Kuala Lumpur quiere regularizar a los rohinyás para combatir la escasez de mano de obra

de Steve Suwannarat

Desde ayer entró en vigor el “Documento de registro de refugiados”, destinado a los solicitantes de asilo detenidos en los centros para inmigrantes de Malasia. Hasta ahora se han registrado unas 4.000 mil personas, en su mayoría rohinyás que huyeron de Myanmar, aunque el gobierno ha precisado que el programa no tiene como objetivo conceder la ciudadanía.

Kuala Lumpur (AsiaNews/Agencias) - La nueva política de Malasia hacia los refugiados entra en una fase decisiva. Tras un primer anuncio en julio de 2025 y la puesta en marcha formal a principios de este año, el 1 de junio ha comenzado la primera fase operativa del programa “Documento de registro de refugiados” (Dokumen Pendaftaran Pelarian o DPP, en malayo), dirigido a los rohinyás y a otros solicitantes de asilo detenidos en los centros para inmigrantes en el país.

A mediados de junio, el Ministerio del Interior presentará al Consejo de Ministros el plan completo para gestionar a los más de 200 mil refugiados y solicitantes de asilo que viven en Malasia. Hasta ahora, el registro ha incluido a unas 4 mil personas, en su mayoría rohinyás que huyeron de Myanmar. En su país de origen, el régimen actual sigue sin reconocer la ciudadanía a esta minoría étnica, en su mayoría musulmana.

Las autoridades de Malasia explicaron que el nuevo sistema permitirá regularizar la presencia de los refugiados y mejorar su seguridad y sus condiciones de vida. El programa también se propone favorecer la inserción laboral de las personas de entre 20 y 40 años en los sectores que sufren una escasez crónica de mano de obra, como la industria manufacturera, la agricultura, la construcción y los servicios. Algunas estimaciones indican que el acceso legal al empleo para los refugiados podría generar un aumento del PIB de unos 750 millones de dólares en un plazo de cinco años, que también aportaría beneficios a la recaudación fiscal.

Las nuevas disposiciones prevén asimismo medidas de protección para los trabajadores, entre ellas la obligación de que los empleadores respeten las leyes nacionales garantizando el salario mínimo mensual —equivalente a unos 430 dólares estadounidenses— y una vivienda adecuada.

Sin embargo, la reforma está provocando reacciones encontradas. Por un lado, las asociaciones empresariales consideran que puede contribuir a reducir la dependencia de la mano de obra extranjera irregular, que a menudo resulta más costosa de gestionar. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos reclaman procedimientos transparentes y garantías concretas contra los abusos y la explotación a los que ya están expuestos muchos refugiados.

El gobierno ha precisado además que el DPP no constituye una vía hacia la residencia permanente. Malasia no ha suscrito la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y tradicionalmente ha abordado esta cuestión desde una perspectiva centrada en la seguridad y el orden público. Asimismo, se ha mostrado poco dispuesta a aceptar controles externos sobre las condiciones reales de los refugiados. La regularización parece responder más bien a la necesidad de crear una nueva reserva de mano de obra para los sectores que registran una escasez de trabajadores.

“Malasia debe hacer funcionar este sistema garantizando la confidencialidad de los datos, el respeto de los procedimientos legales, la colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y una protección adecuada contra la detención, las devoluciones forzosas y el uso indebido de la información personal”, declaró John Quinley, director de la ONG Fortify Rights, que trabaja en la defensa de los refugiados rohinyás.

“El DPP solo tendrá un impacto real si sirve para proteger a los refugiados, en lugar de dejarlos expuestos al riesgo de controles migratorios arbitrarios”, añadió. “El gobierno debería garantizar que ningún refugiado o solicitante de asilo sea arrestado, detenido o deportado mientras aún esté a la espera de completar el proceso de registro”.