Los complejos dedicados a actividades ilícitas en línea prosperan en Camboya pese a la ofensiva anunciada por el gobierno. Un informe documenta abusos, torturas y violencia a partir de decenas de entrevistas con sobrevivientes que, cuando consiguen escapar, son tratados como migrantes irregulares y no como víctimas de trata. Mientras tanto, el gobierno sigue otorgando nuevas licencias a casinos vinculados a estos centros.

 

Phnom Penh (AsiaNews) - Winta (nombre ficticio) tenía 16 años cuando fue víctima de trata por primera vez en 2018, tras la muerte de su madre en África oriental. Un hombre le había prometido un trabajo en un crucero. Después de pasar por Sri Lanka, Myanmar y Laos, la joven fue vendida y terminó en uno de los tantos centros de estafa de Camboya que, pese a las declaraciones del gobierno, siguen prosperando y proliferando. Siete años después, a principios de 2026, Winta fue torturada y posteriormente liberada junto con otros esclavos de las estafas en línea. Su historia ha sido recogida en el informe más reciente de Amnistía Internacional sobre los scam centers, complejos —a veces pequeñas ciudadelas— donde se atrae a las personas con la promesa de un trabajo falso y luego se las encierra y se las obliga a obtener dinero en internet mediante distintos tipos de fraudes.

El informe “Falling Through the Cracks" pone en evidencia que las iniciativas del gobierno del primer ministro Hun Manet han obtenido resultados muy inferiores a los proclamados oficialmente, al tiempo que ha empeorado la situación de las personas víctimas de la trata en Camboya (y en todo el sudeste asiático), quienes, tras ser liberadas, a menudo no reciben ningún tipo de ayuda y terminan regresando a trabajar en los complejos, frecuentemente gestionados por hombres con doble nacionalidad china y camboyana.

En julio de 2025 el primer ministro Hun Manet firmó una orden de nueve puntos con la que lanzó una “campaña para combatir las estafas en línea”. El gobierno camboyano –que de hecho sigue controlado por Hun Sen, padre del primer ministro y actual presidente del Senado– ordenó a las autoridades provinciales, las fuerzas del orden, los tribunales y la Comisión Nacional del Juego que actuaran contra los centros de estafas en línea. Desde entonces, el gobierno camboyano declaró que había cerrado más de 250 centros de estafa, había iniciado procesos penales contra 1.089 sospechosos y había deportado a 13.039 ciudadanos extranjeros implicados en actividades de fraude en línea. En febrero de este año, el Ministerio del Interior relanzó la operación con el nombre de “Campaña XXL”, y prometió eliminar estos centros antes de abril. “El problema de las estafas en línea se ha reducido en un 50%”, declaró el ministro Chhay Sinarith. Sin embargo, no se ha aportado ninguna prueba que respalde esta afirmación y, por el contrario, el documento elaborado por Amnistía Internacional desmiente la versión oficial y muestra un panorama radicalmente diferente.

Sobre la base de visitas a 75 de los centros identificados y de entrevistas con 73 sobrevivientes, la organización de defensa de derechos humanos constató que las intervenciones estatales solo se llevaron a cabo en 24 centros, apenas el 25% del total. Además, en al menos tres de ellos los abusos continuaron incluso después de las operaciones policiales anunciadas por Phnom Penh, y el negocio de las estafas en línea ha seguido expandiéndose a pesar de la anunciada represión. De hecho, tras haber identificado 53 complejos en junio del año pasado, Amnistía confirmó la existencia de otros 33, elevando a 86 el número total de instalaciones verificadas. No obstante, los expertos sostienen que probablemente la cifra real es muy superior. Los centros de estafa se encuentran en zonas remotas, a menudo protegidos por la selva, o se camuflan dentro de las ciudades como casinos o restaurantes, aunque suelen distinguirse por la fuerte vigilancia en sus alrededores. Los nuevos emplazamientos se concentran a lo largo de las fronteras, especialmente en las provincias de Svay Rieng, Banteay Meanchey, Tbong Khmum, Prey Veng y Mondulkiri, explica Amnistía en su informe. La estructura de estos complejos —añade la organización— es a todos los efectos comparable a la de una cárcel: cercas con alambre de púas, ventanas enrejadas, sistemas de videovigilancia, guardias armados con fusiles o porras eléctricas, dobles portones de seguridad.

Los 73 sobrevivientes cuyos testimonios se recogen en el informe relataron que habían sido reclutados mediante engaños, y después se encontraron encerrados y amenazados con violencia y tortura si se negaban a participar en las estafas en línea. Todos cumplen con la definición jurídica internacional de víctimas de trata de seres humanos, pero ninguno de ellos fue reconocido como tal por las autoridades camboyanas. En el interior de los centros de estafa se perpetran desde hace tiempo abusos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Palizas, descargas eléctricas, confinamiento en régimen de aislamiento. Seis mujeres denunciaron haber sido violadas por quienes describen como responsables del centro, aunque a menudo no ocupan realmente los puestos más altos de la jerarquía del negocio de las estafas en línea. Una sobreviviente brasileña contó que había sido violada tras ser ofrecida como “recompensa por el buen trabajo” de otros esclavos dedicados a las estafas. Una mujer de 20 años originaria de Uganda denunció que había sido violada reiteradamente por un jefe chino y que después fue obligada a tomar pastillas abortivas. Una amiga suya, en el mismo complejo, también víctima de violación, fue encontrada en una cama cubierta de sangre.

