pidió permanecer en el anonimato, reconoció la necesidad de Camboya de modernizar sus infraestructuras: «La cuestión no es si construir, sino cómo hacerlo», explicó a AsiaNews. «Todavía hay dudas sobre la transparencia de algunos contratos y sobre la forma en que se establecen las prioridades. Y a menudo no se evalúan adecuadamente las consecuencias para las personas que corren el riesgo de perder sus hogares», añadió, recordando también la relación entre las inversiones extranjeras y el poder político local. De hecho, muchas de las principales asociaciones económicas suelen involucrar a grupos cercanos a la familia del actual primer ministro, Hun Manet, y a su padre, Hun Sen, hoy presidente del Senado, pero que sigue ejerciendo una fuerte influencia en la vida política del país.