Teherán: presas en huelga de hambre para protestar contra la pena de muerte

Una de las promotoras es la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi. Una respuesta a decenas de ejecuciones, como la de Mohammad Ghobadlou, un joven con trastornos mentales condenado en el marco de las protestas por el asesinato de Mahsa Amini. El Consejo de Guardianes de la Revolución excluye al reformista Rouhani de la candidatura a la Asamblea de Expertos.

Teherán (AsiaNews) - En un acto de desafío - y resistencia - a los dirigentes de la República Islámica y el recurso cada vez más frecuente a la pena de muerte, decenas de presas políticas, activistas e intelectuales iraníes encerradas en la famosa cárcel de Evin, en Teherán, convocaron a una huelga de hambre. El comienzo está previsto para mañana e involucra al menos a 61 presas -pero podrían sumarse otras en los próximos días- y está relacionado con la última ejecución de un detenido. En efecto, la protesta está motivada por la ejecución en los últimos días de Mohammad Ghobadlou, un joven con problemas mentales condenado a la pena capital en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. A esto se suma la situación de cientos de otros presos condenados a muerte, en el contexto de un creciente recurso a la pena capital por parte de los ayatolás.

Una de las detenidas que se unieron a la protesta es la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que compartió y reenvió el mensaje de las presas en las redes sociales: "Las mujeres encarceladas - explica el comunicado - resistirán para mantener vivos los nombres de los ejecutados y para que se respete la vida de cientos de personas que esperan ser ejecutadas en las cárceles de la República Islámica". La agencia de noticias Mizan, que depende del Poder Judicial, anunció hoy que Ghobadlou había sido ejecutado en el día de ayer, condenado a la pena capital en 2022 por haber matado (al menos según la fiscalía) a un policía durante una protesta en las calles. Los grupos activistas y pro derechos humanos consideran que la pena capital es una clara violación de las normas internacionales y de las propias leyes iraníes. La madre Maasumeh Ahmadi explicó que padecía trastorno bipolar y que llevaba meses sin tomar la medicación, pero eso no fue suficiente para detener la ejecución, a pesar de que había una sentencia de "suspensión" de la condena. Había sido acusado de "corrupción en la tierra" por haber participado en una acción masiva contra agentes de policía, atropellando con el auto y matando al sargento mayor Farid Karampour Hasanvand.

Ghobadlou es la undécima persona -al menos según las estadísticas oficiales- ejecutada en Irán en relación con las protestas masivas que incendiaron la República Islámica desde fines de septiembre y hasta diciembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini. El levantamiento popular convocó a cientos de miles de personas en las calles para pedir justicia al grito de "mujer, vida y libertad". Fue un movimiento espontáneo que comenzó debido al asesinato a manos de la policía moral de una mujer kurda de 22 años (una minoría que desde hace tiempo está en el punto de mira de los ayatolás, que aplican la pena de muerte bajo acusaciones inventadas). La joven fue detenida a la salida de un metro de Teherán porque no llevaba correctamente el hijab, el velo obligatorio. En 2023 la ONG de derechos humanos Iran Human Rights, con sede en Oslo, registró un número récord de 604 ejecuciones capitales, mientras que en el año que acaba de comenzar el grupo ya ha documentado más de 50 casos.

En los últimos días también se conoció la ejecución de un joven kurdo, Farhad Salimi, originario de Saqqez, en el oeste de Irán, que se llevó a cabo 14 años después de ser arrestado. Según la ONG activista Hengaw, la ejecución tuvo lugar ayer en la cárcel de Ghezelhesar, en Karaj, cerca de Teherán. La familia había sido citada el 22 de enero para una última visita, pero la enviaron a casa y la llamaron nuevamente para el día siguiente; cuando llegaron a la prisión, descubrieron que la ejecución ya se había llevado a cabo. Formaba parte de un grupo de siete personas, tres de las cuales ya habían sido ejecutadas y otras tres que se encuentran en una situación similar, arrestadas entre diciembre de 2009 y enero de 2010 en la provincia de Azerbaiyán Occidental y acusadas de pertenecer a "grupos salafistas", acusación que siempre han rechazado denunciando "confesiones" obtenidas mediante tortura.

En los últimos años, movimientos internacionales y grupos de activistas han acusado reiteradamente al régimen de utilizar la pena de muerte como herramienta para reprimir cualquier forma de disidencia, como ocurrió en el caso de Amini o por acusaciones (falsas) de "espionaje" en favor de Israel. En el ranking de los países que más recurren a la pena de muerte, la República Islámica ocupa el segundo lugar, sólo detrás de China, que desde hace algún tiempo no publica estadísticas oficiales sobre las ejecuciones. Además, casi 20.000 personas, incluidos menores, han sido arrestadas en relación con las protestas de 2022, en el marco de una violenta represión del gobierno, a los que hay que sumar al menos 516 personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante los primeros cuatro meses del levantamiento.

Por su parte, el Consejo de Guardianes de la Constitución excluyó hoy - en una medida sorprendente pero no inesperada - al ex presidente Hassan Rouhani de la posibilidad de presentarse para ocupar una banca en la Asamblea de Expertos, asestando un duro golpe a las fuerzas moderadas y centristas del país. En efecto, este órgano compuesto por 88 miembros, aunque ha perdido parte de sus poderes con el paso del tiempo, sigue siendo crucial para la elección del líder supremo. Teniendo en cuenta que el gran ayatolá Ali Jamenei tiene 84 años, no es improbable plantear la hipótesis de que su muerte o su renuncia llevarán a la Asamblea - que será votada en marzo y ocupará el cargo durante ocho años - a elegir al nuevo líder de la Revolución Islámica después de Ruhollah Jomeini y el propio Jamenei.