Hay un dato que, más que ningún otro, deja muy claro que la intención del gobierno camboyano de eliminar los centros de estafas en línea es simplemente una tapadera y no un deseo genuino de erradicarlos. En diciembre y enero –en pleno desarrollo del operativo contra los centros–, la Comisión Camboyana para la Gestión del Juego Comercial aprobó licencias para 16 casinos directamente vinculados a centros de estafa cuya existencia ya era conocida. Entre ellos se encuentran los Crown Casino de Poipet, Bavet y Chrey Thum, el Majestic Hotel & Casino de Sihanoukville (cuyo expresidente fue arrestado en enero de 2026 por reclutamiento ilegal, fraude y lavado de dinero) y otros nueve complejos donde Amnistía Internacional constató prácticas de trata de personas, trabajo forzado, torturas y violaciones. A la fecha de publicación del informe, ninguno de estos casinos le había revocado la licencia.

Uno de los casos más emblemáticos es el complejo del monte Bokor, en la provincia de Kampot, donde se construyeron tres estructuras (denominadas KA01, KA03, KA04) en terrenos concedidos en usufructo a la empresa privada Sokha Hotel en 2011. A esta misma empresa también se le concedió una licencia para el casino Thansur Bokor en 2022. A pesar de que la policía ya había intervenido en esta zona en 2023, el complejo KA03 seguía activo en noviembre de 2025, tres meses después de una redada ampliamente publicitada que se llevó a cabo tras la muerte de un ciudadano surcoreano, presumiblemente asesinado después de haber sido torturado.

La supervivencia de los centros de estafa se garantiza gracias a la connivencia entre los gestores de estos centros y la policía camboyana. Algunos sobrevivientes afirmaron que los responsables de los complejos habían sido alertados de la llegada de la policía. En otros casos, las víctimas eran trasladadas de un complejo a otro cuando se llevan a cabo las inspecciones. Un hombre marroquí que acudió a la policía tras lograr escapar relató que un agente lo llevó de vuelta al complejo para recuperar su pasaporte y luego le exigió como pago su reloj y todo el dinero que llevaba, alegando que “la policía está mal pagada” en Camboya. Por otro lado, cuatro víctimas tailandesas fueron detenidas por agentes de la ciudad de Poipet mientras eran trasladadas de un complejo a otro; pasaron toda la noche en una celda y luego les ofrecieron la posibilidad de pagar un soborno o “llamar al responsable de su complejo" y volver a trabajar allí.

Cuando los sobrevivientes consiguen salir de estos complejos, se enfrentan con un sistema que los trata como migrantes irregulares en lugar de reconocerlos como víctimas de trata. Ninguno de los 73 entrevistados por Amnistía recibió asistencia por parte de Camboya. Muchos fueron trasladados a centros de detención de migrantes, sin acceso a abogados ni a sus respectivas embajadas, y en algunos casos sufrieron agresiones por parte de otros detenidos. En al menos cinco casos, la policía amenazó a los sobrevivientes con arrestarlos o devolverlos a los complejos de los que habían escapado. El gobierno camboyano incluso ha transformado un antiguo centro de estafas equipado con fuertes medidas de seguridad en un centro de detención para gestionar la afluencia de personas liberadas. Amnistía Internacional advierte que esta decisión corre el riesgo de reavivar los traumas de las víctimas, que se encuentran nuevamente privadas de la libertad en una estructura idéntica a aquella de la que habían escapado.

El problema se ve agravado por el progresivo desmantelamiento de los fondos internacionales destinados a la lucha contra la trata. Los recortes a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2025 han diezmado las ONG que operan en Camboya. En el momento de la publicación del informe, en el país existía un solo refugio para las víctimas de los centros de estafa, con capacidad para apenas 100 personas.

Paralelamente a la represión contra los centros, el gobierno ha silenciado a quienes intentaban documentar las operaciones policiales. Durante la campaña, por ejemplo, fueron detenidos cuatro periodistas. El reportero Mech Dara, el principal periodista de investigación sobre este fenómeno en Camboya, fue retenido en febrero de 2026 por la policía militar y obligado a borrar las fotografías que había tomado en las proximidades de dos complejos. Otro periodista fue arrestado en Poipet tras publicar información sobre un centro local, mientras que otros dos fueron detenidos después de informar que una de las instalaciones seguía en funcionamiento. El medio Voice of Democracy, que había producido más de cien artículos sobre los centros, ya había sido clausurado en 2023 por orden del entonces primer ministro Hun Sen.

 

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